Quien diga que vamos por buen camino en materia de control de la inflación, sencillamente sigue amparado en las medidas capitalistas que continúan implementándose para superar este flagelo que aun atrofia los vasos comunicantes en todos los sectores de la economía venezolana. Aun seguimos construyendo el socialismo con las armas melladas del capitalismo, y el Che siempre lo denunció, pero hace falta más que tres erres al cuadrado para reconocer que, hasta ahora, el capitalismo de estado no ha solucionado el problema, como no lo solucionó en nuestra hermana Cuba revolucionaria o en la extinta URSS.
China lo comprendió y marcó claramente su viraje a partir de 1979, pero tampoco fue el mejor ejemplo, sin embargo en parte explica su impresionante crecimiento económico sostenido. Por su parte, los países europeos pro socialistas, especialmente escandinavos, comprendieron que en el fortalecimiento de la autogestión y la cooperación en el entramado privado de las PyMEs, cooperativas y agregación de circuitos comunales, aunado a la innovación tecnológica, junto a la educación altamente práctica y funcional, posiblemente ha permitido la consolidación de uno de los tejidos socio productivos menos vulnerables a la crisis capitalista global que somete a toda la humanidad en la actualidad.
Una de las mayores atrofias enquistadas en nuestra economía nacional por más de cien años, parte de la concepción del petroestado, es decir, buscar cubrir las deficiencias productivas y la escasez en el mercado interno, con la importación masiva de bienes de consumo, tecnologías, infraestructura y otros bienes de capital, que el estado con su enorme renta petrolera es capaz de adquirir, importar y colocar en el mercado venezolano, causando pesos y vacíos espasmódicos en el tejido de la economía nacional. Esta es una de las mayores distorsiones que, además de generar escasa riqueza nacional y poco crecimiento económico, es una manera legal de fugar capitales a naciones hermanas como Brasil, Argentina, Colombia, China o Irán. De esta manera, no queda de otra que asumir la medida capitalista de convivir con la inflación, en algunos casos devaluar la moneda y continuar con este terrible círculo vicioso.
Por ejemplo, de los primeros veinte mil millones de dólares intercambiados recientemente con Brasil, cerca de las tres cuartas partes de la balanza comercial quedó a favor del coloso del sur, mientras que apenas una cuarta parte quedó “a favor” de Venezuela. De este modo se descapitaliza la nación en unos diez mil millones de dólares. Pero eso es fácil de subsanar cuando nuestra balanza comercial promedio con otros países presenta superávit… ¿acaso la realidad de nuestros intercambios con Argentina, China, Rusia, Belarús, Colombia, Portugal e Irán es esa? Pero ese no es problema para un petroestado que maneja con herramientas capitalistas sus medidas económicas; nuestra renta petrolera aun es suficiente para cubrir cualquier déficit, así como gran parte del gasto público social y de inversión.
Si el petroestado y sus medidas capitalistas van en correcta dirección, ¿Por qué se incrementa el endeudamiento si los precios del petróleo en el mercado internacional no han caído? ¿Por qué se incrementa además la inflación? Es una fórmula capitalista sencilla, quien más gana, más gasta, incluso tiene más capacidad de endeudarse, para más gastar…, esas son medidas típicas de un sistema burgués capitalista, tal como las seguimos aplicando en nuestra república Bolivariana de Venezuela, desde el corazón mismo de la revolución que aun queremos ver como bonita, pero buscando reenrumbarla lejos del capitalismo de estado y más cerca del socialismo.
Por otra parte, el modelado de las políticas públicas es sencillo, siempre que la praxis guarde correspondencia con la concepción de base que a su vez debe ser lo suficientemente clara con lo que somos y con lo que queremos llegar a ser. Por ejemplo, desconocer que mientras más nos apegamos a medidas propias del capitalismo de estado, más nos alejamos del socialismo, es una afrenta a quienes apostamos por un estado socialista sobre la base del desarrollo endógeno y sustentable, que reclamamos en la inmediatez el golpe de timón necesario que nos regrese a lo que soñamos, a lo que tanto escribimos y más aun a lo que propugnamos a diario.
Este reclamo que hasta ahora ha pretendido ser más bien ser una justificación introductoria, sugiere una serie de medidas o intervenciones de estado que, posiblemente, puedan contribuir a corregir el interesante problema de la inflación, ciertamente complejo pero que difícilmente lo solucionaremos con el tipo de medidas capitalistas que aun seguimos aplicando.
