Costos y Precios Justos contra la Inflación y la Especulación

La inflación y la especulación, siempre he escrito sobre este importante tema. Aquí  en Venezuela hay dos medidores de Inflación, el que calcula el Banco Central y el que imponen los especuladores y usureros, este último es el que soporta el pueblo humilde y pobre que hace milagros para alimentarse con un salario mínimo nacional (Bsf. 1407,47); el aumento diario fue de 6.12 Bsf, dinero que se lo llevo prácticamente el gasto de transporte, el que aumento inmediatamente, además subieron los precios de todos los artículos de la dieta diaria, uno por autorización del gobierno nacional y el ilegal impuesto por los especuladores. Imagínense ustedes la alimentación, salud, educación, vivienda y otros gastos para un grupo familiar de seis personas. Es para hacer milagros aun con dos salarios mínimos.

Muchos de los que aquí escriben, la mayoría articulistas muy serios y verdaderos revolucionarios, otros buenos apologistas y zalameros  de los gobiernos de turno, ahora convertidos en socialistas, algunos funcionarios de gobierno; que jamás han visitado un supermercado, un PDVAL y menos un Mercal, le fastidian las colas y el olor a pueblo. Tal vez no sientan el alto costo de la vida y el sacrificio que hacen las madres y padres para alimentar a sus hijos, menos si recibe una cesta ticket de miles de bolívares fuertes, como nuestros honorables magistrados y diputados. Creemos que debemos actuar siempre con la verdad, la cual es revolucionaria. Debemos demandar la solución de los problemas del colectivo, nosotros podemos hacer la crítica constructiva en la búsqueda que el gobierno revolucionario resuelva los problemas del pueblo.

Aquí  tenemos leyes para combatir la especulación y la usura, lo que hacen falta son funcionarios para aplicar los procedimientos y leyes, pero estas instancias carecen de personal para supervisar los comercios en toda su extensión, el otro que estos funcionarios mal pagados y carentes de éticas son fácilmente sobornable y chantajeados por los especuladores. El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios  (INDEPABIS) tiene competencia para actuar como órgano auxiliar y de apoyo en las investigaciones penales del Ministerio Público y de los Tribunales Penales competentes sobre los hechos que estén tipificados como delito, siendo sus actuaciones válidas y parte integrante de las investigaciones. Porque en su objeto esta Ley tiene: Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto la defensa,  protección y salvaguarda de los derechos e intereses  individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades, estableciendo los ilícitos administrativos, sus procedimientos  y sanciones; los delitos y su penalización, el resarcimiento de los daños sufridos, así como regular su aplicación por parte del Poder Público con la participación activa y protagónica de las comunidades, en resguardo de la paz social, la justicia, el derecho a la vida y la salud del pueblo.

Ahora con la Ley de Costos y Precios Justos, muy criticado por sectores de la oposición, el pueblo tiene otro instrumento para su lucha contra la especulación, pero esperamos que no se convierta en letra muerta para el gobierno nacional y que la aplique en contra de los usureros y especuladores. Esta ley tiene por objeto: Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital. 

“la Ley de Costos y Precios Justos enfrentará el problema de la especulación en la economía venezolana”, así lo dijo el vicepresidente para la Economía Productiva, Ricardo Menéndez. Esta lucha es vital para el gobierno revolucionario en transición hacia el socialismo, cuando tenemos una economía de mercado y unos empresarios en su mayoría con mentalidad especuladora que siempre aspiran ganancias de más del 200 por cientos en los productos importados, el funcionario recalco que el propósito de Ley cuando entre en vigencia es eliminar la disparidad existente entre el valor real de un producto y el precio en el que se oferta al público; y más adelante comentó "El Gobierno bolivariano otorga unos dólares a los comerciantes para que oferten a los venezolanos una computadora en 3.000 bolívares y posteriormente la venden hasta en 9.000 bolívares, así como un televisor, que puede ser vendido en 1.900 bolívares, lo venden en 5.500". Y finalmente expresó "Este es un Estado que cree y fortalece el desarrollo económico, pero también garantiza el derecho que está en la Constitución Nacional para que la población pueda acceder a los bienes y servicios".  

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, afirmó que la Ley de Costos y Precios Justos se ejercerá la regulación, administración, supervisión y control de precios para hacer frente a la especulación y el acaparamiento que inciden en los niveles de inflación. Explicó que uno de los objetivos de esta nueva ley es crear un sistema nacional de registro de información de costos y precios, de los productos y servicios esenciales, a través de los datos suministrados por los productores, importadores, y todos aquellos que participan dentro de la cadena de comercialización. También indicó que la información será centralizada para poder establecer una estructura de costos reales que permita fijar un precio máximo de venta al público. "De este modo se va a producir una información de los precios establecidos, en los bienes de consumo final e intermedios, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la construcción y el sector manufactura".

