La historia demuestra que la seguridad, como expresión de una necesidad vital del ser humano, es y ha sido siempre una de las preocupaciones centrales en toda sociedad, no existe sociedad humana sin criminalidad, violencia e inseguridad.

El tema de la prevención y la seguridad ha formado parte de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas desde los primeros años de su creación, cuando aún el mundo recordaba los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En 1995, durante la conmemoración del Cincuentenario de la ONU, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/50/6 en la cual se establece que las naciones del mundo deben actuar unidas para derrotar las amenazas que representan para los Estados y sus pueblos, el crimen transnacional, el tráfico ilegal de armas y la producción, consumo y tráfico de drogas ilícitas.

Podría decirse que la seguridad ciudadana es un bien, una aspiración, una "condición" a alcanzar, en la que el riesgo y la amenaza se reducen o, al menos, contienen, y que no se concibe al margen de las condiciones de la democracia y tampoco alejada de una gestión pública basada en la persona como principal beneficiario.

El concepto de seguridad ciudadana remite, se manifiesta, a la tradición de la idea de ciudadanía, por lo tanto, a la capacidad de los ciudadanos como agentes activos, y no como masa relativamente pasiva, que únicamente demanda seguridad de una instancia superior. Comprende un ámbito amplio, pero específico a su vez, en cuanto se relaciona con otras formas de producir y garantizar seguridad, como la seguridad jurídica, ecológica, humana, democrática y lleva a centrar la mirada sobre aquello que la amenaza como la violencia en la sociedad, la criminalidad y la inseguridad frente a riesgo reales o imaginarios y la protege como es el quehacer de las diversas instituciones estatales y de la sociedad civil relacionadas con su promoción y protección.

La seguridad ciudadana comparte los principios bajo los cuales los Estados democráticos deben ejercer la seguridad interior seguridad pública, pero su diferencia deriva de los agentes involucrados: las personas que son titulares de deberes y derechos ciudadanos, se vincula a la ausencia de delincuencia y el temor a ella, es decir, a la inseguridad ciudadana se restringe a las amenazas a las personas y los bienes derivadas de la actividad delictiva.

En la seguridad ciudadana, se ven involucrados diferentes actores, públicos, privados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil como parte importante para la solución de los asuntos públicos; son las actividades desarrolladas por y desde el Estado las que ponen a prueba la coherencia política e institucional del sistema, por cuanto el desarrollo de la política de seguridad requiere de la intervención de una multiplicidad de organismos, y en su debida articulación, el Estado tiene una gran responsabilidad. Específicamente a los organismos del Poder Público Nacional Asamblea Nacional, Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio Público y Tribunales de la República entre otros les corresponde desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la política nacional de seguridad.

Asumiendo que la seguridad ciudadana es fruto de diversos factores interrelacionados, que presentes o ausentes crear un clima, estado o situación que favorece el desarrollo de valores sociales y políticos vinculado a los derechos humanos, desde el punto de vista de su calidad y medición, el eje central de su evaluación será, necesariamente, el ejercicio del derecho que tiene toda persona, natural o jurídica, a desenvolverse cotidianamente libre de amenazas a su vida, libertad, integridad física, psíquica y social, lo mismo que al goce de sus bienes.

El modelo de seguridad ciudadana tiene como objetivo erradicar o minimizar la violencia, preservando los derechos de todos por igual y garantizando la libertad, de ser tratado como ciudadano, seguro de tener una buena calidad de vida, de poseer servicios públicos eficientes, de ser escuchado, esto es, que la seguridad ciudadana sea la forma de alcanzar la tranquilidad, eximirse de preocupaciones, de estar protegido contra las situaciones que pueden provocar la ira, la violencia.

La integralidad de las políticas públicas de seguridad ciudadana es posible cuando se parte de una noción en la que se han superado las falsas premisas, que sugieren que las problemáticas de seguridad encuentran solución en el aumento del pie de fuerza de las agencias de defensa, seguridad e inteligencia del Estado o en la limitación de las libertades de los ciudadanos.

La integralidad de las políticas públicas de seguridad ciudadana supone el desarrollo de acciones en materia de prevención, disuasión y reacción, así como acciones para la atención a la víctima al victimario.

El desarrollo de políticas públicas de seguridad ciudadana integrales supone, entonces, desarrollar en los ciudadanos una serie de valores tales como solidaridad, respeto por el otro, el respeto por la vida, la honra y bienes de las personas, lo que indiscutiblemente supone un aprendizaje social con su respectiva dimensión cultural que redundará con el paso de años en mayores niveles de capital social.

La participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales en la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana, no obstante es un elemento que debe ser manejado con suficiente cuidado y respeto tanto por los ciudadanos como por las instituciones del Estado.

La participación de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana, resulta importante evitar por parte de los funcionarios que la lideran, que la participación de los ciudadanos genere procesos de estigmatización o de fragmentación territorial o social, o que en el peor de los casos promuevan o faciliten iniciativas de toma de la justicia en mano propia, superando de esta forma la capacidad de acción y decisión de las instituciones del Estado.