Veamos una clave secuencial en las intervenciones de estado, que parte del fomento estratégico de la masa productiva nacional con medidas sustentables de las cuales sean modelados sus impactos intra e inter sectoriales antes de ser ejecutada las mencionadas medidas. La voluntad política, los ingentes recursos y la enorme musculatura que implica la infraestructura vial, de telecomunicaciones o productiva, no son suficientes cuando la integración, coordinación y agregación de estos importantes componentes, responden a medidas que no terminan de cuajar como un tramado estable de políticas públicas que se apoyen y realimenten mutuamente como un organismo vivo en perfecto equilibrio.
Ya se dijo que, cuando el estado participa en el circuito económico nacional al importar masivamente bienes de consumo para cubrir la falta de oferta parcial o simplemente para presionar a la baja de los precios en franca lucha contra la especulación, tal vez se esté acrecentando el problema por cuanto la medida capitalista de intermediar en la compra venta para hacer llegar los bienes a mejores precios al consumidor final, atrofia el aparato productivo privado, por cuanto desplaza en ciertos espacios y momentos al conglomerado productivo de los particulares que hacen esfuerzos por mantenerse en pie y muchas veces en franco apoyo a las medidas de gobierno, lo cual incluye el mercado consolidado por las PyMEs, cooperativas y empresas familiares, paradójicamente fomentadas y amparadas por el gobierno.
No se trata de implementar medidas liberales que tiendan a desregular el mercado interno, todo lo contrario, sino de una doble acción de gobierno que, por una parte, presione con un monitoreo cercano a la estructura de costos, producción y venta del empresario, junto a ejemplarizantes medidas tributarias contra quien incumpla, sin necesidad de paralizar la actividad de estas empresas por más pequeño que sean sus aportes al Producto Interno Bruto (PIB). Por otra parte, debe existir una protección más pragmática a las pequeñas y medianas empresas nacionales y sus productos. Por ejemplo, no es posible encontrar en los anaqueles de los abastos y supermercados, pasta de tomates argentina más barata que la pasta de tomate hecha por medianos empresarios venezolanos, sin mencionar la miel, jugos, embutidos, aliños, tejidos, calzado, entre otros productos. Es intolerable que un estado y gobierno nacionalista permita la ausencia de medidas de contingentamiento para proteger la producción nacional, en una franca muestra capitalista al permitir el libre mercado con colosos más competitivos, como Brasil, Argentina o China, incluso economías más pequeñas pero considerablemente eficientes, como la colombiana o la chilena. A las pocas empresas y marcas de vinos venezolanos, se les hace imposible competir en precios con los buenos y baratos vinos chilenos, argentinos o españoles, que inundan nuestro mercado nacional, por citar otro ejemplo.
De todas formas estas políticas pierden fuerza en la medida que no se incentive la radical innovación tecnológica en el empresariado nacional (indistintamente que sea privado o público), lo cual puede conducir a una mayor eficiencia organizacional y al verdadero incremento de la productividad en todas las unidades de producción que existan en el país, sean PyMEs o cooperativas, por lo que es importante comprender que los incentivos fiscales más decididos, la amplia protección del gobierno, así como mayores facilidades para exportar y por supuesto una vía lo menos congestionada posible para la adquisición y uso de divisas extranjeras para el pago de materias primas de inexistencia nacional y otros insumos requeridos para la producción, son ejemplos de medidas de gobierno que deben incrementarse entre tanto se consolide y se sostenga el incremento de la productividad interna.
Por cierto, una política de corto plazo pero de alto impacto en el mediano y largo plazo, consiste en reorientar la intervención que hacen sobre sus entornos, las escuelas, liceos, institutos tecnológicos y universidades, hacia la innovación organizacional, funcional y productiva de las fuerzas socioeconómicas en las comunidades en las que se desenvuelvan estas instituciones educativas. Sin excepción, este debe ser el propósito del grueso de la investigación científica y de todas las actividades de extensión, incluyendo el propósito de los trabajos de grado, pasantías y servicio comunitario que se lleven a cabo, para ello, los programas de estudio deben basarse más en la comprensión del entorno y sus posibilidades de cambio.
