Los evasores de la realidad, los literatos tarifados por el gran capital, los demagogos y hasta los analistas sociales sorprendidos en su buena fe, suelen maquillar el vocabulario dirigido al pueblo de mediana preparación cultural, con él lo envuelven, y la problemática social sigue su irresoluble curso.

Un nobelado peruano, al servicio de intereses conservadores, hace varios lustros se encargó de divulgar mundialmente la expresión *Economía Informal*, para calificar así al desparramado comercio menor y ambulante que supuestamente viene perturbando la paz de los comerciantes *formales*.

En principio y originalmente la *economía informal* asume el comercio de quincallería, de menudencias, y su ejercicio corrió a cargo de desempleados o de personas de baja preparación técnica, con inclusión de menores de edad. Pero modernamente la practican hasta profesionales o universitarios sin ocupación fija, como tales, o que buscan con ello mejorar sus deprimidos ingresos.

En Venezuela, el fenómeno de la buhonería viene desarrollándose sin que hasta ahora se vislumbre un freno, ni una solución satisfactoria tanto para esos *trabajadores* como para los *comerciantes afectados* y ni para la ciudadanía en general. Los gobiernos se han limitado a tomar medidas emergenciales, paliativas y nada definitivas, los apelotonan en centros comerciales ad hoc, los persiguen con la policía municipal, estos vuelven a instalarse, los vuelven a desalojar y así recicladamente. La ciudadanía, y la ciudad somos los grandes perdedores.

Es bueno saber que la mayoría de las mercancías adquiridas en este mercado informal son de tercera calidad, y los riesgos no son cubiertos por ninguno de sus vendedores quienes hoy están aquí pero mañana no.

Ahora bien, detrás de la *Economía Informal* existe el Comercio Formal. Está claro que los buhoneros adquieren sus inventarios con cargo a la oferta que los intermediarios mayoristas quienes dejan de colocarla parcialmente en los comercios formales, y estos también pudieran estar valiéndose de estos *desempleados* para vender sus mercancías en mercados más amplios. De esta manera este comerciante ve reducidos sus costes operacionales de inquilinato, energéticos y otros, pero, sobre todo, logra importantes economías salariales. Para estos comerciantes formales que venden a través de estos buhoneros no rige la Ley del Trabajo, no paga Seguro Social, no asume pasivos laborales prestacionales, ni aguinaldos, ni bonos…

Sugerimos que el gobierno le haga un seguimiento exhaustivo a la procedencia de esos inventarios manejados por *trabajadores informales* cuyas actividades podrían responder formalmente a estrategias empresariales mercantiles, porque detrás de cada *trabajador buhonero* puede existir un *comerciante tracalero* y evasor, no de la realidad, pero sí de la formalidad de nuestras leyes laborales.