I

Por otros lados del mundo, la dirigencia política que decide sobre los asuntos geoestratégicos de su país, lo hace y actúa en función a los esfuerzos y resultados que se tenga en materia de ciencia e investigación.

Desde hace mucho tiempo, algunos países, ya entendían que el bienestar socioeconómico de su población dependería de las capacidades de dominio del conocimiento, creadas y desarrolladas a lo largo del tiempo.

Décadas atrás, en América Latina, se venía hablando de la importancia y del efecto que igualmente ello tendría para atender asuntos fundamentales - incluso asuntos relacionados con la estabilidad democrática - como la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Casi que de manera discreta, algunos que otros políticos asesorados, venían insistiendo en la necesidad de que el Estado apoyara y financiara más la actividad de generación y desarrollo del conocimiento.

Mucho, pero mucho después que los países desarrollados, algunos gobiernos de la región han asumido una agenda para promover políticas orientadas al desarrollo de la ciencia, la investigación y la innovación, lo que ha generado – salvo algunas excepciones -, que se haya aumentado de manera sostenida, el presupuesto nacional en ciencia.

También se han creado, como ha ocurrido en México, instancias políticas como el Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología, adscrito a la Presidencia de la República que ha servido para apoyar la gestión de gobierno, facilitar la articulación interinstitucional y, sobre todo, para evitar el control absoluto y los excesos de formular e implementar este tipo de políticas por parte del ministerio de ciencia y tecnología. Supone, esto último, que el conocimiento es un asunto de Estado.

Es en el 2010 cuando la CEPAL, ya sin discreción ni temores, decía a todas luces en sus informes, que los países de la región estaban obligados a invertir mucho más en investigación; y afirmaba que prácticamente se haría imposible atacar la desigualdad social en ausencia de capacidades científicas y tecnológicas. Advertía también la CEPAL, que el crecimiento sostenido y la posibilidad de atender problemas de esa naturaleza, podrían verse limitados por la falta de políticas adecuadas para desarrollar la innovación, pero, también, por la ausencia de una institucionalidad coherente y articulada para implementar tales políticas.

Las experiencias que de forma particular pueden observarse en países del Asia y Europa, muestran cómo el Estado, siendo el principal actor político, y partiendo de una valoración y visión estratégica del rol del conocimiento, ha tenido que experimentar un proceso de transición y transformación en su estructura organizativa, programática y operativa. Esto le ha permitido funcionar de otra manera, a objeto de poder atender la complejidad de las demandas económicas, sociales y culturales relacionadas con la actividad del conocimiento. De igual modo, el Estado ha podido avizorar con mayor tenor estratégico, tanto los alcances y oportunidades de la actividad de cooperación internacional, como los espacios y límites reales de su soberanía tecnológica.

Este tipo de Estado reconoce la institucionalidad de la actividad de conocimiento, como garantía de estabilidad democrática y como una forma de fortalecer y aprovechar su posición estratégica en el marco de las relaciones internacionales.

En países más y menos desarrollados (científica y tecnológicamente) como Finlandia, Corea Sur, Japón, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Brasil, México, Colombia, Chile, entre otros, en lugar de declarar la soberanía tecnológica como modelo para implementar políticas, el Estado ha venido planeando su visión de “reducir brechas” de la dependencia tecnológica que existe con otros países. Ello, ha resultado positivo para el desarrollo y la evaluación programática de las políticas públicas y en el control y seguimiento de las expectativas de los ciudadanos.

Podría uno decir, que muy poca cabida hay para cuentos chinos.

Una referencia importante lo es Francia, este país ha venido orientando la investigación al interno, articulándola con una estrategia de cooperación científica internacional. Se trata, de una estrategia en el marco de su actual política exterior.

La iniciativa del Estado francés en desarrollar la “Diplomatie Scientifique Pour la France" (Diplomacia de la Ciencia para Francia) es una política de atracción, en las cuales participan de forma protagónica el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Educación Superior conjuntamente con la red interministerial y la red diplomática; esto con el objetivo preciso de fortalecer la política científica nacional, garantizar la movilidad de investigadores franceses y promover las políticas de innovación de las empresas francesas que se encuentran dentro y fuera del país.

