Una de las consecuencias más visibles de la globalización capitalista es la unificación de los modelos represivos en el interior de los estados y la configuración de un modelo represivo universal para la jerarquización de las relaciones internacionales en el seno del Imperio.

Ambos modelos represivos: el internacional y el estatal, responden a la misma estructura económica y social, y a la misma filosofía, tienen además mecanismos comunes y zonas de confluencia. La exclusión y la violencia sin límites son algunos de sus principios rectores.

Del estado de bienestar al estado indiferente

El estado no puede intervenir en la vida económica salvo para facilitar el funcionamiento del mercado; ese es el dogma fundamental.

Asimismo, la intervención del estado en la vida social está cuestionada por un recelo fundamental. El mercado-providencia expresa la voluntad del Dios-Libertad distribuyendo bienes con criterios de eficacia y estableciendo los niveles más funcionales de desigualdad. Nada pues de alterar la natural armonía del mercado empeñándose en garantizar la cobertura de derechos mínimos o en proteger a los ciudadanos contra eventualidades y evitar situaciones de marginación o de miseria.

Todo este darwinismo social se justifica con una doctrina sobre la ineficacia económica de las garantías sociales y la irresistible e irreversible tendencia a la vagancia del ciudadano subvencionado. La laboriosidad ciudadana sólo funciona con horizontes individuales de lucro o de riesgo, empujada por la ambición o arrastrada por el miedo.

El profeta de esa moral implacable con los “perdedores” y los marginados fue Charles Murray con su Biblia “Losing Ground”. En él se inspiraron Reagan y Thacher para la primera confrontación con el welfare state y, años más tarde, los seguidores de un neoliberalismo que ya se había hecho dogma y costumbre estatal. Con todos ellos el estado “derrochador” que da cierto amparo a los desvalidos dejó paso al estado indiferente. Pero la saludable apatía general del estado no vale para todo.

La indiferencia se viste de gendarme

Simultáneamente a la progresiva desaparición del estado de bienestar con el incremento resultante de la indigencia, va abriéndose paso la idea de que garantizar la seguridad ciudadana consiste exclusivamente en la utilización de procedimientos represivos para perseguir y eliminar las conductas consideradas como antisociales. Ésta era la consecuencia inmediata de la criminalización de la pobreza a la que conducía inevitablemente la “filosofía social” de Murray y de los think tanks neoliberales.

No en vano la delincuencia callejera –muy vinculada con la marginación-, contra la que se dirigirán los grandes sistemas represivos, llega a ser una forma de vida que tiene su residencia en los barrios populares, en las chabolas y en los guettos. La indigencia puede ser despreciada por la teoría económica y social neoliberal como un fenómeno inevitable cuyas responsabilidades se cierran sobre sus propias víctimas, y puede ser ignorada por la acción de los gobiernos, pero es tenida muy en cuenta por sus policías.

Lo nuevo fue el énfasis en el uso prioritario de la fuerza y también la enorme ampliación de las conductas punibles, desde arrojar basuras a la calle hasta hacer pintadas en las paredes. Además de esto se le dio naturaleza justificativa, para allanamientos, detenciones e interrogatorios policiales, a la sospecha. El estado liberal, indiferente ante la pobreza, extendió su acción punitiva a todos los sectores de la población “objetivamente sospechosos”.

El proyecto de proporcionar garantía represiva a la libertad de empresa en un contexto formalmente democrático, se expresó como sistema en la ciudad de Nueva York y desde allí alcanzó notoriedad en todo el mundo. Su nombre de batalla fue Tolerancia Cero.

“La fórmula debería hacer temblar a una opinión pública que no estuviese mucho más alertada contra los desmanes de la delincuencia que contra las amenazas, mucho más generales, de la marginación y de las posibilidades de convertirse en objetivo policial” [1]. Loïc Wacquant cuando comenta la transformación de la pobreza y la marginación social en un problema de “orden público” se refiere al “pánico moral capaz de rediseñar la fisonomía de las sociedades”. Los referentes de este pánico serían las “violencias urbanas, la violencia juvenil y los barrios inseguros”. Las mismas que determinarían los enemigos y los campos de batalla de los reconvertidos batallones policiales.

