El año 2002 fue catastrófico para los venezolanos. Fue un año donde el gobierno
del presidente Hugo Chávez Frías logró sobrevivir, pero su capacidad de gobernar
se fue haciendo cada vez más reducida. El 2 de diciembre se inició el tercer
paro cívico que afronta en el año, además del golpe de Estado el 11 de abril,
que llevó a la instauración de un gobierno de facto, hecho que no ocurría
en el país desde hacía medio siglo. La dictadura instaurada entonces disolvió
en las pocas horas que vivió todos los poderes públicos y procedió a la persecución
política de los funcionarios del gobierno caído y a la represión del pueblo
que se resistía. [1] Especialmente emblemático del futuro que deparaba a la
sociedad bajo tal régimen fue el asedio a la embajada de Cuba el día 12. Ubicada
en el este de Caracas, turbas de clase media apostadas desde la mañana cortaron
los servicios de agua y luz, destruyeron los vehículos de la embajada, obstaculizaron
la entrada y salida de la casa y amenazaron con violar la sede, todo esto
sin que ésta recibiera protección alguna por parte de las autoridades nacionales,
metropolitanas o municipales (ver video de VTV, 2002) [2]. El golpe de Estado
del 11 de abril tuvo su punto de partida en un paro cívico nacional convocado,
al igual que este de diciembre, por Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV) y la llamada Coordinadora Democrática que agrupa partidos
políticos y organizaciones sociales de la oposición. Así las cosas, los venezolanos,
especialmente los caraqueños, se encuentran estresados y enfermos. Hemos estado
sometidos a presiones políticas y psicológicas inusitadas. Diversos gremios
médicos, psiquiatras y psicólogos han alertado reiteradamente a lo largo del
año, sobre el creciente deterioro de la salud mental y física de la población.
El paro cívico nacional que al momento de finalizar
este artículo sigue en desarrollo, al igual que el de abril que precedió al
golpe, se desarrolló en los primeros días con poco éxito. El lunes 2 y martes
3 el comercio abrió en el oeste de la capital casi por completo, mientras
en el este de la ciudad estaba casi todo cerrado [3]. En el interior del país el cierre también fue muy parcial. El transporte
funcionaba normalmente, también los bancos, los mercados mayoristas de alimentos,
las farmacias y la economía informal, que emplea a más de la mitad de la población
económicamente activa. Las cosas comenzaron a cambiar el miércoles 4 cuando
comenzó a hacerse visible actividades de paralización en la industria petrolera,
al incorporarse al paro una porción de su gerencia ejecutiva y mayor. Petróleos
de Venezuela, SA, conocida como Pdvsa, es la más grande empresa de América
Latina y una de las mayores petroleras del mundo. Por otra parte, el día 6
en la noche en la plaza Altamira de Caracas, se produjo un acto terrorista
contra los civiles allí reunidos. Ubicada en el este de la ciudad, esta plaza
ha sido el lugar donde ha estado apostado desde finales de octubre un centenar
de militares de distintas fuerzas, declarados en “desobediencia civil” al
gobierno [4]. La plaza ha sido declarada “zona liberada” y grupos de simpatizantes
de estos militares se reúnen allí constantemente. El atentado dejó un saldo
de 3 personas muertas y unas 20 heridas. Las declaraciones esa noche de algunos
líderes de la oposición y militares, al igual que el 11 de abril, llamaban
al levantamiento militar y culpabilizaban al gobierno. Afortunadamente, algunos
otros opositores reaccionaron con mejor tino, llamando a la cordura y colaborando
inmediatamente con las fuerzas policiales en los trabajos de investigación
para dar con los culpables. Así mismo, el gobierno se movió con cautela y
la Fuerza Armada, que en abril a raíz de los hechos de violencia en el centro
de Caracas parte de su alta oficialidad se movió hacia el golpe de Estado
contra el gobierno, esta vez y hasta la fecha se ha mantenido apegada a su
rol institucional (ver OSAL, no. 7, 2002).
