¿A quién benefició la nacionalización del petróleo?

El conflicto que vivimos en Venezuela, cuya solución pasa por el efectivo control de la empresa energética estatal (PDVSA) y con resultados que nos afectarán política, económica y socialmente por un período considerable, es propicio para volver la vista hacia el proceso que hace casi treinta años ocupó los más importantes escenarios de la República: la nacionalización de la industria petrolera.

Ese evento fue impuesto por los medios de difusión como la quintaesencia del patriotismo, como el mejor exponente del nacionalismo y --por sectores e individualidades de izquierda-- como indudable gesto de firmeza frente a las intenciones depredadoras del imperio, por lo que podemos preguntarnos si esta irrupción de golpismo fascista, de irracionalidad antipopular, de absoluta inmoralidad transnacionalizada --también celebrada y apoyada por sectores e individualidades de izquierda-- no será hija legítima de aquel parto.

Trataremos entonces de acercarnos a un somero análisis retrospectivo.

I. CONTEXTO MUNDIAL

El petróleo como fuente de energía dio a los Estados Unidos un papel hegemónico y hasta finales de la Segunda Guerra Mundial ese país fue primer productor y exportador, afianzado en compañías cuyas ramificaciones se extendieron por toda la superficie terrestre, y por análisis o versiones interesadas acerca de agotamiento de sus yacimientos, el gobierno estadounidense, mediante sus empresas aceiteras, comenzó a controlar las fuentes más allá de sus fronteras. Manipuló precios para proteger a sus productores nacionales y favorecer así a las grandes empresas, lo cual condujo a una lucha con Inglaterra por la hegemonía en el Medio Oriente, fuente segura de crudos controlados por siete firmas de las cuales cinco eran estadounidenses.

En 1951 el doctor Mohammad Mossadegh, Primer Ministro, nacionaliza la Anglo-Iranian Oil Company (hoy British Petroleum) en franco enfrentamiento con el imperio y el 16 de agosto de 1953 los gobiernos estadounidense y británico establecen un plan conjunto ("Operación Ajax") que bajo dirección del funcionario de la CIA Kermit Roosevelt resultó en el derrocamiento de Mossadegh. Es curioso, pero tanto antes como después del golpe los Estados Unidos jugaron un papel de doble función, pues sirvieron de "amistosos" consejeros del gobierno iraní logrando después obtener un importante puesto en el control del petróleo, antes monopolizado por Inglaterra. Los pueblos árabes vivieron una ola de nacionalismo que --según opinaba Juan Pablo Pérez Alfonso ("El Desastre", Vadell Hermanos, 1976)-- fue la chispa decisiva para la constitución de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960, con el propósito de proteger los intereses de los países productores frente al monopolio de las grandes empresas, tarea que esa organización no pudo cumplir pues Washington ha manejado al petróleo no como una mercancía sino como un recurso de poder, así que mediante decisiones gubernamentales como dar facilidades fiscales a las petroleras o cerrar importaciones hacía fluctuar los precios de acuerdo a sus propias necesidades y a tono con la lógica interna del capital, que es la búsqueda incesante de mayores beneficios, sean éstos producto de la explotación de trabajo humano o la reducción de costos en el proceso de producción Esa lógica conduce, a su vez, a la internacionalización para poder superar los límites que la naturaleza o la sociedad puedan poner a su necesidad de constante y cada vez mayor acumulación, lo que Rudolf Hilferding, Lenin y otros como Bujarín y Rosa Luxemburgo diagnosticaron imperialismo, definiéndolo como fase superior del capitalismo.

En 1857 Carlos Marx lo sintetizaba ("Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política" [Gründrisse], Siglo XXI Editores, Tomo I, p. 362, octava edición): "La tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea misma del capital. Todo límite se le presenta como una barrera a salvar. Por de pronto someterá todo momento de la producción misma al intercambio y abolirá la producción de valores de uso directos que no entran en el intercambio, es decir, pondrá la producción basada sobre el capital en lugar de los modos de producción anteriores, más primitivos desde el punto de vista del capital. El comercio ya no aparece aquí como función que posibilita a las producciones autónomas el intercambio de su excedente, sino como supuesto y momento esencialmente universales de la producción misma".