La fórmula “Tolerancia Cero” se refiere explícitamente a la “seguridad ciudadana” pero en realidad expresa una opción social completa.

Los publicistas y etiquetadores de esa intolerancia soberana fueron el ex fiscal y alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, y su jefe de policía y antiguo responsable de la seguridad en el metro de la ciudad, Willian Brattons. Giuliani, otrora muy conocido por los procedimientos expeditivos de su policía [2], se ha convertido después del 11 de Septiembre en una especie de héroe americano. En este ultimo mes de enero ha visitado la ciudad de México y circulado con una gigantesca escolta policial y privada de más de 400 agentes los barrios sensibles de la ciudad a la que va a salvar de delincuencia por una módica cantidad próxima a los 4 millones de dólares.

Su filosofía era muy clara: “todo crimen que queda impune, alienta a cometer otros crímenes más graves, porque en el delincuente subsiste la idea de que no recibirá castigo”. Ahora bien, para entender de que se trata hay que saber que los comportamientos criminales comienzan con actividades como arrojar basuras, pintar graffitis, insultar o realizar actos de vandalismo. Deben ser firmemente reprimidos para impedir que se desarrollen comportamientos criminales más graves.

Las medidas fueron el aumento espectacular del número de policías, la determinación de los “barrios sensibles” como objetivos prioritarios de las razias policiales, y la puesta en marcha de un sistema de información que se extiende potencialmente a todos lo habitantes de los guettos, establece su primera base en las denuncias y sus primeros elementos en las faltas menores que se archivan escrupulosamente.

El “método ecológico” y el nuevo hábitat humano

La delincuencia empieza en realidad en el aspecto, en la cara de joven pobre o del niño de la calle. En el sistema de Giuliani la sospecha es suficiente para las detenciones y los allanamientos. También son actitudes policialmente reprobables la vagancia y el vagabundeo y las “conductas inciviles”. Los home less –los sin techo- son acosados y reprimidos. En realidad la policía ha hecho suya la mirada de recelo que la parte satisfecha de la sociedad norteamericana dirigía sobre los sectores de población empobrecida. Son los comportamientos sociales vinculados a la marginación los que han sido deliberadamente colocados en el punto de mira de las nuevas policías de la globalización.

Algunos policías y penalistas han calificado al nuevo sistema de la policía como “método ecológico” por su aplicación masiva en los llamados “barrios sensibles”. Las operaciones policiales son concebidas y realizadas como operaciones de limpieza, su escenario coincide con el de la distribución de las rentas más bajas de la población. Sobre las ruinas del “estado de bienestar” y como consecuencia de su demolición, se ha llegado -en la definición teórica, la justificación mediática y los primeros ensayos- a una verdadera “guerra contra los pobres”.

Uno de los objetivos fundamentales del incremento de la represión por la ampliación de las conductas delictivas es la creación de un nuevo “sentido común represivo” que generalice y consolide la estrategia de control social sobre los excluidos que se está poniendo en marcha.

El sistema Tolerancia Cero se ha convertido en el símbolo de una tendencia mucho más amplia, que incluye medidas penales y carcelarias. En EEUU, en donde el modelo se ha definido, consisten en la aplicación masiva de la pena de muerte incluso a menores o discapacitados mentales, al agravamiento escandaloso de las penas en los casos de reincidencia, la aplicación de los regímenes penal y penitenciario de adultos a los delincuentes jóvenes y a la limitación de todas las formas de reducción de condenas.

Todo ello ha producido un aumento espectacular de la población carcelaria. Lo que ha ocurrido en realidad es que la reducción de la delincuencia de la que alardean los políticos y los policías ha venido acompañada por la aparición de un nuevo hábitat humano: el carcelario.

