En un país, donde se insiste en la existencia de más de un 80 por ciento de pobres, jamás podría considerarse equitativo que los planteamientos de esa inmensa mayoría queden excluídos o marginados por parte de los grandes medios de difusión. (Cuantas veces habrá querido expresarse un dirigente de barrio, o quien lo defienda, en un canal de TV, con poca o ninguna oportunidad). Los editores y dueños de la prensa han hecho llegar al nivel internacional una versión tergiversada al extremo sobre la libre información en Venezuela, apuntando hacia el gobierno todas las culpas por el "cercenamiento de la libre expresión" en esta nación. Ese señalamiento corresponde más con quien posée una visión incompleta del país donde vive o, tiene que ver con un interés particular, pero no con el de un colectivo. Los sectores empobrecidos y marginales con mayor conciencia, evidenciada por los reveses electorales regionales o nacionales de los grandes partidos del puntofijismo en comicios previos al año 99, como donde el Dr. Rafaél Caldera triunfa -sin el partido socialcristiano que fundó- y muy cercano (para algunos por encima) una agrupación de trabajadores de significación previamente regional, ya reclamaban esa accesibilidad y es en el gobierno del Tcnel. Hugo Chávez donde ven mayores posibilidades de conseguirla.

Los medios se cierran aún más y este gobierno intenta compensar el acceso a la opinión mediante el mecanismo de "encadenamiento" de los canales privados a programas informativos del único canal del Estado, por cierto, tradicionalmente con muy poca cobertura y alcance en la geografía nacional, a lo que los empresarios de la información también se oponen. Cerradas tantas vías a un sector importante, los reclamos efectuados a los medios o a los periodistas por esos sectores populares, llámeseles "Círculos Bolivarianos" o cualquier otra denominación, deben evaluarse como consecuencia más que como causa de los problemas. Es ésta, una visión más real de la situación, aunque equivocamente planteada respecto a la libertad de expresión a los organismos internacionales vigilantes de la misma. Y, si aún se dudara de lo aquí expresado, valga la pena retar -con observadores del extrajero, no contaminados- y que revisen los archivos de la información televisiva del país, tan siquiera en dos grandes vertientes, una la de las libertades para informar en contra del gobierno cualquier cosa, hasta el extremo de utilizar los criterios y calificativos más denigrantes respecto máximo gobernante y su acción de gobierno, como no había ocurrido en la historia política venezolana del pasado siglo. Además de evaluar objetivamente en una segunda vertiente, los programas de opinión de los canales televisivos que se quejan de manejo represivo, en los cuales, durante todo este gobierno chavista, dificilmente se consiga un programa donde la participación de invitados del sector oficial tuviese alguna preponderancia o siquiera igualdad (como ocurría con los gobiernos precedentes). Con lo que podría constatarse que, en aquellos programas con varios entrevistados, siempre han sido minoría los representantes del sector oficial y el entrevistador sumándose a la "cayapa". Y en donde se estila la presencia de un sólo entrevistado, generalmente, por no decir siempre, el moderador, cuando se trata de alguien próximo al sector gubernamental, hace valer su voz más que la del propio entrevistado, invirtiéndose la relación entre periodista y quien es invitado a aportar su opinión. No puede ser que por un contrato, los trabajadores de la prensa efectúen una "entrega total a los designios del patrono", o por un interés particular del periodista, se vulnere la objetividad y se obvien postulados fundamentales de la Deontología y de la Etica (contenidos también en la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos de las O.N.U.) como aquellos que expresan: "Es un deber velar por el respeto a los principios de libertad ciudadana."

Los, puntos de la "Declaración sobre la Libertad de Prensa" aprobada por la Asociación Venezolana de Periodistas el 19/03/69, tan de actualidad como los que expresan:

"La libertad de prensa es un derecho moral e individual de la persona humana, pero también de la colectividad."

"La colectividad tiene el derecho de reclamar al periodista y a la prensa el cumplimiento de su misión de informar."

La pérdida de la objetividad, de la imparcialidad y de la sensibilidad social, cuando ocurre individualmente desmerece al que la comete, más, cuando se aprecia en un colectivo implica un despropósito muy grave. La libertad de informar y de opinar -para emitirla y para recibirla- no es sólo del dueño del medio, lo es también del periodista, pero también del común de la gente.