Durante las dos últimas décadas de la Historia venezolana, buena parte del sector universitario ha asumido una postura bien crítica respecto a la relación de las Universidades autónomas y el Gobierno nacional, quizá como no se había visto en otros tiempos. La mayor parte de la crítica, rayando en la irracionalidad, apunta a la violación continua y flagrante de la autonomía, en desmedro de la libertad político-ideológica y la generación de conocimiento. Ahora bien, todos aquellos que han asumido tal postura no han tenido en cuenta, por diversos motivos o intereses, que la tal autonomía obviamente no puede considerarse como una especie de cheque en blanco para que se haga lo que venga en gana al interior de las universidades; si el Estado venezolano financia a estas Casas de Estudios se comprende que intervenga (gústenos o no) de una u otra manera en el funcionamiento de las mismas, exigiendo además que desempeñen un papel fundamental para la nación y sus proyectos económicos, sociales, industriales y de otra índole.
Pero más allá de toda la avalancha de denuncias sobre violación de la autonomía universitaria en los últimos años, cabría preguntarle a las autoridades, profesores, estudiantes y otros miembros de las universidades autónomas, por qué quieren hacer creer al pueblo venezolano que con anterioridad al Gobierno de Chávez no se violaba la tal autonomía, o que se hacía de forma muy esporádica. Si bien hay quienes creen en una lucha justa en defensa de las universidades, en aspectos como la asignación de recursos suficientes, hay otros que luchan por intereses mezquinos, por simple oposición al Gobierno de turno y/o por figurar a nivel académico-político.
Sobre la violación de la autonomía universitaria en el pasado, es pertinente reseñar una parte del testimonio del historiador Alí López, docente jubilado de la Universidad de Los Andes, quien describe cómo era violada la autonomía durante la “democracia” puntofijista, incluyendo la brutal represión policial-militar contra los estudiantes. El testimonio en cuestión es importante considerando que este personaje es un conocido opositor (hay quienes en la comunidad ulandina aseguran que se trata de un simple oportunista); más aún, reconoce López que fue durante el Gobierno de Chávez que se confirió rango constitucional a la autonomía universitaria:
“En adelante, dicha autonomía sería un factor de discordia entre las Universidades públicas y los Gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, desde Rómulo Betancourt hasta Hugo Rafael Chávez Frías, por la defensa que aquellas hicieron de los derechos que les garantizaban las Leyes de Universidades de 1958 y 1971. Hasta 1999, los Gobiernos de Acción Democrática y Copei, en represalia a las protestas de los gremios universitarios, críticas y posiciones políticas de los partidos de izquierda atrincherados en algunas de las universidades nacionales, violaron la autonomía universitaria en lo que a su recinto se refiere, asesinaron y detuvieron estudiantes y recortaron como forma de presión el presupuesto anual, culminando la primera década de la democracia con la intervención y cierre de la Universidad Central de Venezuela, durante el gobierno de Rafael Caldera. Lo que sigue es una historia más que conocida por quienes tengan la oportunidad de leer nuestros señalamientos históricos, fundamentalmente por los que han conocido y vivido de manera directa la situación de la universidad venezolana autónoma y democrática (…)
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 confirió a la autonomía universitaria rango constitucional, lo cual no fue reconocido en la Constitución de 1961, a pesar de que en 1958 la Junta de Gobierno había dictado el primer Decreto-Ley de Universidades de la era democrática” (http://uvero.adm.ula.ve/prensa/index.php/la-autonomia-universitaria-como-problema-historico-la-interpretacion-temprana-del-rector-caracciolo-parra/).