También informó que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) pasará a ser la Superintendencia de Costos y Precios Justos, adscrita a la Vicepresidencia de la República, para garantizar el correcto establecimiento de costos y precios, así como la defensa y el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios que se producen en el país.

A todo esto hay que agregar, que todos los nuevos organismos creados para combatir la inflación, la especulación y la usura, tienen que tener funcionarios idóneos, aptos y responsables, que sean unos verdaderos servidores públicos y que no hagan alianza con los hambreadores del pueblo, pero el gobierno nacional tiene que revisar los precios de las medicinas; estas vienen mensualmente con un incremento de precio de 20% y 30%.  
Gerentes y encargados de algunas franquicias y farmacias particulares, afirmaron que mensualmente las medicinas ya vienen con ajuste de precios. En Venezuela es necesaria una Ley de Medicamentos Genéricos. Porque cuando compramos una medicina, todo el mundo quede claro, el consumidor paga, la presentación bonita de los medicamentos, así como los gastos de propaganda en los medios de comunicación de masa, el visitador a médicos y sus "comodidades; los congresos patrocinados por los laboratorios, gastos de investigación, los lujosos carros de los ejecutivos de estas empresas, un precio muy caro para que solo se le mejoren signos y síntomas. Las clínicas privadas han incrementado los costos hasta en un 90%, tanto en servicios como en honorarios profesionales, lo que 'significa una estafa para los usuarios'  Esto significa un 'robo desmesurado' en el sector privado de la salud. 'Aquí existe un gran negocio que beneficia económicamente a un sector de la salud'.  El gobierno nacional debe analizar los costos excesivos de los servicios privados de salud, que no se quede solo en enunciados y declaraciones, se debe establecer un baremo de estricto cumplimiento por partes de las clínicas y sino que se le apliquen las sanciones señaladas en la Ley.

La Misión Vivienda es apoyada por el pueblo y de ahí su participación masiva, la realidad es que tenemos un déficit de 3 millones de viviendas en el país. Este problema se hace más grave,  porque los constructores del ramo estafan al pueblo con precios especulativos y usureros de la vivienda. Cómo adquirimos vivienda los venezolanos, los jóvenes recién casados viven con sus padres. Una casa del sector privado tiene un valor de más de 600 mil bolívares a un millón de bolívares. Con un sueldo de dos salarios mínimos no se pueden adquirir una casa a este precio, donde brilla el lucro y la especulación, sólo los corruptos y narcotraficantes pueden comprar una casa de este valor. El préstamo de un banco no llega a los 120 mil bolívares. Saque la cuenta y el tiempo para pagar, ten dan un plazo de cinco años para pagar, mas te cobran un instrumento perverso el IPC. El Estado es dueño de casi todos los materiales para la construcción de una vivienda y el costo de una vivienda con tres habitaciones y dos baños, ronda los 90 mil bolívares. Esto tiene que ser revisado por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. Aquí se tiene que aplicar la Ley de Costos y Precios Justos.

Igual sucede con los precios de productos importados, los repuestos de vehículos, computadoras, electrodomésticos, los alimentos, en todos las ganancias exceden de un 200 por cientos, la estafa y la usura presente  e impuestas por comerciantes inescrupulosos.

La Ley de Costos y Precios Justos en el artículo 26, de la cooperación interinstitucional, dice así: “El Instituto para la Protección de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), La Comisión Administración de Divisas (CADIVI), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio Público, de acuerdo a sus funciones y de conformidad con el presente Decreto ley, apoyarán a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, en materia de administración y  control de precios”. Hace varios meses a unos dos años he escrito artículos de opinión de cómo controlar la especulación y la usura, usando un trabajo de un camarada amigo, Ramón García, que hacia propuestas muy interesante y muy didáctica y la veo reflejada en el artículo 26 de la Ley de Costos y Precios Justos 

