La infamia se va derrumbando

La ignominia tejida en mi contra, aprovechando la existencia de un sistema judicial podrido, que me llevó a tener que enfrentar ante la opinión pública una retorcida calumnia y a defenderme de una serie de decisiones judiciales malévolas, que incluso me tuvieron durante cinco meses en situación de privación domiciliaria de libertad, parece que lenta pero sostenidamente se va aclarando, dejando al descubierto toda una conspiración que involucró a familiares consanguíneos de mi hijo menor, fiscales, un juez suplente de control y, al parecer, funcionarios del CICPC, con el apoyo de alguien con mucha autoridad en el Poder Judicial.

Dos procedimientos penales me fueron incoados: Uno por violencia contra la mujer y otro de mayor perversión, que trascendió a los medios informativos amarillistas y a periodistas inmorales, que por pasiones bastardas están listos a prestarse para la destrucción de la reputación de cualquiera. En ambos casos, las violaciones del debido proceso fueron más que evidentes, así como las manipulaciones de los claros elementos de convicción que demostraban en forma contundente mi absoluta y total inocencia de los hechos que se me imputaban. Lo sorprendente para todos, mis abogados incluidos, era que los procesos hubieran podido sostenerse con simples acusaciones y sin pruebas, llegando uno de ellos, el más avieso, hasta la instancia del juicio penal.

Y afirmo que las cosas van aclarándose, pues así ha ocurrido con el proceso por violencia contra la mujer, que había sido llevado en secreto, sin haberme notificado nunca, con el falso alegato de desconocerse mi dirección, y en el que se solicitó, y un juez de control acordó, mi búsqueda mediante la intervención del CICPC. Toda esta conspiración se derrumbó al percatarse la Fiscalía de la misma y, una vez corregido los graves vicios existentes y analizado seriamente el contenido del expediente y la total falta de sustentación de las acusaciones, las cuales parecían sacadas de una novela truculenta barata, la Fiscal Octogésima Segunda a Nivel Nacional terminó por solicitar el “sobreseimiento de la causa”, ante la inexistencia de pruebas en mi contra, luego de pesquisas realizadas por varios años. En forma insólita, en el expediente no se pudo probar ni siquiera que los hechos denunciados hubieran realmente ocurrido y que no fueran invenciones de las supuestas afectadas.

El Tribunal Quinto de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer en funciones de control, luego de tener su juez titular que defenderse con éxito de una recusación maliciosa, intentada en su contra por la contraparte, quien en todos los procesos ha abusado delictivamente de este recurso jurídico, acordó otorgar el “sobreseimiento total” del caso, decisión que quedó definitivamente firme, pues la contraparte no efectuó las apelaciones debidas en el lapso establecido legalmente. Esto último no significa que las acusadoras se hayan dado por satisfechas, pues ni siquiera lo hicieron con el juicio de divorcio, en el cual, a pesar de también existir una sentencia firme, siguiendo el consejo “pedagógico” de la máxima autoridad del circuito judicial correspondiente, piensan presentar algún “recurso” ante el TSJ. Es curioso, demandan el divorcio y luego que el mismo se aprueba no lo aceptan. ¿Qué tendrán en sus cabezas?

La sentencia de sobreseimiento a que nos hemos referido, de fecha 7 de septiembre del año en curso, señala: “De la investigación no se desprenden suficientes y fundados elementos de convicción para establecer de manera categórica la materialidad de los delitos de amenaza y acoso u hostigamiento, ni la culpabilidad del ciudadano LDFT, en la comisión de ellos, pues, como se demuestra de las actas de investigación (..) los indicios del delito y presunta responsabilidad de su autor derivan únicamente del dicho de una de las partes”, es decir de las acusadoras. Más claro no puede ser… Exactamente lo mismo ocurre en el proceso penal pendiente: Las pruebas existentes son únicamente las acusaciones que hacen las demandantes, mediante la utilización maliciosa de un niño desde su más temprana edad.

Para este momento, tengo en mi favor dos sentencias judiciales: la referida del juez quinto de control y la del juicio de divorcio, proceso alargado durante 10 años por la demandante, a través de innumerables recusaciones de los jueces, escándalos y amenazas intimidantes en los tribunales y la introducción de numerosas solicitudes inconexas, aunados a la lentitud de nuestros juicios. Este primer juicio termina en una “perención de la instancia” (Corte Superior Primera, 26-3-2009, Área Metropolitana de Caracas), lo que me permitió demandar y, en 2010, el nuevo tribunal “declara con lugar la demanda de divorcio” realizada por mí, “por haber quedado demostrado el abandono voluntario, los excesos, injurias y sevicias graves” de mi ex cónyuge y “condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida” (Sentencia de Divorcio, 31-5-2010, Juez Unipersonal N° 12, Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional). Nunca probó la contraparte las siniestras acusaciones efectuadas.

Falta por resolverse el proceso en curso que involucra a mi hijo menor y que no me ha permitido verlo durante 12 años, en el cual la contraparte acusadora ha utilizado las mismas manipulaciones: recusaciones sin base ninguna, escándalos en el tribunal, amenazas, hasta llegar hace poco a denunciar al juez ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y luego solicitarle su inhibición. Todo ello porque no han podido torcer su voluntad y alejar su conducta de una actuación hasta ahora ajustada a derecho. El juez me ha mantenido el régimen de presentación mensual en el tribunal, que me acordó soberanamente ese mismo tribunal en agosto de 2011, cuando otro juez era el titular, pues no existen causas para retirarme este beneficio, ajustado totalmente a lo que señala el Código Orgánico Procesal Penal (insubsistencia de los elementos de convicción).

Las acusadoras están empeñadas en que me recluyan en la cárcel de Los Teques, a pesar de saber que soy inocente, pues tienen conciencia de su autoría de la ignominia y de la utilización malévola durante 12 años de un niño, que hoy ya es adolescente, y que tristemente ha quedado lesionado psicológicamente por esa conducta. Imagino que en la cárcel mencionada ya deben tener a un sicario contratado esperándome; conociendo sus comportamientos, no es nada de extrañar. Espero en unión de mi esposa actual, de mis hijos mayores, de mis dos nietas y mi reciente nieto, de mis hermanos, sobrinos y amigos, que termine para siempre esta terrible situación que he debido sufrir y que acabe por imponerse la verdad ante las manipulaciones habidas.

No soy creyente, por lo que no puedo hablar de que Dios me impuso “esta prueba”, pero sí puedo decir que he podido soportar, enfrentar y superar esta situación, primero porque soy inocente, segundo porque no quiero dejarle a mi familia el estigma que se ha pretendido crear, tercero por el soporte tenido en mi esposa y mis hijos, cuarto por el apoyo de mis hermanos, sobrinos y otros familiares consanguíneos y por afinidad; quinto por la solidaridad de mis amigos, muchos de ellos de años, pero otros muchos más recientes e incluso hasta más solidarios. Por supuesto, siempre ha estado presente la motivación de hacer finalizar el sufrimiento a que ha sido sometido mi último hijo, víctima de las bajezas más crueles de quienes deberían estar para garantizarle su felicidad.

La Razón, pp A-2, 16-12-2012, Caracas

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