Y cuando esa tendencia se concreta en realidad histórica surgen inevitablemente las contradicciones entre los capitalistas, toda vez que los más fuertes entre ellos tratan de obtener y consolidar el control de la sociedad, cuya representación se arrogan. Pero esas contradicciones no llegan a ser antagónicas pues la fuerza orgánica del capital reside en la estructura del Estado. La contradicción se manifiesta entre fracciones de la misma clase y la victoria corona a las que se vinculan a la transnacionalización. Las rezagadas quedan circunscritas a los reducidos límites de sus Estados nacionales.

En junio de 1970 el presidente Houari Boumedienne nacionaliza todas las empresas petroleras no francesas en Argelia. En 1971 Libia nacionaliza el 50% de la British Petroleum. En 1972 Irak y Siria nacionalizan las empresas petroleras. La presencia de la Unión Soviética dificulta que los Estados Unidos e Inglaterra ejerzan acciones directas de retaliación y las corporaciones comienzan a buscar otras salidas y proponen a los países árabes una sociedad de propietarios, que según el jeque Yamani "aportará grandes cambios. reforzando las estructuras existentes y protegiéndolas". Y en verdad resulta un buen negocio pues las empresas petroleras encuentran respuestas a sus necesidades de obtener mayores beneficios sin tener que invertir grandes masas de dinero. Si transfieren las actividades de prospección y extracción a los Estados propietarios garantizando la recepción de la materia prima y el control de la comercialización del producto no es necesario ser economista para entender lo redondo del negocio.

Por esos años los Estados Unidos enfrenta una gran crisis, toda vez que Japón y Europa muestran un desarrollo que amenaza la supremacía del hegemón internacional, debilitado por la inocultable derrota política, militar y sobre todo moral que le propinó el pueblo vietnamita.

El gobierno Nixon decidió aceptar las recomendaciones de una Comisión encabezada por el general G. Lincoln, representante de la Office for Emergency Preparedness, consistentes en un alza en los precios del petróleo en el mercado mundial para garantizar mayores índices internos estimulando inversiones requeridas para desarrollar fuentes energéticas propias, con lo cual lograrían alzas en los costos incurridos por Japón y Europa para su energía, mejorando la competitividad de la producción mercantil estadounidense en el intercambio mundial.

Y como lo expone Pierre Péan ("Petróleo: La Tercera Guerra Mundial", Monte Ávila Editores, 1974, página 19): ". Luego de la guerra del Kipur-Ramadán, la potente máquina norteamericana se pone en marcha. Washington reprocha a Europa por no ponerse a su servicio para hacer llegar armas a Israel. Kissinger comienza alternativamente a ejercer presión sobre Israel y sobre los países árabes. Con gran rapidez domina la evolución de la situación en el Medio Oriente. Estados Unidos, considerados hasta entonces por los árabes como el enemigo público número uno, tienen, desde enero de 1974, el dominio total sobre Egipto y Arabia Saudita. Los 'adversarios' de ayer se convierten en los más fanáticos defensores de los Estados Unidos ante los demás países árabes. La unidad árabe no resiste a las actitudes con respecto a Norteamérica. Surge una fisura entre los pro-norteamericanos y los progresistas: Irak, Libia, Siria y Argelia. Estos países, considerados como 'perdidos' por Washington, son aislados de los 'elementos sanos'. Los Estados Unidos consolidan su dominio sobre la región petrolera más grande del mundo".

La táctica utilizada fue variada, desde las costosas campañas publicitarias hasta la presión de cualquier tipo contra los aliados díscolos. Pero la estrategia es una e invariable: el uso del petróleo como arma política. Los resultados se observan en un redespliegue industrial y una nueva división internacional del trabajo.

Por otra parte, las compañías petroleras tienen un aprendizaje que será de gran utilidad para futuras negociaciones: no es tan importante la propiedad de los yacimientos como la seguridad de poder comercializar parte o todo el petróleo de los países productores.

