En estos tiempos difíciles de emergencia sanitaria-social-económica no falta quien ingenuamente crea que la solidaridad sale a flote, en especial por parte de las élites y de los líderes políticos. Nada más lejos de la realidad, y es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, donde sus autoridades centrales se autocalifican absurdamente como socialistas, hubo recientemente un acuerdo o pacto entre el Gobierno nacional y los empresarios y comerciantes, por medio del cual se fijaron los precios máximos de venta de algunos alimentos. Acuerdo que por desgracia afecta notablemente a gran parte de los consumidores, considerando que la Canasta Básica Alimentaria en Venezuela ha alcanzado un valor de varias decenas de millones de bolívares, y tristemente el salario mínimo en este país ¡no llega ni al millón de bolívares¡.
Como siempre tras cada crisis de diverso ámbito salen perjudicados los pobres en primer lugar, y en el contexto de la actual pandemia de la COVID-19, con el precio del petróleo en picada abrupta, con sanciones y bloqueos a cuestas, con una economía interna semidestrozada por los sucios y egoístas intereses de una minoría local e internacional y con una inflación inducida indetenible, hay cada día en Venezuela una mayor pobreza y miseria, y el hambre azota con todo, con especial dureza a mujeres, niños y ancianos. Hay una crisis terrible en Venezuela, y justo en medio de esta situación la élite política y económica atenta contra el poco bienestar y dignidad que le queda a millones de venezolanos, demostrando claramente los poderosos que solo velan por sus intereses aún cuando hay un estado de emergencia.
En el proceso de limitar intencionalmente el acceso de buena parte del pueblo venezolano a los alimentos básicos, debido al alto costo de los mismos, el Gobierno “revolucionario”, favoreciendo claramente a los empresarios y comerciantes, viola de forma descarada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente el artículo 91, relacionado con el salario mínimo y el costo de la Canasta Básica como una referencia clave para establecer dicho ingreso. Increíblemente ningún líder político o dirigente de “izquierda” o de derecha, ha tenido el valor de solicitar al menos una revisión de tal artículo, más aún en el marco de la terrible situación socioeconómica que afecta a millones de ciudadanos venezolanos. En este sentido se puede señalar sin duda alguna que la constitución venezolana sirve más para los intereses politiqueros que para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del venezolano común. No es más que letra muerta respecto a su apoyo a la sociedad asalariada-pobre, y por tanto más vulnerable.
Tristemente para los poderosos en Venezuela y el resto del mundo importa un comino que la mayoría pase hambre y sufra día tras día, y si ésta intenta rebelarse en masa exigiendo una mejora sustancial en la calidad de vida, por ahora el Statu Quo capitalista cuenta con la protección de la fulana cuarentena social obligatoria, con la disposición siniestra de las fuerzas armadas a actuar con la mayor brutalidad posible para mantener el orden interno, y en general para defender la institucionalidad propia del Estado burgués.