El modelo se extiende por el mundo

La Tolerancia cero se ha convertido en el lema de un modelo policial-judicial-carcelario que se ha extendido por el mundo aunque pocos portavoces políticos y policiales se han atrevido, hasta ahora, a mencionar una fórmula que todavía carece de un consenso social suficiente.

Todo es, sin embargo, cuestión de tiempo: las encuestas señalan la favorable incidencia en la “opinión pública” de la imagen de “mano dura” que progresivamente ostenta el Estado apoyado por los medios de comunicación.

La primeras medidas consistieron en la aplicación de fórmulas penales y judiciales surgidas en los EEUU, especialmente en lo que se refiere a los jóvenes: aplicación de toques de queda para limitar su permanencia en las calles, resquebrajamiento de la diferenciación penal entre jóvenes y adultos, encarcelamiento de jóvenes reincidentes, limitación de garantías y aplicación de juicios rápidos para faltas cometidas en las calles.

El lugar de “privilegio” que en la atención policial y carcelaria tienen los negros en EEUU ha sido ocupado en Europa por los inmigrantes. En algunos países de fuerte inmigración con antigüedad de residencia, como Francia -y también el Reino Unido-, también se ha definido otro gran enemigo público: los jóvenes de los “barrios segregados”, en parte de origen africano, están sufriendo una vigilancia y una represión intensa. Ello explica auténticas sublevaciones que ha repetido periódicamente en los últimos años y que representan las respuestas explosivas a un hostigamiento continuo.

En América Latina la Tolerancia Cero viene del Norte como la antigua doctrina de la “seguridad continental” aplicada por todas las dictaduras militares. Nada tiene de extraño que la Tolerancia Cero remueva el espanto de una guerra sucia legal.

Stella Calloni encuentra similitud entre las modificaciones legales que se han aprobado en la etapa de furor neoliberal con las implantadas por los regímenes militares en la década de los 70. CORREPI, Coordinadora contra Represión Policial, apuntó certeramente hace algunos años a la intención profunda de la nueva oleada represiva: “Es necesario que los segmentos populares sientan la “presencia policial” , se “acostumbren” a su metodología de represión y ni se les ocurra resistir los ajustes y las injusticias”. En diciembre del 2001, sin embargo, esas presencias y costumbres no fueron suficientes para impedir la rebelión popular.

Desde el análisis de las dictaduras militares del Cono Sur como un proceso represivo que preparaba los cambios económicos neoliberales, se puede establecer, siempre desde el punto de vista de los detentadores del poder y de los privilegios, la idéntica función utilitaria que tienen la represión política de los 70 y la progresiva penalización de la pobreza en los años finales del milenio.

Se ha sustituido el enemigo político por el marginado social.

Aznar entre la “Tolerancia Cero” y la “guerra antiterrorista”

Hace algunas semanas que las modificaciones en el Código Penal culminaban un largo proceso en el que en el estado español se aplicaban, con algunos años de retraso, los mismos criterios que orientaron la creación del sistema de tolerancia cero.

Las medidas han sido exactamente las mismas: disminución de la edad penal para aplicar el código y el sistema penitenciario a los jóvenes delincuentes, ampliación de las figuras delictivas para incluir a determinadas protestas urbanas, fuerte agravamiento de las penas por reincidencia, eliminación de los mecanismos de reinserción y de regímenes atenuados para alcanzar el “cumplimiento íntegro” de condenas, reducción de la libertad condicional, ampliación de las penas máximas, fuerte castigo en casos de reiteración en las faltas, todo ello con la utilización de un lenguaje específico bajo el lema de “barrer de delincuencia las calles”.

En el frente de la disidencia política, Aznar ha ampliado y difuminado el concepto penal de terrorismo abriéndolo hacia la represión del nacionalismo –concepto de “entorno”- y de la protesta social general. La culminación de este proceso por el momento ha sido la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.

También hay que señalar la búsqueda de “legitimidad” y “cobertura internacional” en el esfuerzo sistemático para integrar el problema vasco dentro de la “guerra mundial antiterrorista”.