Una vez que la innovación tecnológica y el crecimiento sostenido de la productividad se hagan práctica normal en nuestra nación, el gobierno puede tener la seguridad de exigir y presionar al sector empresarial a brindar su mayor aporte, pero no al revés. Es decir, en una economía pro socialista, pero que continúa implementando prácticas altamente capitalistas y de libre mercado, es muy delicado alterar y distorsionar el complejo entramado del circuito económico, entre tanto éste no sea debidamente fortalecido. Clausurar empresas o ponerlas a competir en igualdad de condiciones con monstruosas corporaciones brasileras o argentinas, es tan aberrante como que el estado fije altos precios a los productos primarios para mejorar los ingresos de los agricultores para compensar su baja productividad, por ejemplo, en vez ayudarles a mejorar sus rendimientos y también invitarles a participar en la repartición de beneficios al término del procesamiento y venta al consumidor final de sus productos.
Este detalle soslayado por el capitalismo, es una real práctica socialista que aun no es ejecutada como una medida de gobierno en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Por una parte, hacemos referencia a no esconder la baja productividad agrícola que tenemos en rubros tan propios como el maíz o el café, por ejemplo, de los cuales debemos cosechar no menos de 10 toneladas por hectárea (ton/ha) y 40 a 60 quintales por hectárea (qq/ha), respectivamente, cuando en realidad nuestro promedio de producción nacional al cierre del año 2010, es menor a 4 ton/ha para el caso maíz, y menor a 9 qq/ha para el caso café. La productividad es una meta y a su vez un motor que nos ayudará a hacer retroceder de manera sostenida la inflación en nuestra economía. A propósito, valga la nota marginal, que en otras entregas se ha sustentado que existen tecnologías nacionales que han demostrado la obtención de rendimientos tan altos que pudiésemos estar cerca de la soberanía alimentaria en un tiempo considerablemente menor al sugerido por funcionarios de nuestro gobierno, pero que aun no nos han permitido el escenario para dar a conocer formalmente estas revolucionarias tecnologías.
El otro aspecto que pudiese presionar a la baja en la inflación, es que no se incremente y se regule el precio de las materias primas agropecuarias, sino que, el estado cree mecanismos para que los agricultores participen en los beneficios globales resultantes del procesamiento y la comercialización final de sus productos, de esta manera serán mayores los ingresos para los agricultores, al tiempo que menores los costos para los industriales. En otras palabras, estamos de acuerdo que no es posible que quien haya invertido el mayor lapso de tiempo en su ciclo productivo, así como considerables riesgos e ingentes recursos, como nuestros productores agrícolas, sean quienes permanezcan más alejados de la prosperidad resultante de su trabajo, mientras que la mayor parte de la ganancia se la quede quien comercializa el producto en apenas pequeñas fracciones de tiempo respecto al esfuerzo que hace el agricultor.
Entendemos como una medida verdaderamente socialista, que el estado asocie o incluya a los productores primarios en el resultado de la comercialización final posterior al procesamiento de sus productos cosechados. No se trata entonces de regular los precios de las materias primas, sino de incrementar los rendimientos netos cosechados y que estos trabajadores reciban una bonificación compensatoria al término de la totalidad del ciclo de vida comercial de su producto. De esta manera no se distorsiona el circuito natural de la producción y venta entre los sectores primario, secundario y terciario de la economía; no obstante se verá en parte mermada la ganancia de los industriales y muy especialmente de los intermediarios y comerciantes finales que deberán, gracias a las regulaciones del estado, permitir la participación de los productores primarios en los beneficios finales y, para ello, el estado debe ser el primero en dar el ejemplo por medio de sus redes de distribución de alimentos.
Estos son algunos ejemplos de cómo el estado puede intervenir para regular un mercado, pero sin distorsionar o detener su ritmo productivo, dejando de lado las marcadas medidas capitalistas de libre mercado que continúa aplicando, bajo la excusa que se trata de relaciones comerciales con naciones aliadas, que ven engordadas sus corporaciones privadas a costa del deterioro del mercado productivo venezolano.
Finalmente, la marcada inversión social que hace el gobierno venezolano, es algo que hay que reconocer en todo ámbito, no obstante llegó la hora de fortalecer el peso de la producción interna con una mayor musculatura productiva y voluntad política, antes que suceda una eventual baja en los precios del petróleo que nos demuestre una vez más la terrible vulnerabilidad y dependencia que tenemos hacia la masiva importación de insumos, tecnologías y bienes de consumo en general. Para ello, nada mejor que radicalizar el concepto de la innovación organizacional, funcional y productiva en todas nuestras empresas, sean públicas o privadas, lo cual debe responder a un golpe de timón y redimensión necesaria en el concepto del diseño y manejo de las políticas públicas aplicables a esta materia.
samuel.antonio.scarpato@gmail.com
(*) Prof-Desde 2001, es docente de teoría administrativa y gerencia
ambiental en la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado.