Prevención de desastres y participación comunitaria

Ante el impacto de los eventos socionaturales, las comunidades deben tener el mayor conocimiento posible sobre la gestión social del riesgo con fin de obtener la preparación necesaria para poder enfrentar cualquier situación adversa que se pudiera presentar dentro de su área geográfica.

      Para ello, el gobierno nacional ha legislado sobre ésta materia al promulgar una serie de leyes y reglamentos, que incluyen por ejemplo, la creación de carreras universitarias como la licenciatura en Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres (IUTE) y la licenciatura en Administración de desastres (UNEFA), las cuales tienen como finalidad expresa formar profesionales capaces de educar a sus comunidades, bien sea a través de los concejos comunales u otras formas de organización de la colectividad, en lo referente a cómo actuar hoy, durante y después de cualquier situación adversa o evento socionatural.

      No obstante, a pesar de la publicación del Decreto-Ley sobre la organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (en vigencia desde el 13 de Noviembre del 2001), y la Ley de Gestión Integral de Riesgos socionaturales y Tecnológicos (en vigencia desde el 09 del 2009), las comunidades prestan muy poca atención a la organización y conformación de Comités Comunitarios de Protección Civil, que tienen como objetivo brindar Prevención, Preparación y Mitigación de los posibles escenarios de riesgos presentes dentro de la comunidad. Con estos Comités Comunitario se pretende crear una eficiente y eficaz respuesta a la hora de enfrentar un evento adverso de cualquier índole y magnitud.

      Prueba de ello, son las visitas que los estudiantes de la Licenciatura en Administración de Desastres de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA Núcleo Mérida, han realizado en algunas Comunidades del Estado donde se puede evidenciar la poca organización en este ámbito, además de la falta de coordinación por parte de los organismos de seguridad ciudadana y organizaciones voluntarias presentes en la comunidad junto con los concejos comunales y la colectividad en general en función de la gestión de riesgos.

      En este sentido es necesario que la comunidades elaboren sus propios planes de mitigación y del plan de emergencia que parten del conocimiento de la vulnerabilidad operativa (deficiencias en sus líneas vitales), de la vulnerabilidad física (localización de la población en zona de riesgo físico) y de la vulnerabilidad social (debilidades que dificultan, inhabilitan e invalidan de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados en cuanto a subsistencia y calidad de vida).

      Por otra parte, es importante recordar que las amenazas de las zonas se identifican mediante el análisis de probabilidades de ocurrencia de fenómenos naturales y de la estimación de los riesgos de las actividades humanas y operacionales de los sistemas, destacando que a los riesgos de la actividad humana también se les ha denominado riesgos tecnológicos.

  Al proceso de identificación y cuantificación de estas debilidades se le denomina análisis de vulnerabilidad y es el proceso mediante el cual se determina la capacidad del sistema y sus componentes para resistir el impacto de una amenaza. En el marco del trabajo comunitario que requiere ser impulsado, se deben identificar también las fortalezas de los sistemas y de la organización, por ejemplo, hacer el inventario del personal con experiencia en operación, mantenimiento, diseño y construcción para atender las emergencias y desastres.

      Partiendo de esta premisa se hace necesario que las comunidades puedan desarrollar procesos que tiendan a la prevención de los desastres, bajo una lógica de gestión del riesgo, se debe garantizar que sus organizaciones y vecinos, sean quienes definan hacia donde quieren ir y cómo lo van a hacer, es decir, que diseñen sus propios planes de acción. El Estado en consecuencia, ha diseñado el cuerpo legislativo y las herramientas necesarias para atender eventos adversos y capacitar en gestión de riesgo, pero eso no es suficiente, el desarrollo de una mayor conciencia ciudadana sobre la necesidad de la organización y participación comunitaria debe ser la prioridad en éste momento, las necesidades locales las conocen en profundidad sus propios habitantes, quienes están obligados a trabajar por un futuro de bienestar para todos.  
 

(*) Estudiante de la Licenciatura en Administración de Desastres.

UNEFA/NÚCLEO MÉRIDA

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