“Mano dura” y “No hay alternativas”

Con las premisas neoliberales que presentan la realidad económica como una consecuencia natural del “sistema de libertad y responsabilidad personal” y que celebran las consecuencias de la no intervención del estado, la marginación se convierte en delincuencia.

La opinión pública, que es en buena parte una creación mediática, asume con alarma esa “ascensión imparable de la violencia urbana” que le transmiten los medios de comunicación y como consecuencia acepta la nueva definición de los problemas sociales como problemas policiales. La opinión pública pide mano dura, reclama guardias y más guardias en la calle.

En el escenario de la “seguridad ciudadana” –el propio nombre coloca a los marginados, a los “malos pobres”, fuera de la ciudadanía- la coherencia es total. Aumenta la delincuencia y también aumenta la represión. Barbarie contra barbarie, la brutalidad policial es reclamada por unas clases medias que sienten aquel pánico moral al que se refería LoïcWacquant. La política de “Tolerancia Cero” responde a una realidad que es el aumento de la inseguridad y de la delincuencia.

De este modo, dicen los teóricos neoliberales con toda la lógica de una situación trampeada, no hay alternativas.

El escenario mediático de la “seguridad ciudadana” suplanta, sustituye y encubre, al escenario principal: la redefinición de las actividades del estado como actividades policiales, la exclusión social de los marginados, la penalización de la pobreza y la guerra contra los excluidos.

Con el modelo de “Tolerancia Cero” la represión se convierte en un especimen casi único: un sistema público planificado.

A partir del 11 de Septiembre

A partir del 11 de Septiembre la guerra antiterrorista decretada por el presidente Bush ha tenido enormes consecuencias en la modificación de los procedimientos policiales y judiciales en el interior de los Estados Unidos, y, sobre todo, en la legitimación del sistema represivo.

Lo han sufrido, en primer lugar, los ciudadanos musulmanes o de origen árabe y los inmigrantes legales o ilegales de la misma religión o procedencia. También todos aquellos cuyos rasgos o aspecto visual pudiera relacionarlos con ellos. Detenciones arbitrarias, interrogatorios irregulares, malos tratos, encarcelamientos sin cargos, con incomunicación y por largos períodos de tiempo, órdenes genéricas de presentación ante la policía para “interrogatorios voluntarios”, liquidación de procedimientos y garantías como el habeas corpus. Varios miles de personas fueron detenidas y mantenidas bajo arresto, incomunicadas, sin aviso a sus familiares, y privados de asistencia letrada.

Por otro lado la psicosis de inseguridad ha conducido a reforzar la colocación de la sospecha en el eje de las relaciones del estado con determinados ciudadanos caracterizados como “posibles terroristas”.

El documento “Homeland Security”, con el que formuló “sistemáticamente” la necesidad de crear una gigantesca estructura unificada y centralizada de seguridad interior, no es otra cosa que un catálogo de horrores para potenciar determinada psicología de masas. En él se enumeran, en tono apocalíptico, todas las catástrofes concebibles a las que se presenta como riesgos inmediatos sólo evitables con la puesta en marcha de una enorme maquinaria de vigilancia, control y represión. También es muy significativa, en esta campaña de difusión del terror, la presentación de un enemigo, difuso, infiltrado y encubierto, caracterizado en principio como árabe o musulmán, y más tarde, todavía más genéricamente, como extranjero de nacionalidad u origen.

Paralelamente a la creación de esa particular psicosis colectiva se ha ampliado o ensayado la movilización de la población en tareas de espionaje y actuación parapolicial con procedimientos tales como la potenciación y extensión de las patrullas barriales, o la puesta en marcha de un Sistema de Prevención e Información sobre Terrorismo –TIPS- cuyos primeros ensayos se han iniciado en las grandes ciudades el pasado verano.

