En alguna ocasión leí que, solo en la ciudad de Detroit (en su momento, Meca de la industria automovilística gringa), habían más de 400.000 apartamentos vacíos, cuyos ocupantes habían sido desalojados por parte de las empresas inmobiliarias, coaligadas a su vez con una banca voraz. Era la época en la cual esas bancas ofrecían gangas a la clase media y obrera estadounidense durante la llamada "burbuja inmobiliaria", con préstamos cuyos intereses eran irrisorios y que abrieron el apetito de aquella clase media. Cuando estalló esa burbuja inmobiliaria, los interese de sus casa se dispararon de tal forma que ya no pudieron pagar esas vivienda y estas fueron a parar a manos de las inmobiliarias, y sus ocupantes, a la calle.

En el caso anterior, la tragedia ocurrió por un juego perverso entre los sectores bancarios e inmobiliarias en USA, producto de un modelo salvaje y neoliberal, hijo del capitalismo imperante en ese país. Lo traigo a colación, porque aquí en la Venezuela "socialista", con un modelo político que consagra el derecho a la vivienda como un derecho constitucional y con un gobierno que ha entregado más de un millón de viviendas a venezolanos de la clase media y baja, se corre el riesgo de ver desalojados de sus viviendas y echados a la calle a ese millón y pico de venezolanos, producto de una "ley estafa" promovida por la AN, a través de uno de sus representantes más conspicuos, Julio Borges.

La estafa consiste en hacerle creer a ese pueblo (otra vez, a través del engaño), que sus viviendas no tiene la propiedad respectiva y que ellos (cuan mansos corderos), se las darán a través de la mencionada ley. Al igual que hicieron los banqueros e inmobiliarias en USA, les están "dorando la píldora" con el discurso aquel de la capitalización de esas viviendas, del aumento del valor de las mismas y que ellas pueden ser "valoradas" en el mercado inmobiliario para acceder a préstamos y créditos de la banca. Si dicha ley es aprobada, y los adjudicatarios caen en la trampa, producto de los "cantos de sirenas", embarcándose en préstamos, hipotecas y otros "instrumentos inmobiliarios", lo más probable es que veremos a ese millón de viviendas ofertadas en el santuario del "mercado", con inmensas ganancias para ese sector inmobiliario, y sus ocupantes, como siempre, a la calle.

Pero hay un pequeño problema no resuelto aún por estos estafadores de siempre; nuestra constitución garantiza que la vivienda obtenida a través de la GMVV, es un bien familiar que no puede ser sometido a este tipo de instrumentos como hipoteca, embargo, etc., por ser vivienda principal y el asiento de la familia. En otras palabras, la ley estafa es desde ese punto de vista inconstitucional y seguramente no pasará el escrutinio de los órganos constitucionales de la nación. Pero la situación anterior ha abierto la discusión acerca de los verdaderos objetivos de la AN y sus representantes, que no es otra que eliminar la CRBV porque ella es un freno a las ambiciones, no solo del sector bancario e inmobiliario sino de todos aquellos con poder económico y que necesitan recuperar el poder político.

Esa es la discusión que hay que darla en el seno del pueblo a través de todas sus organizaciones sociales y políticas, sin sectarismos y con visión de estadistas. Explicarle a ese pueblo es porqué de las colas, el porqué de la escases inducida, el porqué del sabotaje en los distintos sectores del país, ¡explicarles, explicarles…! Aprovecharse de ese "tiro en el pie" de Borges para explicar al pueblo que el fin último de esa Asamblea es desbancar todos los logros de la revolución en estos 17 años para volver a la época de los ranchos, la lámina de zinc, la Ballena y el Rinoceronte, las estafas bancarias, etc. Podríamos comenzar con esos 4 millones de venezolanos (1 millón x 4 integrantes/vivienda) que ven amenazada de manera real con perder sus viviendas.