Entonces y para concretar ¿Qué puede hacer CADIVI, SENIAT, INDECU  
 
El SENIAT controla y lleva de forma automatizada (es decir que tiene los datos históricos) de todo lo que entra al País desde el Exterior (Aduanas), su valor originario, su valor en puerto y el valor de los bienes luego de su nacionalización. En este particular y no obstante y hasta tanto no se hagan los estudios para una articulación de esfuerzos, el SENIAT nos puede suministrar a todos nosotros (los ciudadanos de esta patria) vía publicación diaria en los principales diarios de circulación nacional, y de forma diaria, semanal o mensual reportes de los precios de por ejemplo los 2000 o 3000 principales bienes de consumo que se importen, esto nos daría a todos las armas de defendernos ante lo que a todas luces se advierte ya como un gran abuso y un gran robo, y ¿por qué no? Hasta podríamos llevarnos sorpresas y nos daríamos cuenta de que por increíble que nos parezca algunos comerciantes están cobrando lo justo. Esto para comenzar, luego y después que se concretara la articulación de los Entes antes señalados, esta información podría ser utilizado para Vigilancia y Control del uso y/o abuso de las Divisas. Entonces el SENIAT aportaría los importantísimos datos de Importador, Costo y Valor Nacionalizado.  
 
CADIVI. 
 
CADIVI debe aportara los datos de Quien Recibe las Divisas (IMPORTADOR a los efectos del SENIAT), cuanto recibió (Esto Nos Ayudará junto a la Información Histórica del SENIAT saber si ha utilizado la totalidad de las Divisas para el fin que fueron solicitadas), y por ultimo y no menos importante, debe CADIVI promover y/o generar instrumentos jurídicos que permitan castigos ejemplarizantes para quien haga mal uso de las divisas o especule (por ejemplo confiscación de montos equivalentes a los suministrados, cárcel o multas ejemplares).

 
INDEPABIS 
 
El INDEPABIS debe solicitar (si es que ya no cuenta con ello) de facultades legales que le permita hacer fiscalizaciones eficientes en materia de especulación de bienes de consumo, no obstante estén fuera o dentro de la canasta alimentaria. Esta tarea solo sería posible con la colaboración y/o cohesión entre entes de la talla del SENIAT y CADIVI, quienes suministrarían cifras que permitirían rastrear a través de la cadena de comercialización el comportamiento de los precios de dichos bienes y así tomar las medidas que sean necesarias. 
 
CADIVI debería crear una gran división de análisis de costos y precios que por ejemplo al igual que hace el SENIAT, utilice entre otras armas administrativas, a fiscales completamente capacitados que permitan verificar si los precios de uno o más productos ofrecidos por cualquier comerciante podrían catalogarse de justo o injusto, esto de acuerdo a las características particulares del comercio que lo expenda y por supuesto de la información suministrada por SENIAT y CADIVI.

 
 
Postergar acciones de este tipo, es lo que realmente expone al deterioro a nuestro signo monetario, al deterioro de nuestra calidad de vida, es lo que nos expone al abuso y robo diario, en un Estado de carácter eminentemente social y de justicia, no pueden permitirse el lujo de trabajar de forma desarticulada Entes de tanta importancia como los antes señalados, en una economía como la nuestra, tan dependiente de bienes importados, la solución es trabajar de forma conjunta para la búsqueda de soluciones estructurales a problemas complejos que afectan la vida simple del ciudadano de a pie. No basta con que todos ejecuten de forma eficiente su parcela de responsabilidad teórica, existen responsabilidades tácitas que suponen saberse parte (si es que en verdad lo entienden así) de un nuevo Estado y de la formación del nuevo Hombre de cara al Socialismo del Siglo XXI. La solución no esta es simplismos como la eliminación y/o disminución de divisas para los bienes importados, la solución es la búsqueda de soluciones como las que he expuesto de cara a sanear nuestra economía, sanear al estilo del Socialismo del Siglo XXI y no al estilo de las economías capitalistas.

Los protagonistas principales en este proceso, que es el pueblo,  cuentan con un artículo sobre la Participación Popular, donde deben trabajar coordinadamente con los organismos del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.

Artículo 27. La comunidad organizada apoyará coordinadamente a los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios, a fin de lograr la eficacia en el control social, los órganos y entes del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios estarán obligados a crear las condiciones necesarias a fin de lograr esta coordinación. Entonces nos corresponde a todos los ciudadanos de ejercitar de forma organizada e individual la contraloría social, contraloría social que nos debería permitir estar atentos y consignar pruebas de comercios que insistan en el aumento desmesurado y artificial de precios. Nuestra responsabilidad está en la exigencia diaria a las autoridades responsables (tales como SENIAT y CADIVI) de los datos (armas de lucha, a nuestros efectos) necesarios para ejercitar esa contraloría. Y por supuesto, preparar y remitir dichas pruebas a donde corresponda.

                                                                                                               [email protected]

                                                                                                              http://juanlinaresruiz.blogspot.com/

 
 

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Juan Linares


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