II. LA VENEZUELA DE ENTONCES

La sociedad en comandita que tenían AD y COPEI para monopolizar al gobierno ejecuta otra de sus puestas en escena y resulta electo presidente Carlos Andrés Pérez, quien da comienzo a una reorganización del aparato administrativo para ponerlo a tono con las necesidades del capitalismo y al frente de ese proyecto se coloca un sector de la burguesía que por esos días fue bautizado "emergente" y cuya cabeza visible estaba constituida por "los doce apóstoles" (Pedro R. Tinoco, Gustavo Cisneros Rendiles, Enrique Delfino, Concepción Quijada, Edgar Espejo, Julio Pocaterra, Jesús Muchacho Bertoni, Aníbal Santelíz, Ciro Febres Cordero, Arturo Pérez Briceño, Ignacio Moreno y Carmelo Lauría.) Pedro R. Tinoco --vinculado al clan Rockefeller, representante legal de Iron Mines y de Bethlehem Steel-- había criticado acerbamente la intervención económica del Estado en la "Carta Económica de Mérida", aprobada en una Asamblea de FEDECÁMARAS durante el gobierno de Raúl Leoni, pero en su libro "El Estado Eficaz", editado sin fecha por "Italgráfica", SRL, propone todo lo contrario: ". Una de las funciones que caracterizan al Estado moderno --promotor del desarrollo en todos sus aspectos- - es la de planificación. No se concibe un Estado moderno sin un sistema nacional de programación a corto, mediano y largo plazo, en el cual se jerarquicen las prioridades con base a los recursos. Reconocida su relevancia, la planificación debe ser compulsiva para el sector público y concertada e indicativa para el sector privado. (pág. 43) Tampoco puede aceptarse el nombramiento de políticos, sin conocimientos ni experiencia en la materia, para cargos gerenciales y técnicos. (pág. 107) ... Pero además, y en este mismo orden de ideas, hace falta la creación del Ministerio de la Industria Pesada, para que supervise la acción del Estado en el campo de las producciones básicas. Se trata, obviamente, de una actividad de fundamental importancia estratégica para el país, de cuya efectividad y rendimiento dependerá, en buena parte, nuestra posibilidad de desarrollo. (pág. 126) El crítico del partidismo "olvidó" que formaba parte de un cogollo (AVI) y que su papel preponderante había sido impuesto por un sector del partido Acción Democrática, pero los criterios por él expuestos fueron aplicados en el Anteproyecto de Ley de Sistemas de Empresas del Estado. La visión de conjunto de ese instrumento de hegemonía clasista era el V Plan de la Nación. Y la intención era modificar la organización y papel estatales para optimizar los mecanismos de dominación. Pero no faltaron las protestas de los sectores capitalistas rezagados como se manifestó en la Asamblea de Fedecámaras de mayo de 1976: ". Este intervencionismo está causando perturbaciones en la acción de la libre iniciativa y en la operatividad de la empresa privada; elimina las condiciones necesarias para el juego de la libre competencia; crea una situación de dependencia de la economía privada en relación con el Estado, que es a todas luces perjudicial; limita la capacidad gerencial de la iniciativa privada." Era el canto de cisne del sector capitalista que veía la acción estatal fortaleciendo a una fracción de su misma clase, esa fracción que había entendido las nuevas realidades del mercado internacional y realizó una lectura correcta: el nuevo modelo exigía inversiones en masas monetarias que solo el Estado podía aportar.