Nada menos que un millón de personas -el 4% de la población total de 24 millones que sumaban las diez grandes ciudades que fueron elegidas para el experimento- formaban parte de la red potencial de “soplones” prevista por el TIPS. Los informantes de este “sistema” de espionaje incentivado son profesionales de los trabajos en los hogares -tales como fontaneros, electricistas, instaladores, reparadores, pintores, transportistas, cuidadores de ancianos o de niños-, que deben comunicar todos los hechos o circunstancias que observen en ese ámbito privado y que les parezcan sospechosos. Todos aquellos cuya mínima ética profesional les exige el respeto a la intimidad y les prohíbe el fisgoneo, son incitados a actividades que por lo menos tangentean lo delictivo. El gobierno de los EEUU viola masivamente el derecho a la intimidad y estimula la realización de delitos. Como en los regímenes fascistas la sospecha se ha convertido en el elemento primario de relación social y la denuncia secreta en moral cívica de los norteamericanos.

Todo ello ha incidido y reforzado el ya establecido sistema integrado de represión, denominado “Tolerancia Cero”.

Otra de las consecuencias del 11 de Septiembre ha sido la creación de jurisdicciones especialísimas, verdaderos “territorios o pantanos judiciales liberados”, en los que la única norma es la de que “todo vale”. El sistema de “especialización” ha sido tanto militar como territorial. La base de Guantánamo ha servido para generar procedimientos judiciales que con la utilización de detenciones arbitrarias, torturas, encarcelamientos ilimitados sin presentación de cargos ni juicios se remontan a períodos de barbarie.

El imperio: los “principios morales” y la “condición humana”

Bush repite por donde quiera un manualito corto sobre la libertad de empresa y de mercado que para él es la única libertad y la expresión sublimada de humanidad: “principio moral” y “condición humana”, en palabras que le gusta repetir al presidente. Comprar y vender es sin duda el principio de toda relación social para este multimillonario tejano que maneja la política mundial con un selecto grupo de multimillonarios. En nombre de todos ellos habla George:

“En la base de mi política exterior se encuentra un sistema de valores innegociable, el de los valores que más apreciamos. Y si los valores son beneficiosos para nuestra gente, tienen que serlo para otros pueblos, no es que haya que imponerlos porque son valores de origen divino. No son una creación de los Estados Unidos. Son los valores de la libertad, y la condición humana, y el amor de las madres por sus hijos” [3].

Libertad de negocio y amor de madres. Todo un complejo mundo de valores con el que ese pequeño comité de magnates dan respuesta a los problemas del mundo: economía capitalista y sentimiento maternal.

Los EEUU –dice el manual de la doctrina Bush- están amenazados por los “estados fracasados” y por “tecnologías catastróficas en manos de unos pocos amargados”.

La superioridad racial -que “justificaba”, por ejemplo, la represión interior y la política expansionista del III Reich- reaparece aquí en la versión reaganiana de desprecio a la pobreza interpretada como fracaso. El carácter expansionista -que los nazis proclamaban con su “espacio vital”- es ahora manifestado con el propósito de extender la globalización capitalista neoliberal a todos los países del mundo: "trabajaremos activamente para llevar la esperanza de la democracia, el desarrollo, los mercados libres y el libre comercio a toda esquina del mundo”. Veamos como expresa todo esto el documento: “Nueva Estrategia de Seguridad de los EEUU” (NESN)

La pobreza no hace que los pobres se conviertan en terroristas y asesinos. Pero la pobreza, las instituciones débiles y la corrupción pueden hacer que los estados débiles sean vulnerables a las redes de terroristas y a los carteles narcotraficantes dentro de sus fronteras.

Hoy, la humanidad tiene en sus manos la oportunidad para hacer que la libertad triunfe sobre todos estos enemigos. Estados Unidos acoge con beneplácito nuestra responsabilidad de encabezar esta gran misión. Estados Unidos debe defender firmemente las demandas no negociables de la dignidad humana: el imperio de la ley; límites del poder absoluto del estado... y respeto a la propiedad privada

...