El conflicto entra a una segunda fase
A partir del atentado en Altamira se entró en
una nueva fase del conflicto entre gobierno y oposición. La noche del lunes
9, el presidente de la CTV anunció que el paro, que hasta ese momento se prorrogaba
día a día, se convertía en indefinido, la palabra utilizada fue “irreversible”
y la oposición movía su objetivo de pedir “elecciones ya” a exigir que “Chávez
se vaya”. Por otra parte, la evidencia del paro petrolero, es decir, la industria
caminando hacia su paralización, se volvió el centro de la conflictividad
y las demás paralizaciones fueron perdiendo importancia. Esa noche del 9,
mientras la oposición llamaba al paro indefinido, el presidente de Pdvsa,
doctor Alí Rodríguez Araque, ex secretario de la OPEP, desde el canal del
Estado, denunció como un plan criminal por parte de la gerencia mayor de la
empresa el propósito de parar la industria más importante del país; advirtió
del colapso económico y social que por este motivo se avecinaba y pidió al
pueblo acercarse a las distintas edificaciones y sedes de la compañía para
hacerle ver a estos sectores el apoyo con que cuenta el gobierno. A partir
de ese día, el conflicto político adquirió ribetes dramáticos.
Antes de este paro cívico, desde el 11 de noviembre
había venido funcionando la llamada Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdos
entre gobierno y oposición. Hacia el jueves 28 y viernes 29 de noviembre esta
Mesa parecía a punto de alcanzar un acuerdo en torno a una salida electoral.
Pero el sábado 30 la oposición decidió no concurrir a la Mesa y optó por proseguir
con la convocatoria al paro cívico con el que venían amenazando en los días
previos. A partir del lunes 2, fue el gobierno el que se negó a volver a la
Mesa argumentando que no podía llegar a un acuerdo con “una pistola en la
sien”. Una semana después, la misma noche del lunes 9, cuando gobierno y oposición
profundizaban sus amenazas mutuas, simultáneamente, en una lógica perversa
y esquizofrénica, volvían a activar la Mesa encabezada por el facilitador,
doctor César Gaviria secretario de la OEA, para discutir una salida política.
Pero, la posibilidad de una salida no violenta
parece cada vez más difícil. Esta extrema polarización política ha estado
alimentada y magnificada por unos medios de comunicación que a lo largo del
año se han parcializado y radicalizado hasta el punto de borrar para buena
parte de sus consumidores – y los venezolanos somos muy adictos a la TV -
los límites entre la realidad y el reality-show. Los medios de comunicación
privados, cinco en total, están cohesionada y abiertamente en contra del régimen
de Chávez, a quién acusan de asesino, dictador y castro-comunista. Durante
el desarrollo del paro le dedican hasta 18 horas de cobertura al conflicto,
resaltando las acciones de la oposición de las cuales son los principales
convocantes y promotores, ampliando y reiterando los comportamientos agresivos,
pasando películas sobre dictadores y distorsionando a su favor las proporciones
con que participan los venezolanos en las diversas movilizaciones a favor
o en contra del gobierno. El canal del Estado, por su parte, ante esta avalancha,
se ha plegado al gobierno y también le dedica su tiempo y espacio a cubrir
la información oficial y de los apoyos sociales y políticos con que cuenta
el gobierno. Los periodistas, salvo honrosos excepciones, cogidos entre este
irracional e irresponsable enfrentamiento, amenazados en su integridad física
por los sectores civiles radicalizados de lado y lado que los han convertido
en blanco de sus rabias, muestran las mismas posturas intolerantes de los
dueños de medios.
En el escenario de fondo de esta polarización
alarmante, se encuentran 20 años de recesión económica, empobrecimiento social,
aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, resentimiento
de clase, una élite política fracasada que se niega a verse privada de sus
privilegios y grupos económicos nacionales e internacionales que buscan oportunidades
doradas en un país que es una de las naciones petroleras más importantes del
mundo. Pero lo que ha actuado agravando todos estos factores ha sido el vacío
de mediaciones y representación políticas entre sociedad y Estado, producto
del colapso del bipartidismo venezolano que se produjo en la década del 90.
Ello ha propiciado la emergencia de un conjunto de actores que buscan llenarlo
y que desafortunadamente, los más fuertes de éstos carecen de formación, conciencia
y experiencia política para hacerlo responsablemente colocando a la sociedad
al borde de un abismo.