Carlos Andrés Pérez tranquiliza sin embargo a los rezagados en la lucha por la hegemonía y en la citada Asamblea les dijo: "La actividad petrolera en manos del Estado incrementa la participación del sector público a un 60%. Pero puede observarse que la inversión bruta fija en el V Plan de la Nación mantiene una proporción sólo de 53 a 47 a favor del sector público. Sin embargo, estos mismos resultados deben ponderarse en términos relativos en función del impacto que la economía pública ejerce en la expansión de la economía privada, tanto por el efecto de formación de la demanda como la transferencia monetaria del sector público al sector privado, por la vía financiera y por la creación de estímulos de todo orden." La identidad capital estatal-capital privado no deja lugar a dudas en cuanto al papel jugado por el Estado como resumen de dominio clasista y mientras la burguesía emergente adelanta las tareas de reorganización requeridas [Reforma Administrativa diseñada por Tinoco], Gumersindo Rodríguez expuso ante la misma Asamblea de Fedecámaras: "La reducción del gasto público corriente --y su consecuente orientación hacia las actividades productivas-- sólo puede ser posible en la medida en que parte de la sociedad venezolana asuma la responsabilidad de compartir con el Estado el financiamiento de los gastos de servicios básicos indispensables, a fin de mejorar la capacidad del Estado para consagrarse al financiamiento de los grandes programas de naturaleza industrial. quien tenga capacidad económica pague la matrícula de sus dependientes que van a la Universidad. y que los servicios asistenciales sean igualmente pagados por aquellos que puedan hacerlo en los hospitales del Estado para así coadyuvar en el costo de mantenimiento de estas unidades de servicios básicos".

Y esa fue la "Gran Venezuela", cuyo Estado remachó la exclusión de los sectores explotados marginándolos de cualquier derecho político y social, abandonándolos además a su propia suerte expropiándoles de los beneficios económicos, mientras adelantaba políticas dirigidas a favorecer al "sector privado" por la vía financiera y por la creación de estímulos de todo orden. El gobierno del "partido del pueblo" se comprometió con el capital a reducir el gasto social de 12% a 5,2% ahorrando 85.288 millones de bolívares para mejorar el activo financiero estatal ("El Nacional", 23-05-1976) La salud, la educación, el acceso a los servicios quedaban limitados a quienes pudieran pagarlos.




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¿Qué pasaba mientras tanto con los trabajadores, cómo estaban organizados, cuáles eran sus conquistas y cómo eran éstas defendidas? El gobierno de Carlos Andrés Pérez emitió Decreto 123 el 21 de mayo de 1974 mediante el cual se aumentaba salarios desde un 25% para inferiores a un mil bolívares hasta 5% para aquellos entre cuatro y cinco mil. El salario mínimo fue fijado en quince bolívares diarios excepto para servicio doméstico, condicionado al ingreso de los patronos. A la euforia de esos aumentos siguió la frustración de la "sinceración de precios" que acompañada de la reducción de subsidios a bienes de consumo popular y aumentando los precios mínimos barrió con el salario real. Hubo además otros Decretos, como el de incrementar plantilla de trabajadores no menor al 5% de personal activo, cuyos resultados fueron nulos, como después reconoció el propio presidente.

Y también fue aprobada, el 8 de agosto de 1974, una Ley de Despidos Injustificados cuyo proyecto había sufrido radicales cambios por la mayoría parlamentaria de AD, resultando que el destino de los trabajadores quedó en manos de una Comisión Tripartita [conocida mejor como la "trimaldita"] pero dejando al patrono el derecho de despedir con pago doble de prestaciones.

El despojo de los derechos económicos y políticos a causa del reacomodo que la burguesía emergente hacía pueden ser resumidos así: 1. corte presupuestario de gastos sociales, mediante el cual obtuvieron ventajas adicionales privatizando educación, salud y seguridad pública; 2. aumento de la tasa de beneficios por manipulación de salarios e incremento de precios de los bienes de consumo, y 3. reducción de los derechos políticos y sociales a sectores populares mediante uso de recursos como engavetamiento de expedientes, dilación de respuestas ante reclamos legales, desconocimiento del derecho a huelga y permanente violación de garantías constitucionales. De allí la proliferación de institutos de educación privada, de clínicas, de empresas de vigilancia/protección, aumento del desempleo, crecimiento de "empresas de maletín" que solo recibían subsidios y préstamos irrecuperables y decenas de reclamos (muchos sin resultados) de trabajadores ante las Inspectorías del Trabajo por despidos injustificados y burla en pago de prestaciones. La represión también tuvo su tarea de inhibir mediante el terror con ataques a huelguistas, asaltos de bandas armadas a locales sindicales, "razzias" contra barrios populares, detenciones, torturas y asesinatos.

