El pasado domingo 26, en las instalaciones del Hospital Clínico Universitario, se dieron cita mas de cien familias que viven en situación de alquiler en edificios ubicados, la gran mayoría de ellos, en la avenida Victoria y Las Acacias, cuyas edificaciones fueron construidas hace 40 y 50 años. La Organización Comunitaria de Vivienda de Inquilinos de la parroquia San Pedro (O.C.V.I. San Pedro) nace luego del primer gabinete móvil metropolitano realizado el 5 de septiembre del 2005, en donde un grupo de compatriotas de distintos edificios comienzan a organizarse para luchar contra las injusticias que estaban siendo cometidas por los dueños, a los que han llamado “latifundistas de concreto”.
Durante dicha asamblea, los miembros de la organización han caracterizado muy detalladamente su problemática como lo son: cobro de traspasos y realización de nuevos contratos millonarios, no mantenimiento de las áreas comunes por parte de los dueños, irrespeto de la congelación de los alquileres, realización de ventas especulativas que no están acordes con la realidad de los edificios y en donde los inquilinos no pueden acceder a los prestamos de la banca privada, así como también ser víctimas de desalojos injustos e inmorales.
Esta organización - que forma parte también de la Red Metropolitana de Inquilinos la cual vincula a los alquilados del área metropolitana de Caracas - forman parte de los más de 2.700 edificios que han solicitado la expropiación de los inmuebles a la Alcaldía Mayor, estas solicitudes se traducen en 25.000 familias. La principal traba o contradicción que encuentran en el proceso de las expropiaciones es que todavía el precio de los edificios son especulativos y son manejados por la “mano invisible del mercado”, el cual al final es operado por los dueños y poderosos económicos como la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR) y la Cámara Inmobiliaria. Para ello proponen entre otras cosas la reforma, por Ley Habilitante, de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social para que el valor de la vivienda sea de verdad el justo y no el que impone las reglas capitalistas.
De igual forma proponen la regulación de los precios de la vivienda de vieja data, no solo donde habitan los inquilinos sino de todo el mercado secundario, para lo cual tiene que ser considerado el valor de construcción de los inmuebles y según ciertos parámetros poder calcular cual sería el precio real de las viviendas. Según esta fórmula económica las viviendas que fueron construidas hace 40 años o mas, y que hoy están siendo vendidas a 100 y 200 millones o mas, su valor real y justo estaría por los alrededores de los 40 millones de bolívares, donde la ganancia de los dueños de edificaciones que ocupan los inquilinos está en el pago de los alquileres durante tantos años.
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