Estados Unidos debe partir de estas convicciones esenciales y mirar hacia el exterior en busca de posibilidades de expandir la libertad.

Estados Unidos posee en el mundo poder e influencia sin precedentes - y sin igual... Se debe usar la gran fuerza de esta nación para promover un equilibrio de poder que favorezca la libertad.

El concepto del "libre comercio" surgió como un principio moral aún antes de convertirse en un pilar de la ciencia económica... Esta es la verdadera libertad, la libertad de una persona -- o una nación -- de ganarse la vida.

Las ideas militantes de clase... que prometieron una utopía y resultaron en miseria han sido derrotadas y refutadas. Estados Unidos se ve ahora amenazado ahora no tanto por estados conquistadores como por estados fallidos. Nos amenazan menos las flotas y los ejércitos que las tecnologías catastróficas en manos de unos pocos amargados. Debemos eliminar estas amenazas...

Delitos, delincuentes y justicieros internacionales

La personificación de los delitos se ha convertido en la primera norma del Imperio.

Los EEUU han impuesto a la comunidad internacional su criterio sobre “rogue states”. Son ellos, los estados delincuentes, los que cometen delitos internacionales con conductas que no son reprobables cuando son realizadas por otros estados. Contra ellos se empleará toda la violencia necesaria según expresa la NESN.

“Estados Unidos actuará contra esas amenazas en surgimiento antes de que éstas terminen de formarse... En el nuevo mundo en que hemos entrado, el único camino hacia la paz y la seguridad es el de la acción.”

“Es hora de reafirmar la función esencial del poderío militar norteamericano. Debemos construir y mantener nuestras defensas hasta ponerlas por encima de cualquier reto.”

Los EEUU no sólo señalan a los delincuentes internacionales sino que fijan también los delitos. El terrorismo es el primer gran delito indefinido. La catalogación de un estado o un grupo como terrorista es también una vocación imperial indiscutida.

En realidad lo que se castiga como terrorismo es la disidencia política internacional, la rebeldía frente al Imperio.

Claro que tanto el frente terrorista como el de la disidencia política tiene sus expresiones internas tanto en EEUU como en el resto de los países que reproducen su modelo.

Esa triple vocación imperial de definir delitos, determinar quienes son los países delincuentes y convertirse en el justiciero universal ha provocado que la ONU pierda su papel a favor de los EEUU. Esta sustitución que liquida definitivamente el derecho internacional estaba ya definida, con claridad aunque de manera formalmente colectiva, en el Consejo de la OTAN celebrado en Washington en abril de 1999 mientras se bombardeaba Yugoslavia: la OTAN actuaría sin autorización del Consejo de Seguridad pero “siguiendo el espíritu de las Naciones Unidas”. Esta reserva final más que aliviar el problema lo agrava: supone en realidad un enorme avance en la vía de sustitución de la ONU e implantación imperial. Los EEUU asumen la representación y expresan la voluntad de la “comunidad internacional”.

“Mano dura” internacional

La represión de los delitos internacionales es ilimitada. Contra los estados delincuentes los procedimientos son expeditivos.

Los EEUU han puesto en marcha la “Guerra de Destrucción Masiva Unilateral”(GDMU) [4]. Supone la realización de una operación militar de potencia devastadora, con armas de destrucción masiva si es preciso, efectos colaterales regulables, incidencia extrema sobre la población civil y grandes daños a medio y largo plazo. Sus características son la absoluta impunidad, el coste humano próximo a cero para los EEUU, y el carácter programable y planeado de la destrucción y de la matanza. El destinatario de la maquinaria represiva es fundamentalmente la población civil. Se trata de golpear y castigar hasta eliminar toda la voluntad de resistencia.

Además de GDMU los EEUU han proclamado su derecho a realizar guerras preventivas, es decir, sin previo aviso y al margen de todos los mecanismos de mediación y de regulación internacional. A ese despliegue de ferocidad han añadido el “derecho” de secuestrar y de matar a sus enemigos en cualquier lugar del mundo.