Hay algunos intentos de organización y lucha por parte de sectores de trabajadores (principalmente en el sector textil que se perfilaba como vanguardia del proletariado industrial en el centro del país) quienes deben afrontar simultáneamente al patrono, al gobierno y a los aparatos sindicales de control, especialmente a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que no pocas veces tomaba la delantera al Ministerio de Trabajo para declarar ilegales a las huelgas de los trabajadores. Fue de gran importancia el combate librado por los textileros para sacudirse la dictadura sindical de SUTRATEX pues en ese proceso hubo planteamientos por la necesidad de conquistar la autonomía clasista. El ataque contra los trabajadores y sus intentos de organización puede mostrarse en cifras: de doscientos veintidós paros realizados en el ejercicio 1974-1975, sólo seis fueron declarados legales.

Es de señalar que los nuevos precios petroleros significaron aumento de ingresos fiscales de 11.271 millones de bolívares de 1973 a 36.814 millones en 1974. Y la contribución del sector al PNB, que en 1973 era de 15.673 millones de bolívares, llegó a 42.167 millones en 1974. Las reservas internacionales, a su vez, de 2.412 millones de dólares aumentaron hasta 6.581 millones en 1974.

El cerco tendido por la burguesía --independientemente de sus fracciones-- actuando como una sola y misma clase, era rígido pues requería arrinconar al movimiento popular en su conjunto y restarle posibilidades de combate contra la organización desigual típica de cualquier sociedad dividida en clases. Y venía como anillo al dedo para el proyecto que liderizaba Carlos Andrés Pérez con sus doce apóstoles.

En Decreto 10 del 22 de marzo de 1974, el presidente crea una Comisión ad honorem para analizar las opciones en función de anticipar el acto de reversión de concesiones y que así el Estado asumiera el control de las actividades petroleras. La fracción emergente de la burguesía se preparaba para un paso importante y decisivo en la búsqueda de su vinculación directa con los circuitos del capital multinacional. La contradicción más visible era el cuadro de crisis económica y social con un movimiento popular dividido, fragmentado y disperso pero que daba muestras de no estar rendido. Era requerida una política que maquillara un poco al dominio y mostrara más al consenso.

Tarea para Acción Democrática y sectores de la izquierda.

III. LA NACIONALIZACIÓN

En julio de 1971 el gobierno de Rafael Caldera promulga la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos mediante la cual se consagraba el derecho del país a rescatar la industria petrolera en perfectas condiciones de operatividad sin deber de indemnización por bienes revertidos. Las compañías petroleras no recibieron con especial agrado esa decisión y no pocos analistas relacionaron ese disgusto con el resultado electoral de 1973. Pero ya el adelanto de reversión había sido tema en la campaña, demostrándose una vez más que las nacionalizaciones no son, por sí mismas, hechos revolucionarios. Pocos meses antes de las elecciones el candidato adeco decía que para la reversión era necesario el intercambio de opiniones del gobierno con las de los sectores más fundamentales del país, entre los cuales no contaba la opinión popular, cuya consulta fue calificada de absurda ("El Universal", 15-08-1973) No era una posición personal de Carlos Andrés Pérez. No se trataba de una expresión particularmente odiosa de un individuo. Era la reiterada exposición de un criterio partidista, de una línea política. Y a ese respecto ejemplificamos con la respuesta que dio Juan Pablo Pérez Alfonzo ("El Desastre", edición citada, página 15) a la pregunta de si en 1945 era posible la nacionalización: "Ciertamente, aunque la nacionalización no hubiera sido efectiva, como tampoco lo fueron otras medidas adoptadas. Pero vista aquella situación desde el momento actual, he considerado que se debió intentar la nacionalización, porque a pesar de que habríamos sido derrocados en cualquier caso, el país podría haber contado con esta bandera, con esta esperanza desde aquella época." Y más adelante (página 36): ". Yo no la estoy enfocando como realizable en toda circunstancia, sino concretamente como un elemento mejor de acción para un gobierno, a fin de adecuar esta explotación a los intereses venezolanos." Pérez Alfonzo fue llamado el padre de la OPEP, organización fundada en 1960, cuando también nace la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), de la cual dijo Rómulo Betancourt en 1962 que no había sido creada para competir sino como intermediaria para celebrar contratos de servicio, razón por la cual no le fue asignado capital de operación. Es nítida la diferencia entre una empresa que persigue adecuar la explotación de un recurso a los intereses de un colectivo nacional y otra que solo facilita la contratación de servicios. Y las palabras y acciones del señor Carlos Andrés Pérez se acercaban más a los criterios de Betancourt que a los de Pérez Alfonzo.

El proyecto de ley es introducido el 11 de marzo de 1975 ante el Poder Legislativo y al día siguiente el presidente asume particular responsabilidad por la modificación de fondo que supone aprobar el artículo 5º, el de los convenios operativos con entidades privadas. Es obvio que el proceso apunta a favorecer a un sector determinado de la sociedad en desmedro de otros y por cuanto el partido AD tiene mayoría en el Congreso, sus representantes hacen uso de su inveterada prepotencia como esta de David Morales Bello: ". Por razones de congruencia en el comportamiento, los depositarios de la confianza mayoritaria del país deben ser perseverantes en el cumplimiento de los compromisos contraídos con los dueños de la soberanía popular. Y sería incurrir en inexcusable incongruencia buscar complacer a los menos, exponiéndose a defraudar a los más. Si el pueblo le negó su fe en mayor proporción a los que por eso perdieron las elecciones, ¿qué induce a pensar que a ellos corresponde el derecho de calificar lo que es bueno y lo que no lo es en materia de conducción política del país?" (diario "Punto", 25-03-1975) Por cierto, ¿pensará en iguales términos hoy? Pero ante las protestas de los partidos opositores [en especial el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), al cual debe reconocérsele una firme actitud en defensa de los recursos energéticos del país], las erupciones oportunistas de COPEI, cuya dirección se presentaba como adalid de una nacionalización que no fue capaz de realizar siendo gobierno, y el arrogante autoritarismo adeco. ¿qué decían las compañías, supuestamente "lastimadas"? Pues todas, mostrando una jamás vista inclinación a la equidad, acataron la decisión y expresaron vivos deseos por seguir siendo útiles. En los diarios de Caracas correspondientes a mayo de 1974 pueden leerse declaraciones de representantes de las empresas petroleras en tal sentido. Por la Creole, Robert Dolph y Guillermo Rodríguez Eraso; por la Royal Dutch-Shell, Alberto Quirós Corradi; por la Mobil, Richard Howe, y por la Mene Grande Oil, Lewis Ramsey.

El 18 de agosto de 1975 fue aprobada la ley, un "round" que claramente ganó la burguesía emergente en medio de un fragor mediático que presentaba al hecho como el non-plus- ultra del nacionalismo y de la "verdadera" independencia. Nada dijeron en cambio --en ese momento ni después-- del gran negocio que hicieron las empresas energéticas con las indemnizaciones y los leoninos contratos. Tampoco explicaron que desde 1960 hasta 1971 las compañías habían invertido 3.818 millones de dólares en Venezuela y se llevaron 12.566 millones, de ellos 7.850 millones por concepto de rendimiento de la inversión.

En cuanto a la burguesía [las dos fracciones, la emergente y la tradicional], obtuvo entre otros los siguientes beneficios: a) el valor de las importaciones aumentó de 16.249 millones de bolívares en 1974 a 44.738 millones en 1978, en tanto las exportaciones se redujeron de 47.435 millones a 39.525 millones en el mismo lapso; b) hasta el 30-12-1976 fueron concedidos 12.198 millones de bolívares en exoneraciones a la industria; c) en 1974 los empresarios pagaron 1.425 millones de bolívares en impuestos pero recibieron 1.760 millones en exoneraciones aduaneras y 3.000 millones en créditos concedidos por distintas instituciones del Estado; de 1974 a 1978 fueron acordados 22.084 millones de bolívares por exoneraciones industriales, 7.670 millones en avales y 6.612 millones en subsidios económicos, todo ello como incentivo al desarrollo que los beneficiarios nunca motorizaron, desviado enormes sumas hacia negocios especulativos; la banca comercial aumentó, de 1974 a 1978, de 245 a 351 sucursales; de 479 a 680 agencias, con utilidades estimadas de 390 millones de bolívares a 924 millones en el mismo periodo; d) la remuneración salarial disminuyó en promedio de 49,6% en 1969-73 a 43,7% en 1974- 78, mientras la participación de la retribución del capital aumentó de 50,4% en el primer lapso a 56,3% en el segundo.

