Las relaciones entre Caracas y Bogotá atraviesan actualmente un período de
crisis. En efecto, el presidente Hugo Chávez decidió suspender las
relaciones comerciales con Colombia y retirar temporalmente a su Embajador
en ese país, hasta tanto las autoridades de la Casa de Nariño no ofrezcan
sus disculpas en relación a la operación comandada por efectivos policiales
colombianos que condujo a la captura de Rodrigo Granda en Caracas. La
decisión del gobierno venezolano, que no implica la ruptura de relaciones
diplomáticas, es, sin duda alguna, la respuesta lógica que el gobierno
colombiano debía esperar ante un hecho que constituye una flagrante
violación de la soberanía venezolana.

La internacionalización del Plan Colombia

Esta situación, que ha hecho que las relaciones bilaterales se encuentren en
su peor momento desde el incidente de la corbeta Caldas en 1987, no es más
que el resultado del avance de ese nefasto proceso de internacionalización
del Plan Colombia, tan criticado por las autoridades venezolanas. La
aplicación de dicho Plan, el cual fue presentado como un plan para la paz,
la prosperidad y el fortalecimiento del Estado colombiano, se ha constituido
en una verdadera amenaza para los países vecinos, y particularmente para la
estabilidad de Venezuela. No se puede dejar de mencionar que este Plan forma
parte de una estrategia geopolítica ideada por los Estados Unidos, no sólo
para resolver por la vía armada el conflicto que padece la República de
Colombia desde hace varias décadas, sino también para reforzar su política
intervencionista en los demás países andinos, y frenar el avance de la
Revolución Bolivariana en Venezuela.

No es descabellado, ni mucho menos paranoico, afirmar que la existencia de
un gobierno venezolano que reivindique una política exterior y una política
económica autónoma e incompatible con los planes intervencionistas y los
postulados neoliberales de los Estados Unidos, represente una amenaza para
la hegemonía de éste último en la región andina. Las transformaciones
iniciadas en Venezuela a finales del siglo XX han llevado al gobierno de
Caracas a desafiar y a poner en entredicho la hegemonía estadounidense en la
región. Dos elementos, entre muchos que existen, permiten confirmar esta
afirmación. Por un lado, la recuperación de la economía venezolana,
principalmente después del golpe de Estado del 2002 y del ilegal paro
petrolero, ha demostrado que un modelo diferente al neoliberal puede
conducir al bienestar económico de las naciones. Y, por otro lado, la
política autónoma y latinoamericanista del gobierno del presidente Chávez ha
permitido que Cuba se integre aún más en la economía regional. Esto se ha
constituido en un obstáculo para la desgastada estrategia estadounidense de
aislar a esta isla caribeña de su contexto natural.

El éxito de la Revolución Bolivariana y su arraigo en la población
venezolana ha quedado claramente demostrado con los triunfos que se han
adjudicado el gobierno y sus seguidores en todas las elecciones que se han
realizado en el país desde 1998. En consecuencia, el gobierno de la Casa
Blanca ha evitado que se produzca una confrontación directa con el gobierno
de Venezuela. Washington ha comprendido que la relación de fuerzas no
favorece una acción militar y política directa, pues sólo cuentan con el
apoyo de una oposición criolla desarticulada y cuyas acciones
desestabilizadoras no han logrado su cometido. Además, desde el punto de
vista de una acción económica, el gobierno estadounidense también sabe que
el petróleo venezolano, importantísimo recurso estratégico, permitiría a
Venezuela desafiar cualquier boicot que le fuese impuesto. Su estrategia se
fundamenta entonces, en la puesta en práctica de una campaña de desprestigio
que busca crear las condiciones necesarias que justifiquen una futura
intervención armada de Venezuela.

“Para muestra un botón”

Varios hechos han puesto en evidencia que la crisis que afecta las
relaciones entre Colombia y Venezuela guarda una profunda relación con esta
campaña de desprestigio internacional, orquestada desde la Casa Blanca,
contra el gobierno venezolano. Casualmente, el viernes 14 de enero, dos de
los principales diarios de Washington (el Washington Post y el Washington
Times) arremetieron contra el gobierno nacional al calificarlo de
“santuario” del terrorismo. Por otra parte, el sábado 15 de enero, William
Wood, embajador de Estados Unidos en Colombia, afirmó que su país respaldaba
las declaraciones del presidente Uribe respecto a la crisis
colombo-venezolana. Resalta el hecho que un embajador involucre a su país en
un asunto que “aparentemente” no le incumbe, un asunto estrictamente
bilateral en el que sus declaraciones están fuera de lugar pues su deber es
“representar los intereses” de su país y no inmiscuirse en los asuntos
internos del Estado ante el cual está acreditado, ya sea para apoyarlos o
rechazarlos. Sin embargo, la posición del embajador estadounidense fue
clara: la declaración del presidente colombiano es de una importancia
trascendental para la lucha antiterrorista en la región andina. Al expresar
su opinión, William Wood pareciera olvidar que la causa de la crisis que
atraviesan los dos países no es la lucha antiterrorista, sino la violación
de la soberanía venezolana. Intencionalmente o no, se ha tratado de desviar
el tema a la lucha contra el terrorismo, para así, legitimar posiblemente la
acción ilegal que condujo a la violación de nuestra soberanía.

El desbordamiento del Plan Colombia hacia nuestro país no es producto de la
casualidad, sino de una estrategia estadounidense que busca aislar al
gobierno venezolano y presentarlo como un aliado del terrorismo
internacional. El gobierno colombiano, como muestra de amistad y respeto
hacia nuestro país y en virtud de ese pasado histórico que siempre unirá a
nuestros pueblos, debería reconocer esa falta grave que vulneró la soberanía
de Venezuela.

*Doctor en Relaciones Internacionales
Egresado de la Universidad de La Sorbona