La función principal de un político es representar los intereses y valores de la comunidad, actuando en beneficio del bien común, por lo tanto aceptar que se represente políticamente a un infractor de esos valores iría en contra de los principios éticos y morales de la política. Tenemos el caso de delincuentes de derecha, comunes o políticos, que buscan alcanzar representatividad política lo que supondría un problema, ya que como políticos de derecha continuarían con prácticas ilegales, socavando la confianza en el sistema político, en las instituciones electorales y en la integridad del país.
Para la sociedad venezolana no sería conveniente tener un representante político que haya transgredido las leyes y desconozca las instituciones, ya que esto pondría en riesgo el destino del país y su población. Respaldar a una persona que ha cometido abusos implicaría apoyar acciones ilegales y perpetuar la impunidad, lo cual podría conllevar a una convivencia con la corrupción y los políticos, especialmente en el campo del socialismo y el cambio transformacional progresista, deben mantener su integridad, transparencia y respeto a la ley, valores que no pueden ser conciliados con la representación de un delincuente; a su vez nuestros políticos no pueden ser sorprendidos en su buena fe.
Desde ese punto de vista, aceptar la representante de una abusiva no tendría justificación, ya que implicaría apoyar o encubrir acciones ilegales y antisociales que fijaría en la mente de la gente la idea de que se está perpetuando la impunidad o la debilidad y a la larga se expresaría en una convivencia con la corrupción.
Y aunque alguien de alguna manera pudiera plantear que en teoría, todos los ciudadanos tienen derecho a ser representados sin embargo, la cuestión ética y la conveniencia para la comunidad son temas que plantean un debate más agudo y que cualquier tribunal consideraría ante una impugnación ya que los delincuentes han violado la ley y causado daño a la sociedad, elementos estos demasiado cagantes para no ser tomados en cuenta.
No hay que dejar de lado tampoco que aceptar la participación de ilegítimos en la política a través de un representante podría ser visto, por lo menos como una desconsideración hacia las víctimas, como fue el caso del impune homicidio e incineración del joven Orlando Figuera, asesinado por ser chavista y pobre, crimen que está esperando justicia y que involucra a todas las organizaciones políticas que participaron en la guarimba y donde la representante electoral sustituta ha tenido y tiene una amplia participación.
Desde el punto de vista de la conveniencia para la comunidad, tener a una abusadora representada por un político que participaría en las elecciones nacionales, podría generar desconfianza ya que las organizaciones comunitarias y comunales podrían resultar perjudicadas por la actuación de individuos antisociales que influyan en la toma de decisiones políticas.
Para lograr la política de paz que impulsa el Presidente es fundamental que la política sea un espacio de integridad y transparencia, especialmente para los representantes políticos socialistas que trabajan en beneficio de la sociedad en su conjunto y buscan crear un sistema político con mayor democracia participativa y justicia social. Permitir que un delincuente sea representado iría en contra de estos principios y debilitaría esta política.
Por tanto, considero que tanto la izquierda como la derecha deben reflexionar y actuar sobre los límites de la representación política, garantizando el respeto a la ley, a los valores venezolanos y a la integridad del país. Es fundamental proteger el futuro de Venezuela como ente nacional ante los ataques permanentes del imperialismo colectivo.
Oscar Rodríguez E. Caracas, 23 de marzo de 2024