Las empresas internacionales, por su parte, recibieron indemnización y quedaron exentas de responder por el despilfarro de recursos debido a métodos irracionales de explotación, por los daños causados al entorno, especialmente al Lago de Maracaibo, y también con relación a los fraudes cometidos por esos consorcios mediante manipulaciones contables como estructuración de altos costos por depreciación acelerada de activos, evasiones tributarias y otros denunciados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, especialmente la extracción de 120 millones de barriles de petróleo en áreas marginales que no fueron cancelados al país.

El 30 de agosto de 1975 es creada Petróleos de Venezuela, S. A., mediante Decreto presidencial 1.123. Es nombrado presidente el general Rafael Alfonzo Ravard, quien firma contratos de tecnología con las petroleras (llamadas "operadoras"), acerca de los cuales se deben señalar dos aspectos: 1. son firmados sin que haya información previa ni posterior, es decir, se inaugura la funesta práctica del secreto que daría origen a la "caja negra" de PDVSA, y 2. los contratos tecnológicos no son tales pues solo dan derecho a continuar utilizando el bagaje de técnicas, métodos y procedimientos conocidos a lo largo de los años de explotación petrolera. Ni siquiera permiten, los fulanos contratos, transferir tecnología.

El negocio es muy productivo para las empresas "nacionalizadas", toda vez que mantienen el monopolio de las áreas que generan ganancias e imponen limitaciones al país "nacionalizador" pues los contratos establecen que el asesoramiento en operaciones de producción se contraen al ámbito de las anteriores concesiones y el asesoramiento en operaciones de refinación es señalado por las capacidades que tenían las plantas al momento de la nacionalización. Para exceder esos límites era necesario un contrato aparte. Otra modalidad limitante que da características leoninas a esos convenios se refiere a dos aspectos: 1. las operadoras no asumen responsabilidad de ningún tipo ante PDVSA por errores o incumplimientos, y 2. es prohibido el intercambio de información tecnológica entre las diferentes operadoras nacionales, cada una de las cuales se denomina "tercero" en los textos contractuales.

Hay detalles [muy prolijos para un trabajo como el presente] que muestran cómo los consorcios multinacionales perfeccionan el control sobre todas y cada una de las operaciones de PDVSA, le atan las manos con el fetichismo tecnológico, le limitan posibilidades en investigación y desarrollo, le constriñen a comprar bienes, materiales y equipos a las corporaciones a los precios por ellas impuestos e introducen cláusulas que las liberan de pagar aumentos impositivos nacionales. ¡Y por todo ello cobran! La burguesía emergente se coloca de esa manera en lugar privilegiado para tomar decisiones de carácter estratégico, se articula con el circuito capitalista internacional y remacha su control interno con la aprobación del V Plan de la Nación, mediante Decreto 1.454 del 9 de marzo de 1976 sin pasar por el Congreso. Quedaba sancionada la Reforma de la Administración Pública y en posteriores movimientos se irá cerrando el cerco autoritario contra los sectores populares, especialmente el movimiento obrero, con el chantaje "nacionalista" que condenaba cualquier huelga. A ese fin es emitido el Decreto presidencial del 19 de marzo de 1976, en el cual se establecen sanciones a los trabajadores públicos que participen en paros ". ya sea por propia iniciativa o impulsados por asociaciones o sindicatos, o cualquier otra organización semejante." ¿Es lógico pensar que a la dirección de PDVSA fueran designadas personas con ideas diferentes o contrarias a ese fraude "nacionalizador" y a los planes de los doce apóstoles?




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