Venezuela, mejor dicho, el Estado venezolano y los gobiernos que han existido en el país desde 1830 hasta nuestros días, tienen contraída y pendiente una deuda histórica con los soldados del Ejército Patriota, nacida en los años anteriores al triunfo de la Independencia. Una deuda que constituye una inmensa e imponderable injusticia con quienes expusieron la vida y se sacrificaron generosamente para dar libertad, no sólo a los venezolanos, sino libertad y ciudadanía a los habitantes de cinco repúblicas latinoamericanas: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá.
Se trata de una deuda que, de haberse pagado puntualmente, con toda seguridad Venezuela y esas cinco naciones hubieran iniciado, desde un primer momento, el camino de su modernización y alcanzado un progreso mediante el cual se hubiese conquistado el desarrollo y la plena independencia económica, con su correspondiente soberanía política; basado todo ello en la justicia social que hubiese hecho posible, alcanzándose desde el mismo siglo XIX, el dinamismo económico y la acumulación que hubiese permitido arribar a la meta bolivariana de garantizarle al pueblo la mayor suma de felicidad, de seguridad y de libertad, posibles.
Pero, ¿a cuál deuda nos estamos refiriendo? A la promesa incumplida de repartir entre los soldados del Ejército Patriota, una vez conquistada la independencia y garantizada la paz, las tierras agrícolas confiscadas a los grandes terratenientes peninsulares o criollos que habían luchado contra la independencia de la naciente república. Así lo había prometido Bolívar y otros generales de la Independencia que comandaron la liberación. Una promesa que, de haberse cumplido, hubiese significado, de manera más o menos inmediata, la modernización económica y social de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá.
En efecto, el fortalecimiento, el aumento de su poder en armas y en hombres, necesario para el triunfo de la gesta emancipadora, fue garantizado gracias a la promesa bolivariana de abolir la esclavitud y de repartir entre los soldados y oficiales del Ejército Patriota las tierras confiscadas a los terratenientes realistas, criollos o peninsulares, promesas formalizadas por el Libertador en 1817 a nombre de la nueva república. Unas medidas no sólo justas y necesarias para el progreso económico, sino imprescindibles, fundamentales desde el punto de vista estratégico, pues sin ellas no hubiese sido posible el triunfo de la causa independentista.
En efecto, el 10 de octubre de 1817 fue decretada por el Libertador la “Ley de Repartición de Bienes Nacionales”, considerando que era deber del gobierno recompensar en lo posible los invalorables servicios prestados por quienes sacrificaron su tranquilidad y sus bienes por la libertad y la felicidad de la Patria, sin que ellos y sus familias tuvieran de alguna manera asegurada su subsistencia presente y futura. En función de ello se ordenó -en ese decreto- repartir entre oficiales y soldados las tierras confiscadas a los enemigos de la Patria.
Para burlar o escamotear, tanto la abolición de la esclavitud como la reforma agraria que hubiese significado el reparto de las tierras, fue necesario: separar a Venezuela de la Gran Colombia; asesinar a Sucre, defenestrar políticamente a Bolívar y expulsarlo de Venezuela. Todo eso lo pudieron lograr las renacidas oligarquías de la época, apoyadas por los generales de la independencia que traicionaron a Bolívar, convertidos ahora en nuevos ricos, en terratenientes esclavistas recién vestidos y rearmados de viejos privilegios. Así, son despojados de sus derechos los gloriosos soldados libertadores.
Por otra parte, la abolición de la esclavitud (en 1854) decretada por José Gregorio Monagas, caudillo junto a su hermano José Tadeo de la denominada Oligarquía Liberal, fue decidida fundamentalmente por razones económicas, debido a que el trabajo esclavo, por su baja productividad relativa, había dejado de ser económicamente productiva o rentable. Aquella abolición no fue concebida y realizada por razones humanitarias ni de justicia social, sino, como una medida económica dictada en favor de los propietarios de esclavos los cuales fueron abusivamente indemnizados.
Las oligarquías desde el poder político se pagaron a si mismas una “propiedad” que además de ilegítima e inhumana, ya no tenía valor económico alguno, pues producía pérdidas (algo equivalente a los rescates bancarios de hoy en día, es decir, que el Estado asuma las pérdidas o mejor la desvalorización o quiebra de un negocio antes muy jugosamente rentable). Por otra parte, no se pensó para nada en la suerte posterior de los ex-esclavos, quienes no pudiendo ser absorbidos como mano de obra asalariada ni del campo ni de la ciudad, quedaron como una población marginal expuesta a la explotación semi-feudal y a la más degradante miseria. Después de celebrar durante días su “liberación”, los esclavos libertos regresaron a sus antiguas haciendas y plantaciones o a las ciudades, a deambular, a mendigar, a vagar y/o a robar para sobrevivir.
Estos despojos, estas burlas y traiciones, estas promesas de liberación que tampoco van a cumplir los gobiernos surgidos de la Guerra Federal en 1864, tuvo mucho que ver y explica el atraso, la miseria, la anarquía y la inestabilidad política que va a vivir Venezuela durante los setenta años restantes del siglo XIX. Así, el régimen político-social surgido en 1830 va a ser una republica de terratenientes esclavistas, de campesinos enfeudados y de africanos (afrodecendientes) esclavizados. Y por su parte, el régimen de caudillos enriquecidos por una voraz corrupción después de 1864, encabezado por el autócrata falsamente civilizador, Antonio Guzmán Blanco, quien se erige como caudillo de caudillos, como el jefe de la banda que reparte el botín, dará continuidad a la injusticia y el fraude a la Nación.
La falsa modernización que se le atribuye al “Caudillo Civilizador” sólo significó un reacomodo de los nuevos grupos caudillistas a la vieja estructura económico-social que tuvo como principales formas de propiedad, en puntos extremos, el gran latifundio y el pequeño conuco, unidos por una relación de expoliación del trabajo agrícola a pequeña o gran escala. Es decir, prevalecieron las anteriores formas de propiedad y de distribución de la riqueza, falsamente modernizadas. La población rural siguió atada a la tierra propiedad de los grandes latifundistas y, muy lentamente, de manera paralela, va formándose una clase social de peones y jornaleros, asalariados del campo. Así, la mayoría de la población rural fue mantenida en la pobreza y en la opresión. El país deja de ser una colonia de España para convertirse en neo-colonia de otras potencias europeas. Por su parte, Antonio Guzmán Blanco, el Carlos Andrés del siglo XIX, va a morir en Paris como propietario de una inmensa fortuna defraudada a la Nación.
Durante el siglo XX la situación no cambia sensiblemente. Durante el régimen de Juan Vicente Gómez, quien se atrincheró 27 años en el poder, se desató una insaciable y voraz terrofagia encabezada por el tiránico y cruel dictador tachirense. Ladrón de ladrones apoyado por el Departamento de Estado norteamericano, se apoderó de tierras rurales y de tierras urbanas, así como de otras formas de propiedad (agrícola, industrial y comercial), por lo que murió como uno de los hombres más ricos de América o del mundo de la época.
Después, a partir de la cuarta década del siglo XX la economía venezolana dejará de ser agro-exportadora, para convertirse en minero exportadora. La tierra dejará de ser la principal fuente de enriquecimiento y el subsuelo de la patria ocupará su lugar. Venezuela dejará de vivir de la renta agrícola, para vivir de la renta petrolera. A las dictaduras militares de derecha, sucederán democracias representativas de derecha que tampoco cumplirán las reiteradas promesas de realizar una reforma agraria que modernizara las relaciones de producción en el campo y democratizara la tenencia de la tierra mediante un equitativo reparto.
Por eso el gobierno bolivariano surgido en 1999, heredó un inmenso problema económico-social no resuelto, un problema pasado de gobierno en gobierno como una pesada y ardiente carga, durante casi doscientos años. Eso explica la inmensa tragedia de la infinidad de campesinos y trabajadores rurales que, por luchar por el derecho a la tierra para quien la trabaja, por luchar contra el reiterado y ancestral despojo de tierras sufrido por el campesino venezolano, por luchar a favor de los sin tierra, han sido asesinados durante los últimos años por las desatadas mafias a sueldo de inescrupulosos terratenientes, insaciables en su voracidad económica y su incorregible terrofagia.
En otras palabras, el incumplimiento de los gobernantes de todos los tiempos respecto a la deuda social histórica contraída por los Libertadores con los soldados del Ejército Patriota, ha tenido consecuencias demasiado dramáticas, demasiado trágicas para la población rural venezolana de todos los tiempos. Un gravísimo problema económico-social que está en la base de la injusticia social y del problema de la insuficiencia alimentaria y la dependencia agrícola que ha sufrido el pueblo venezolano respecto a la producción de materias primas y productos finales para el consumo.
Por todo ello, la propuesta de creación de la Gran Misión Soldado, un precioso legado, un proyecto póstumo del fallecido presidente, constituye una extraordinaria oportunidad para que la revolución bolivariana adelante esta tarea pendiente y pueda honrar así esta histórica deuda de la patria con su población rural. Todos sabemos que los saldados que conforman las Fuerza Armada de Venezuela, como siempre ha sido, provienen de todos los rincones de la patria, y la mayoría de ellos, de las zonas rurales de Venezuela.
Con este objetivo, resulta perfectamente posible, pensar, discutir, elaborar y ejecutar un plan destinado a cumplir ahora -en nuestros días- la promesa bolivariana. Un plan, para que cada soldado, una vez cumplido su servicio militar, pueda, si así lo desea, integrase a un proyecto que lo convierta en propietario agrícola, una propiedad que pudiera ser parte de una empresa familiar o local, colectiva, cooperativa o no, la cual, a su vez, forme parte de un colectivo social mayor, como, por ejemplo, una comuna rural, asentamiento o empresa agrícola comunitaria o socialista.
Todo ello, apoyado técnica y financieramente por el Estado y, como parte de un plan económico-social integral destinado a resolver el problema la insuficiencia o dependencia alimentaria y contribuir así a la diversificación productiva y a la independencia económica de la Nación, mediante el incremento de la producción y de la productividad agrícola y pecuaria, garantizando al mismo tiempo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, así como la subsistencia digna de los trabajadores rurales y sus familias.
La formación, la preparación, los conocimientos generales y la experiencia adquirida por cada soldado durante el cumplimiento de su servicio militar; la disciplina y el espíritu de equipo adquiridos durante su pertenencia a las Fuerza Armada Bolivariana, constituyen una formidable preparación, un extraordinario apuntalamiento para que esos soldados, una vez egresados del servicio militar, se conviertan en agricultores, organizados, eficaces, eficientes, solidarios y a la vez, altamente productivos.
Los soldados puedendurante su servicio militar, ser orientados, preparados, asesorados, entrenados, organizados, formados, etc., para su trabajo agrícola o pecuario futuro, con la circunstancia favorable a su preparación técnica, ética e ideológica, de estar sometidos a la disciplina militar. Durante la dictadura militar de derecha de Juan Vicente Gómez, apoyada por USA, los soldados reclutados eran obligados a trabajar gratuitamente en las haciendas privadas del dictador y sus acólitos.
Ahora, a través de la Gran Misión “Negro Primero” los soldados de la Patria, no serán explotados ni esclavizados en beneficio de ningún particular, simplemente se prepararán, sembrando sus propios alimentos (durante el servicio militar y para el autoabastecimiento del Ejército Bolivariano) se formarán -como agricultores eficientes y altamente tecnificados- en su propio beneficio. Se entrenarán para ser trabajadores libres de sus propias tierras familiares, cooperativas o comunales, en su propio beneficio y para beneficio de sus familias y de su comunidad.
Así, de esta manera, Venezuela dará cumplimiento a la deuda social e histórica contraída con los soldados de la Patria, lo cual redundará, sin duda alguna, en beneficio de todo el pueblo venezolano.
jmanuel_hermoso@yahoo.es
Abril de 2013, a doscientos años de la Campaña Admirable que condujo victorioso al Libertador al frente del Ejército Patriota desde la Nueva Granada hasta la ciudad de Caracas).