Además, los EEUU no acepten límite alguno en su realización de operaciones de castigo. Sus fuerzas armadas pueden llegar hasta el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. No otra cosa significa su no aceptación de la jurisdicción del TPI que ha tipificado perfectamente estos delitos. El documento NESN se expresa con mucha claridad:

"Emprenderemos las acciones necesarias para asegurar que nuestros esfuerzos para cumplir con nuestros compromisos de seguridad mundiales y proteger a los norteamericanos no se vean perjudicados por el potencial de investigaciones, pesquisas o enjuiciamiento por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI).

En el orden judicial los EEUU que habían puesto en marcha tribunales especiales como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), acusados con razón de parcialidad, han optado ahora por una jurisdicción mucho más irregular: la de los tribunales militares especiales.

Los tribunales militares para juzgar a los “terroristas internacionales” son puestos en marcha por el presidente de los EEUU. Los jueces son militares de alto rango sometidos a la autoridad directa del presidente de los EEUU, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las condiciones del procedimiento penal son fijadas por el Secretario de Defensa, jefe político del Pentágono y de los ejércitos de Estados Unidos. Entre esas condiciones está toda la estructura de garantías del habeas hábeas. Observemos los resultados: las detenciones son secretas, los cargos también lo son, las detenciones no tienen límite de tiempo, no precisan cargo alguno, los interrogatorios son también ilimitados. Cuando los cargos se formalizan no se permiten comunicaciones directas y no intervenidas entre los abogados defensores y los detenidos.

Los juicios son secretos. Las condiciones que deben tener las pruebas son fijadas también por la Secretaría de Defensa de los EEUU. Las pruebas pueden calificarse también como secretas. En ese caso sólo son conocidas por los miembros del tribunal. Los juicios serán realizados en buques o en unidades militares, lejos del alcance de cualquier observador imparcial. La justicia internacional que han impuesto los EEUU no soporta las vistas públicas.

Los procesados y juzgados por esta maquinaria que pulveriza todas los derechos individuales y todas las garantías procesales pueden ser ejecutados.

Siguiendo rigurosamente este procedimiento “especial” una persona puede ser capturada secretamente, procesada también en secreto en lugar desconocido y ejecutada sin más complicaciones. Las sentencias no tienen apelación.

Los presuntos criminales son cazados, en cualquier lugar del mundo, por los servicios especiales o por el ejército de los EEUU. Los países que se nieguen a una detención en su territorio o a una extradición inmediata serán considerados como enemigos de los Estados Unidos.

El papel de Falsimedia

El mito de la libertad de prensa se sostiene en proclamaciones ostentosas en los medios de comunicación. Son los delincuentes-jueces proclamando su inocencia.

Los “media” son uno de los principales instrumentos cotidianos de poder. Fabrican la opinión pública en el sentido favorable a la política de los EEUU y sus aliados y a los intereses de las multinacionales. Deforman la realidad, la encubren y la interpretan de manera coherente con las determinaciones y objetivos de los grandes centros de poder mundiales. Cuando Bush decreta la existencia de una frontera entre el Bien indiscutible y el Mal absoluto, declara la guerra universal contra el terrorismo, publica listas de países y organizaciones “enemigas del género humano”, y ordena la movilización general en todo el mundo, los medios de comunicación asumen los grandes principios de la contienda y las delineaciones de los frentes de batalla. La memoria de los procesos históricos, el relato de los últimos acontecimientos, la información cotidiana y el análisis de todos esos datos se amoldan al discurso maniqueísta de los Estados Unidos, a la orden de movilización sin exclusiones. Todos los conflictos sociales importantes reproducen esa dualidad simplificadora, en todos se afirma la disciplina mediática del Imperio.

La distribución de la “verdad” es en líneas generales la misma que la de las armas y su poder discursivo. Los EEUU, cuyo presupuesto de Defensa supera el de los ocho países que le siguen en esa escala específica de los gastos en armamento, monopoliza en la práctica el poder militar y la Verdad universal.