Los medios de comunicación, quizás en este momento
los actores políticos más poderosos, no conocen la racionalidad política ni
tienen cultura de negociación y tolerancia. La defensa de sus intereses privados
se convierten en lo central de sus actividad política, intereses que se han
visto respaldados por sectores sociales diversos, pero principalmente de ingresos
altos y medios. La gerencia mayor de Pdvsa, la llamada “tecnocracia petrolera”,
que ha decidido paralizar la industria, es otro actor político carente de
conciencia, formación y responsabilidad política. Ellos, tras el argumento
de la “meritocracia” en la carrera dentro de la industria, escudan su enfrentamiento
y oposición a la política petrolera del gobierno del presidente Chávez y,
al igual que los dueños de medios, anteponen sus intereses corporativos a
los intereses nacionales.
La reforma petrolera
La reforma petrolera adelantada por el Estado
venezolano en estos años es el motivo real de los disgustos de la tecnocracia
petrolera. Esta tecnocracia en los dos gobiernos previos venía ejerciendo
una política de apertura petrolera, que buscaba en lo fundamental hacer
énfasis en una política de aumento del volumen de producción de petróleo sobre
el precio de éste en el mercado internacional, y defendía la postura de una
política petrolera que se formulaba y ejercía desde la empresa. De hecho,
en esos años Pdvsa se convirtió en un Estado dentro del Estado, formulando
las políticas y administrando los cuantiosos recursos de la empresa. Como
resultado de ello, el ingreso fiscal petrolero ha disminuido, y la ineficiencia
de la compañía ha ido en aumento (ver Díaz Rangel en Últimas Noticias,
15-12-2002). Esto ha buscado ser revertido por la reforma petrolera actual
que, continuando la tradición de política petrolera del Estado venezolano
a lo largo del siglo XX previa a la apertura, se centra en recuperar
el papel del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas como el lugar
de formulación y elaboración de la política petrolera, y enfatizar, en consonancia
con la OPEP, la defensa de los precios sobre los volúmenes, para salvaguardar
el ingreso fiscal petrolero. Venezuela durante los años de gestión del presidente
Chávez se ha comprometido y defendido las políticas de los países productores
de petróleo que se organizan en la OPEP contribuyendo al fortalecimiento de
esta organización. Por otra parte, hace unos 2 meses el Estado firmó con los
trabajadores de la industria un contrato colectivo sin conflictos, donde las
partes quedaron satisfechas. Es así como el paro petrolero descubre su rostro
patronal, estrictamente político e insurreccional
[5] .
Por otra parte, los presidentes de la CTV y de Fedecámaras, a nombre de
sus organizaciones también en funciones políticas protagónicas, pertenecen
a las élites que sienten sus posiciones debilitadas por las victorias electorales
de Chávez y la alianza de fuerzas políticas que lo respaldan. La CTV reúne
principalmente a sindicatos de la administración pública que en realidad han
estado divididos en relación a este paro. Algunos sindicatos se sumaron, otras
se mantuvieron al margen. Es de resaltar que los sindicatos de las industrias
básicas no petroleras, las que tienen el mayor volumen de obreros y trabajadores,
se pronunciaron desde un comienzo en contra del paro convocado por el presidente
de la CTV. Tales son los casos de los sindicatos de la Siderúrgica del Orinoco,
de la empresa de Aluminio, de Ferrominera y de la Hidroeléctrica. La misma
postura asumió el sindicato de los trabajadores del Metro de Caracas. También
es de recordar que 52% de la población económicamente activa está en el sector
informal, y son ellos los que vienen abasteciendo de manera importante a la
capital frente al cierre parcial de la asociación de supermercados y abastos
y de centros comerciales. Finalmente, con relación a la mayoría de los partidos
y organizaciones sociales que se agrupan en la llamada Coordinadora Democrática,
que son más mixtas en sus estrategias políticas, hasta la fecha no han jugado
papel central en esta confrontación de fuerzas. Suelen ser utilizados para
darle una imagen de tolerancia y no violencia a la oposición cuando sus sectores
más radicalizados arriba mencionados lo consideran políticamente oportuno.
