Algunos pensarán que critico más las acciones del Gobierno que las de la oposición, actitud totalmente lógica de cualquier evaluador imparcial del acontecer venezolano. El Gobierno es quien ejecuta los programas, quien tiene la iniciativa, quien dirige los procesos, elabora las políticas y toma las decisiones; es por lo tanto natural que sea quien reciba la mayoría de las opiniones sobre sus quehaceres. No puede ser de otra manera. El Gobierno reforma la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que la forma en que lo hizo, el contenido resultante y su aplicación, serán sujetos naturales de críticas. Lo importante es el tácito de las mismas y no el hecho de que existan. Es sobre éste que se debe discutir.
Por supuesto, para los aclamacionistas de cualquier cosa que haga el Gobierno, quien se atreva a criticar esos éxitos supremos es poco menos que un felón y debe ser descalificado. Pero no con argumentos, pues no los hay, ni se tiene capacidad para elaborarlos si hubiera esa posibilidad. El ataque se perpetra con generalidades, descalificando calumniosamente al atrevido; es la forma fácil de combatir, pues no requiere conocimientos, ni inteligencia, ni dominio del lenguaje. Simplemente se insulta, se amenaza y se agrede, para sacar de combate al intelectual opositor. En la misma forma que utilizaban los cabilleros de Acción Democrática en el pasado. Nada se ha avanzado en este sentido.
Hice esta explicación para poder protestar por la aprobación callada de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que tiene que haber gozado del consenso de los diputados opositores por su carácter orgánico, además de que no hemos visto ninguna protesta pública de la oposición contra este instrumento legal. Es oposición para alborotar por la presencia de empleados públicos vestidos de rojo en una marcha, como si no se hubieran visto de amarillo en otros sitios, pero no para enfrentar leyes que copian de la legislación anti terrorista estadounidense disposiciones intimidantes y atentatorias de los más sentidos derechos ciudadanos.
La sociedad gringa ha sido convencida perversamente que contra el terrorismo se vale todo: Detención ilegal, anonimato de los cautivos, su incomunicación, aplicación de torturas y asesinato. Así lo permite la Ley Patriota fuera del territorio estadounidense. Que los diputados rojo rojitos y el Gabinete Ejecutivo apliquen los mismos conceptos y se conjuren con la oposición de la Mesa, para aprobar a hurtadillas la ley en cuestión, es trágico e inentendible. La DIM, el SEBIN y la FAN son autorizados para instruir expedientes judiciales como hoy sólo lo hacen el CICPC y la Policía Nacional. En las operaciones encubiertas, la Ley garantiza el anonimato de los operadores y de sus familias. Imagínense: Si hoy, funcionarios policiales y militares recurren a la “siembra” de drogas con propósitos siniestros, como será cuando se les garantice el anonimato.
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