En el escenario global, tareas de este tipo, han permitido que las sociedades reconozcan a las políticas públicas en ciencia y tecnología como prioridad y responsabilidad del Estado y la hagan, incluso, aspectos reguladores de la expectativa electoral. No obstante, son condiciones necesarias, la dirección estratégica articulada entre todos los actores que allí participan, sin anacronismo y mucho menos con el “despelote” que por lo general, se emana de la lucha de poder por lograr el protagonismo.

A lo que llamamos Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuestión que al parecer, en Venezuela, sólo interesa a ese ministerio, en muchos otros países ese sistema es invadido por una diversidad de actores e instituciones que directa e indirectamente participan en la actividad de generación y desarrollo del conocimiento. Allí, existen actores específicos que tienen una enorme y valiosa responsabilidad, sobre todo, cuando se trata de hacer exclusivamente ciencia e investigación.

En Brasil, por ejemplo, la “innovación abierta” no es un concepto “vale todo”. Este tipo de innovación es comprendida como un proceso inclusivo, pero fundamentalmente como un espacio para la valoración, exploración y verificación de ideas y saberes y permite la identificación de roles y define la participación de todos los actores e instituciones de la sociedad en grandes proyectos de desarrollo. Además, se ha podido aprovechar la fuerza laboral existente para articularla a este tipo de actividad, por ejemplo desde la “bolsa familiar” hasta los programas de “cooperativas solidarias” que son beneficios de asistencia continuada por parte del Estado a sectores excluidos y de la economía informal; igualmente se observa una actuación interinstitucional que permite detectar, desarrollar e implementar políticas capaces de promover la actividad del conocimiento.



II

En Venezuela, desde el gobierno y la oposición, han sido muchas las críticas que se le han venido haciendo a la dirigencia política de estos últimos años sobre los actuales resultados en el campo de la producción científica y tecnológica; también sobre la articulación de la ciencia y la investigación con el desarrollo productivo nacional y con los problemas relacionados a la pobreza, exclusión y desigualdad social.

Aunque poco o nada de caso han hecho a esas críticas, quienes defienden las políticas implementadas hasta ahora, ratifican y radicalizan su “visión revolucionaria” de comprender el rol de la ciencia y la tecnología, amparados de una supuesta independencia y soberanía tecnológica que honesta y objetivamente no tenemos, y que científicamente hablando, estamos bastante lejos de tenerla, sobre todo, si se continúa fortaleciendo la permanencia de las condiciones para el atraso científico y tecnológico.

Mientras todo esto ocurre y en medio de una bonanza nunca vista en el ente rector, por la recaudación de la LOCTI, lo que es evidente, es que en “revolución” la cultura científica y tecnológica del país no es mejor ni ha superado los problemas de la que teníamos antes. No lo es tampoco la percepción política de nuestra sociedad sobre la ciencia, ella, está cada vez más lejos de formar parte de la cultura política nacional, y esto no es menos importante.

En el ámbito estratégico y programático, las instituciones del Estado continúan como en la IV República, operando de forma incoherente y hasta “descosida”, éstas no están articuladas para apoyarse en la ciencia y la investigación como componentes fundamentales para el desarrollo nacional.

La Comisión Presidencial de Apropiación de Conocimiento y otros intentos de este tipo, que fueron creados bajo la premisa de la colaboración interinstitucional (con la presencia de algunos actores del Ejecutivo) y coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, no sólo han dejado de tener los resultados y efectos esperados, sino, que, además, se han diluido por las actuaciones burocráticas y la ausencia de un esquema programático y operativo cónsono con las demandas del país.

Más difícil aún, ha sido, que estas instancias se hayan podido convertir en campos del pensamiento estratégico de la política para la ciencia, la investigación y la innovación.

Ministerios como el de Educación Superior, Agricultura, Defensa, Energía y Minas, Industrias y Relaciones Exteriores, incluso el de las Comunas, poco o casi nada están articulados con el de Ciencia, Tecnología e Innovación.

