Fundamentado en que la crítica y la autocrítica son actitudes que preceden necesariamente a toda postura revolucionaria, y convencido de que, “peor que la corrupción de los malos es el silencio de los buenos”, me atrevo con el debido respeto a la militante del PSUV e innegable revolucionaria y compatriota Antonia Muñoz, ha hacerles varios comentarios sobre su artículo publicado en el Boletín Informativo del PSUV, titulado “Ley de Costos y precios justos” (30/01/2013). Aunque la camarada Antonia reconoce que su artículo no versará sobre el contenido de la ley como lo sugiere el título, sino cómo, debería interpretarse o aplicarse la misma…, considero fundamental, que además de sus consideraciones sobre el título, la estructura de costos, la creación de empresas de producción social, y la organización de las comunidades en contraloría social; tome en consideración lo siguiente y lo lleve a las alturas del poder. En primer lugar, debo hacer un paréntesis para decir que una ley es un documento lingüístico, que cumple con una serie de normas, y que está dotada de eficiencia empírica para hacer realidad el espíritu de su articulado; cuando la Asamblea Nacional sanciona una ley, realmente lo que está haciendo es dotar a los ciudadanos de una herramienta para la sana convivencia en paz, ya que es un instrumento que permite resolver clara y pacíficamente cualquier conflicto presente y futuro; por lo que los legisladores deben tener conocimiento de nuestra realidad, con una alta sensibilidad social, y desde luego, con una visión del futuro; pues esos librillos, serán la guía para construir la nueva sociedad democrática, participativa y protagónica. Una vez dicho esto, voy al grano, comenzaré por recordarle a la camarada Antonia Muñoz, que sobre el tema en cuestión, nuestro Libertador escribió hace 185 años; esto se aprecia en un discurso realizado ante la Convención de Ocaña (29/2/1828) cuando dijo:

“la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Miren, que sin fuerza no hay virtud; y sin virtud perece la Republica…”; dos meses después, a pesar de todo el movimiento de traición que se cuajaba en su contra, el Libertador volvió a insistir sobre el tema, y le escribió una carta al presidente de la Convención de Colombia (J.M. Castillo) diciéndole:

“todo el cuerpo de la historia enseña que las gangrenas políticas no se curan con paliativos..”. Les confieso, que al escribir esta réplica cargada de buena intención a una líder del proceso (en la esperanza de que el gobierno revolucionario funcione bien), viene a mi memoria un artículo de opinión escrito en el año 2000 (cuando aun me permitían escribir en esos medios de oposición), luego que fueron aprobados los decretos con rango y fuerza de ley (especialmente la ley sobre simplificación de trámites administrativos), y sintiendo como revolucionario que no le paraban bola a esas leyes (aun nuestra propia gente)…, utilicé la artillería del pensamiento, y escribí un articulo titulado “leyes alegres y funcionarios mentirosos” (lo publicaron en El Carabobeño de Valencia, 6/9/2000, Opinión página A-4; y en Tal Cual de Caracas, 4/9/2000, Opinión, página 7); donde expresaba que “no se engañe al pueblo con leyes alegres, donde no se ha pensado en una estrategia de implementación práctica, leyes que no cuentan con los elementos tecnológicos, los procesos automatizados, ni las personas idóneas al servicio del ciudadano, que haga realmente posible una mejor calidad de vida para todos”. De verdad mi negra, con mis casi 60 años de edad (siete meses mayor que Chávez), percibo que la vaina continua igual: siguen pariendo leyes que no se cumplen y gravitando funcionarios negociadores que llegan al gobierno gracias al nepotismo reinante.

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