Washington proclama la verdad sin más resquicios que aquellos que permiten algunos desahogos sin importancia de los aliados y el tributo obligado ante opiniones públicas no totalmente domesticadas. La verdad de los EEUU, la verdad de todos, sólo admite algunos matices colaterales.

La obediencia es la única norma imperativa del código ético de la comunicación en nuestros días, la desvergüenza es su forma particular de encubrimiento.

En el último mes de mayo, en el templo guerrero de West Point, provocando el delirio patriótico de los futuros centuriones, el comandante en jefe Bush proclamaba la última norma de la guerra antiterrorista de los Estados Unidos. Washington está dispuesto a realizar “ataques preventivos” -no sólo sin declaración de guerra o aviso previo, sino también sin causa comprobable alguna- que alcanzarán de lleno, como en todas las guerras realizadas en los últimos años, a la población civil.

En la disponibilidad para la guerra y el asesinato masivo, y en el desprecio por el derecho internacional, la soberanía de los estados y el derecho de los pueblos, los Estados Unidos están llegando mucho más allá que el modelo de brutalidad y agresividad internacional del último siglo: el Tercer Reich.

La reacción de los fabricantes de la opinión pública es totalmente desolador. Su complicidad no parece tener límites. El discurso humanicida de Bush, acentuado después del 11 de septiembre y expresado con la máxima brutalidad en West Point, ha sido calificado simplemente como “belicista” por lo grandes medios más “progresistas”, quienes al mismo tiempo se apresuraban a contrastarlo con el discurso “moderado” empleado en la siguiente visita a Europa [5]. De este modo, lo atroz era comentado sin escándalo, como una arenga de cuartel frente al discurso razonable de la intervención ante el Bundestag alemán. Sin embargo en ese viaje trasatlántico de la templanza, Bush reiteró todos sus planteamientos e intenciones en relación con la campaña interminable, universal y de incorporación obligatoria, e identificó la civilización europea con la guerra antiterrorista.

Su única concesión a la “buena fe” de los medios fue la promesa de consultar a sus aliados europeos en casos de ataques de gran envergadura como el previsto contra Irak. Ya tenemos larga experiencia de cómo se procesan y cuál es el ritual de esas consultas. El verdadero premio a la moderación deberíamos reconocérselo al conjunto de medios de comunicación capaces de apañárselas para no alterar –ante “bombardeos de alfombra”, ciudades arrasadas y embargos genocidas- el sosiego, el bienestar moral y el conformismo apacible del “ciudadano universal” [6].

En esa guerra “antiterrorista” que es en realidad la disciplina planetaria del orden neoliberal, y que ha declarado Washington a todos los países y organizaciones rebeldes del mundo, la información y la comunicación son un campo de batalla permanente y cotidiano.

Tal como ha sucedido en otros escenarios de esa misma guerra global, los grandes medios de comunicación –Falsimedia- han ajustado su “producción” al cumplimiento meticuloso de la primera norma de esa guerra implacable: el alineamiento en “orden de combate”.

La tarea esencial de Falsimedia es la de adaptar la conciencia del “ciudadano universal” a la aceptación de las acciones de la “guerra total antiterrorista”.

Los medios la han cumplido hasta el punto de que un proceso acelerado de liquidación del derecho internacional e implantación de una dictadura planetaria, como el que ha ocurrido en los últimos años, no ha tenido incidencia alguna en la opinión pública. Y eso a pesar de la visibilidad del mismo, derivada de la enorme coherencia con el objetivo de implantación de un orden imperial que han tenido sus expresiones parciales, de la flagrante contradicción con el sistema de valores proclamado, y de la publicidad de sus datos esenciales. En ese escenario de la información toda posibilidad de denuncia o de debate ha desaparecido. Los medios aparecen como un conjunto unánime, como un subsistema integrado en el sistema de poder que gobierna el mundo.

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