De cara a las elecciones del 8D, ninguna victoria es tan importante para el chavismo como la del Municipio Sucre de Miranda. Allá, el Potro Álvarez tiene la tarea de derrotar a Carlos Ocariz, introductor en Caracas de la banda paramilitar Los Urabeños. Ocariz, pieza fundamental que controla Primero Justicia, es pésimamente evaluado por los electores mirandinos, incluso los de urbanizaciones habitadas mayoritariamente por escuálidos. Su gestión ha sido desastrosa, con aspectos inocultables, como el que ese municipio esté tapizado de basura sin recoger, además de numerosos escándalos de corrupción. La victoria chavista en Sucre, el municipio más poblado de Miranda, significa la muerte política de Henrique Capriles y su segura derrota cuando aspire de nuevo a la Gobernación. Sin embargo, desde dentro del chavismo hay una campaña divisionista que estimula a los votantes a quedarse en casa, para no votar por un candidato “farandulero”. Porque así califican al Potro Álvarez, un deportista de primera, que jamás tuvo nexos con la farándula (lo cual tampoco es delito ni incapacita para cargos públicos) y que ha demostrado gran capacidad política y un excelente discurso, tan bueno como el del mejor candidato en cualquier parte del país. La miopía de algunos dirigentes de base chavista, más los sobornos de Ocariz, que sabe que sólo puede ganar si los revolucionarios se abstienen el 8 de diciembre, genera disensiones en un municipio que son incapaces de captarle el valor estratégico que tiene. Los escuálidos sí saben valorarlo y echan el resto allí, comprando conciencias pues saben que decidirá la Alcaldía, la Gobernación mirandina y la Alcaldía Metropolitana.
A muchos le sorprende el bajo perfil que en las últimas semanas mantiene el diputado escuálido Miguel Ángel Rodríguez. Este sujeto, un energúmeno considerado uno de los parlamentarios más agresivos y violentos, ahora apenas acude a las sesiones. Ese cambio de conducta no es que haya reflexionado ni nada parecido. La causa del silencio del principal jalabolas de Marcel Granier es que sabe que ya le detectaron sus guisos en la Lotería del Táchira. En efecto, Granielito sacó ilícitamente una verdadera fortuna de esa institución, en negocios que personalmente realizó asociado con el ex gobernador César Pérez Vivas, más conocido como Mazamorro.
La rectora de la UCV, Cecilia García Márquez, que se hace llamar García Arocha como si fuera hermana de su apá, Raúl García Arocha, está montando una verdadera dictadura en la universidad. Allí no hay elecciones y las autoridades llevan largo tiempo con el mandato vencido. Los hampones que controlan la casa de estudios están nombrando decanos a dedo, pese a que la ley de educación exige que sean elegidos por la comunidad universitaria. Se ven abusos insólitos, como la designación como decana de Irma Behrens de Bunimov, viuda de Boris Bunimov Parra y parte de la rosca que lleva medio siglo robando en la Facultad de Derecho. Esta señora no reúne los requisitos necesarios para el cargo, pero la García Márquez la impuso con su dedo, pese a que había candidatos que sí cumplían con las exigencias de ley. En la Facultad de Odontología, feudo personal de la rectora y su familia desde hace décadas, metieron a juro a Aura Osorio, para suceder a Raúl García Márquez, quien falleció siendo decano.
Una situación realmente repulsiva se vivió en Maracaibo durante buena parte de este jueves, cuando un grupo de hampones que contrabandean a Colombia productos de primera necesidad subsidiados en Venezuela, trancaron prácticamente todas las vías importantes de esa ciudad. Los llamados “bachaqueros”, incluso pusieron bajo asedio la residencia del gobernador Francisco Arias Cárdenas y amenazaron con asaltar la sede de la Guardia Nacional. Esas basuras aterrorizan a las autoridades, a las que amenazan con aplicar la “ley guajira” a todo el que se opone a sus fechorías. La ley guajira es un eufemismo para designar los asesinatos. La realidad es que, por amenazas o por mera cobardía, los malhechores pararon la ciudad exigiendo que los “dejen trabajar”, pues así denominan que les permitan llevar a Colombia los productos que, precisamente por su culpa, escasean en nuestro país. Lo cierto es que se vivió posiblemente el peor ejemplo de falta de autoridad, de miedo, de irrespeto a la ley y de blandenguería, generando la impresión de que gobiernan los miedosos, que se chorrean ante la actuación del crimen organizado. Porque se trata de crimen organizado, de mafias que controlan a los bachaqueros hasta el punto de dirigirlos contra el país en acciones de calle estratégicamente planeadas para bloquear las vías determinantes. Al final, Nohelí Pocaterra, convenció a los facinerosos de que levantaran el bloqueo a la Gobernación, quién sabe a cambio de qué promesas para permitirles que sigan esquilmando a la patria.
Hay funcionarios que dan asco por su cobardía y jalabolismo. Manuel Suárez Hidalgo, uno de los viceministros de Interior y Justicia, fue a Maracay a mentir y a adular. Ese bichito aseguró que en Aragua la inseguridad bajó considerablemente, pocos días después de un fin de semana que sólo en Maracay acumuló 15 asesinatos. La cifra para los pelos si se considera que el Municipio Girardot tiene apenas algo más de 400 mil habitantes. Por eso choca tanto que un arrastrado vaya allí a soltar tamaño embuste.
Nada hay más despreciable que los cobardes. Luz Mely Reyes, directora del pasquín 2001, compareció ante la Fiscalía, donde se investiga la campaña de ese diario para aterrorizar a los ciudadanos haciéndoles creer que viene desabastecimiento de gasolina. Esa publicación abrió su primera página con un titular que decía “la gasolina la echan con gotero”, y señalaba que no había algún tipo de combustible en numerosas bombas de Caracas, mientras que a las del interior se lo suministraban con enorme retraso. La idea de la famiglia de Armas, capos del panfleto (a quienes, por cierto, la valiente Fiscal General no se atrevió a citar), era efectivamente crear falta de combustible, al estimular las compras nerviosas. La peculiar defensa de Luz Mely Reyes fue decir que en el artículo no se usa la palabra “escasez”. No se sabe qué interpretará esa periodista por echar con gotero la gasolina. En cualquier caso, y a pesar de que la investigación la solicitó el Presidente, los de Armas y sus esbirros pueden estar tranquilos. Están en manos de Luisa Ortega, es decir, gozan de la impunidad que esa señora le da a todos los escuálidos, aunque asesinen fiscales como Danilo Anderson.
Mientras el Tareck el Aissami se dice abanderado de los derechos humanos y otras pendejadas, la realidad es que su policía aplica la técnica puntofijista de las redadas. En efecto, violando la ley y actuando al margen de lo que fue la línea de Chávez, funcionarios de la policía aragüeña entran en los barrios y se llevan a los ciudadanos. Obviamente, por ese procedimiento y como ocurría en la IV República, jamás capturan a un hampón. Apresan a personas honorables, cuyo delito es ser pobres y vivir en barriadas populares.