Tercera fase del conflicto
El 19 de diciembre, con 17 días de paro, el Tribunal Supremo
de Justicia admitió un amparo constitucional contra los hechos, actos y omisiones
provenientes de los integrantes de la asociación llamada “Gente del Petróleo”,
asociación constituida por los gerentes responsables de la paralización de
la empresa petrolera. Igualmente acordó medida cautelar innominada consistente
en ordenar a todas las autoridades y particulares vinculados con la actividad
económica e industrial de Pdvsa acatar todos aquellos decretos y resoluciones
emanados de los órganos competentes para lograr la inmediata puesta en funcionamiento
de la industria petrolera y sus derivados. Pocas horas después, los gerentes
de Gente del Petróleo, respaldados por Fedecámaras, la CTV y la Coordinadora
Democrática anunciaron que no acatarían la sentencia judicial, con lo cual
el conflicto venezolano entraba a una tercera fase: la oposición en pleno
se ponía al margen de la ley y la gerencia de Pdvsa mostraba su rostro más
nítidamente. El conflicto de los gerentes de Pdvsa ya no es en estricto sentido
contra el gobierno de Chávez sino contra el Estado venezolano, y en última
instancia, por lo que éste representa, contra la nación. Este objetivo en
los días siguientes se hizo más claro cuando algunos dirigentes de la oposición
hablaban también de disolver a la Guardia Nacional, y aún a otros componentes
de la Fuerza Armada, dado que no lograron que los apoyaran en este enfrentamiento
con el gobierno de Chávez.
Al momento de terminar este análisis, los bandos parecen haber llegado a
un clímax y Venezuela a una encrucijada decisiva. Las movilizaciones en Caracas
de ambos bandos continúan y la ciudad está con un racionamiento de gasolina
que altera la vida cotidiana y seguridad de todos, y ahonda la situación de
estrés y guerra psicológica. Las pérdidas económicas motivadas por la paralización
de la industria petrolera y el cierre voluntario o forzoso de numerosas actividades
económicas, arrojan pérdidas multimillonarias que presagian un futuro inmediato
muy difícil para los venezolanos, independiente de cómo quede resuelta esta
confrontación. Los dirigentes de oposición llamaron a sus simpatizantes a
suspender la celebración de las navidades hasta salir del Presidente. A la
medianoche del 24 de diciembre como señal de protesta y para arruinarle las
navidades a quienes no comparten sus posiciones políticas, la dirigencia de
la oposición llamó a batir con más ahínco que nunca las cacerolas que vienen
sonando cada noche a las 8.00 pm desde que comenzara este paro. Las últimas
decisiones de la oposición apuntan hacia una estrategia de destrucción del
Estado venezolano que venía reconstruyéndose bajo las directrices de la Constitución
de 1999 y las diversas leyes creadas o actualizadas desde entonces.
Por su parte, el gobierno ha llamado a la movilización
permanente de sus simpatizantes a fin de sortear las dificultades confrontadas
por el paro, en especial por el paro petrolero. Asociaciones de cooperativas,
organizaciones de ingenieros petroleros y otros profesionales, pequeños y
medianos productores, campesinos, buhoneros, vecinos, jubilados de distintas
profesiones, etc. están en las calles y se organizan en diversos niveles para
prestar su apoyo al gobierno. A raíz de la decisión judicial de aprobar el
amparo constitucional, miles de personas en Caracas y otras urbes se han movilizado
para apoyar con sus firmas y acciones dicho amparo y los siguientes pasos
judiciales que él conlleva. En Pdvsa, más de un centenar de gerentes de la
nómina mayor han sido destituidos por el presidente de la industria, nombrándose
nuevos jefes regionales y otros sustitutos de cargos claves. Por otra parte,
sectores del pueblo movilizados conjuntamente con la Guardia Nacional protegen
las instalaciones y las gandolas de transporte que llevan el preciado combustible
desde los llenaderos o almacenes en distintos puntos del país hasta las estaciones
de servicio. Los buques-tanqueros que surten esos llenaderos o que exportan
el hidrocarburo hacia el exterior han poco a poco sido recuperados por la
compañía de las manos de capitanes de la Marina Mercante sumados a la paralización
llamada por la gerencia mayor. El Ministerio de Energía y Minas en los últimos
días ha puesto avisos en medios de comunicación llamando a diversos profesionales
para llenar las vacantes en un esfuerzo titánico por reganar la industria
que fue llevada a una virtual paralización de actividades.
El conflicto en perspectiva internacional
El conflicto petrolero venezolano, independiente
de su desenlace final tendrá hondas repercusiones no sólo en la sociedad venezolana
sino en las relaciones de poder que actualmente se construyen en los procesos
de globalización que tienen lugar en el planeta. En Venezuela se está jugando
la posibilidad de que una corporación transnacional poderosa como lo es Pdvsa
–pero puede ser cualquier otra - pueda tener poder de veto sobre el gobierno
de un Estado nación que fue electo por procedimientos democráticos. Es de
resaltar que las nóminas, ejecutiva y mayor de Pdvsa, suman unas siete mil
personas y que es una parte de ellas la incorporada a las acciones de paralizar
la industria. Tras la pugnacidad de la gerencia petrolera, de los medios de
comunicación privados y de los grandes grupos económicos venezolanos, se están
moviendo también en respaldo a las fuerzas de oposición intereses transnacionales
petroleros y de otras índoles que mucho se beneficiarían de la destrucción
del Estado venezolano. Citando un documento redactado por la gente de el “Diálogo
por la inclusión social y la profundización de la democracia”, que agrupa
a intelectuales y académicos que ha venido moviéndose en búsqueda de un debate
de altura y la construcción de puentes entre los sectores enfrentados:
La situación venezolana actual no es un problema circunscrito territorialmente
ni causado exclusivamente por razones internas. Por el contrario, afecta y
es también determinada por fuerzas e intereses que se desenvuelven en el ámbito
internacional. La forma en que sea superada la actual crisis en Venezuela
tendrá sin duda hondas repercusiones en la región y es por ello que hacemos
un llamado a los distintos gobiernos, organizaciones sociales y organismos
internacionales de vocación democrática para que apoyen abiertamente el esfuerzo
que se realiza en la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdos.
Sea cual fuere la resolución que termine teniendo esta situación de aguda
confrontación, emerge con nítida claridad sobre quienes está recayendo la
mayor carga de los costos materiales de este conflicto. Las repercusiones
económicas para los meses venideros, con la merma en los ingresos fiscales
y el quiebre de numerosos medianos y pequeños negocios e industrias, significará
la acentuación de los indicadores de regresión socioeconómica que Venezuela
ostenta desde los años 80 y el aumento de los niveles de pobreza y deterioro
de la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos.
[1] Para una enumeración de la violación de los derechos
humanos de los venezolanos durante las 48 horas del gobierno de facto de Carmona
véase, Provea (informe anual 2001-2002). Allí se contabilizan entre otras
violaciones: 73 muertes, por lo menos 40 por motivos políticos; 5 torturados
por motivos políticos; 100 personas resultaron heridas por armas de fuego;
persecución política a funcionarios caídos y cerco informativo por parte de
los medios de comunicación vulnerándose los derechos de expresión e información.
[2] No sólo no protegieron la embajada sino que el alcalde
del municipio de Chacao se apersonó en el lugar, pidió entrar en la sede y
una vez dentro quiso revisarla en fragrante violación de los derechos internacionales
que asisten a las sedes diplomáticas.
[3] La información de este artículo ha sido tomada de diversos
periódicos y sitios Web. En especial, el diario de cobertura nacional Ultimas
Noticias ha sido tomado como referencia para compararlo con otras informaciones.
[4] Buena parte de los militares que iniciaron esta acción
participaron activamente en el golpe de Estado del mes de abril. Inicialmente
algunos eran oficiales activos. A la fecha todos han sido pasados a situación
de retiro.
[5] La Ley Orgánica del Trabajo, sancionada en 1997 considera
que los gerentes son “representantes del patrono aunque no tengan mandato
expreso...” (artículo 51) y una huelga es “la suspensión colectiva de las
labores por los trabajadores interesados en un conflicto de trabajo” (artículo
494). De manera que no estamos ante una huelga sino un paro patronal de naturaleza
política.