No sorprende entonces, que tengamos los problemas que aún nos invaden y nos sumergen en el subdesarrollo: (1) no tener verdaderos y mejores científicos de los que antes teníamos en nuestras universidades y centros de investigación, (2) disminución de la producción nacional agrícola por no aprovechar adecuadamente las capacidades y potencialidades nacionales en el campo de la biotecnología, (3) poco dominio del conocimiento capaz de ser incorporado en la compra de tecnología militar, (4) carencia de proyectos de transferencia tecnológica para articularlo con el capital y la tecnología de los 21 países distribuidos en los 36 bloques de producción de la Faja Petrolífera del Orinoco, (5) inferioridad promedio de 3-10 veces del volumen de producción de petróleo (con desarrollo científico) al de hace 20 años, (6) desgaste de la infraestructura tecnológica básica en el sector industrial que supera en promedio el 80-85%, (7) falta de apoyo, ausencia de gestión y de investigadores calificados para el fortalecimiento y desarrollo de los centros de investigación de las empresas de la CVG y del campo de la minería, (8) ausencia de Agregadurías Científicas y Tecnológicas en Embajadas y Consulados de países aliados, en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación internacional, y con las que se puedan crear programas estratégicos a objeto de aprovechar y potenciar los procesos de transferencia tecnológica, (9) muy baja articulación con el poder popular para incentivar nuevas líneas de investigación que respondan a necesidades sociales concretas como salud pública, y otros muchos asuntos más.

Pónganlo como lo pongan, no hay manera de maquillar esta realidad.

Nadie podría negar, que el Estado, durante estos años, si ha hecho esfuerzos y ha dispuesto de recursos para “adoptar tecnología”, claro que lo ha hecho. Sin embargo, ha sido su labor más que insuficiente y nada revolucionaria de no crear y desarrollar una estructura de dominio del conocimiento, con la que pensemos a largo plazo reducir la casi total dependencia tecnológica del país, básicamente por haber optado a la compra sin límites de tecnología foránea, y con enorme ingenuidad y sentido mágico, querer hacer ver, que de esta manera, se estaría logrando transferencia de conocimiento y también la soberanía tecnológica.

Por citar sólo algunos ejemplos, desde la planta de producción de las “Canaima”, pasando por la televisión digital, hasta la fabricación y puesta en marcha de los satélites Simón Bolívar y Miranda - todos proyectos emblemáticos de la revolución – se detectan enormes debilidades en materia de infraestructura científica y capacidades humanas adecuadas. Tampoco hay pensamiento ni políticas estratégicas para darle sostenibilidad a estos proyectos, promoviendo y desarrollando ciencia básica y una gestión verdadera con relación a los potenciales procesos de transferencia tecnológica.

Adicionalmente, es más que evidente, la desarticulación institucional y la falta de redes gubernamentales para darle sostenibilidad a los mismos.

Así las cosas, será imposible acortar la brecha de dependencia tecnológica con los países proveedores de tecnología, que bien conocen de nuestras debilidades e ingenuidad, y bastante claro tienen su agenda de negocios.



III

Buenas noticias, esperaría uno, de que parte de la decisión de colocar como segundo al mando del timón del ejecutivo, fuese el que estuviese como Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, conciente y dispuesto a intentar enderezar las “patas cojas” que se han dejado en el camino durante estos años.
Según los inacabables e inefables rumores que hacen nuestra vida cotidiana, nos alertan y nos dicen, que la decisión de colocar al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Vicepresidencia de la República, ha sido más una decisión política y personal, en vida del presidente Chávez, que una decisión estratégica y programática de la gestión de gobierno.

Obviando la verdad o la mentira del rumor, y sospechando que la estancia del aún Ministro en la Vicepresidencia no parece corta, debiera ser un lujo y una estupenda oportunidad para cualquier país del mundo, que el Vicepresidente de un gobierno, sea alguien que antes haya estado cooperando con las políticas del Estado relacionadas con la ciencia y tecnología.

Ojala se haga la tarea mínima, generar los espacios programáticos a fin de articular las instituciones del Estado en la reformulación de grandes proyectos científicos y tecnológicos para el desarrollo integral de la nación. Más, eso no puede esperar.

Ahora bien, no es un secreto que la mayoría de los ministro que conforman el gabinete, no tienen dentro de sus apuntes el tema del desarrollo científico y tecnológico; los que lo tienen, allí, la tinta casi ni se distingue; y el que sí los tiene, seguro está que ya alcanzamos nuestra independencia tecnológica.

Negativo también lo es, el que los partidos de gobierno y oposición manifiesten un claro analfabetismo científico, uno porque claramente ha mostrado desconocer hasta del valor político de la ciencia y, el otro, porque no supera la visión aristocrática de comprender la ciencia.



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