OBSERVATORIO GLOBAL DE MEDIOS / CAPITULO VENEZUELA
No solo Venezuela padece la imposición del “pensamiento único” mediante la
mentira y la tergiversación. La necesidad de controlar la acción desinformadora
de los medios de comunicación social es una preocupación mundial. La
incorporación de los medios como parte activa en la imposición de un modelo
económico brutal de dominación mundial es una preocupación creciente que
manifiestan los usuarios de todo el mundo y ha llevado a un grupo de destacados
periodistas, intelectuales y simples usuarios a constituir una organización para
actuar en este campo creando el Media Global Watch o Observatorio Mundial de los
Medios.
La gravedad de la situación en Venezuela ha llevado a que el Observatorio
Global de los Medios decidiera la creación de un Capítulo Venezuela para hacer
un seguimiento al funcionamiento de los medios de comunicación en este país.
Después de varios meses de trabajo emite la siguiente declaración:
A LA OPINION PUBLICA
Los venezolanos, y en forma especial, los periodistas, vivimos, desde
hace más de un año, en condiciones de extrema tensión y de permanente
confrontación que amenazan seriamente la normalidad de nuestras vidas, nuestros
trabajos y nuestra salud mental.
Reconocemos que los acontecimientos políticos que han tenido lugar en
el país constituyen el origen de ese preocupante estado de cosas.
Sin embargo, consideramos que la intensidad de comportamientos agresivos
en nuestra mutua relación social, su extensión a amplias capas de la población y
las manifestaciones de intolerancia fuera de todo control son producto directo
de la acción de los medios de comunicación social.
Defendemos el derecho de los ciudadanos a asumir la defensa de sus posiciones
políticas e ideológicas como también su derecho a desarrollar una acción
proselitista acorde con sus convicciones, siempre en el marco de las
normas que rigen en un sistema democrático.
Los medios de comunicación social, los periodistas y los colaboradores tienen
el derecho de expresar sus creencias políticas en los espacios reservados a los
contenidos de opinión, respetando las reglas de tolerancia y los valores
humanos que defiende la sociedad venezolana. Asimismo, tantos los periodistas
como los editores de los medios están obligados a cumplir con el derecho
constitucional de los receptores a obtener una información imparcial, oportuna y plural.
Nada de eso ha sido respetado por la mayoría de los medios venezolanos
durante más de un año. Con diferentes grados de intensidad, la orientación
informativa y opinática de esos medios, de algunos periodistas y articulistas se
ha dirigido a exacerbar las actitudes de intolerancia de la población a
extremos nunca vistos en el país. La manipulación de los medios ha llevado a
grandes grupos de ciudadanos a perder la capacidad de percibir en su justa
medida los acontecimientos nacionales y los está impulsando a asumir
comportamientos que atentan tanto contra su propio equlibrio psicológico
como contra la seguridad de otros ciudadanos.
Al repetir con insistencia mensajes en el sentido de un inminente cambio de
gobierno, sin analizar honestamente las condiciones objetivas, los medios han
ido creando, en ciertos estratos de la población, una profunda sensación de
frustración al no cumplirse la predicción mediática en tiempo prometido,
lo que los impulsa a adoptar comportamientos desesperados, agresivos y de
manifiesta intolerancia.
Los reporteros, quienes enfrentan condiciones de trabajo en extremo
peligrosas, son víctimas de rechazo y de agresión por parte de ambos polos de la
división política imperante. Aún en condiciones de trabajo que no
tienen la misma peligrosidad de enfrentamientos armados, como sucedió
durante los acontecimientos del pasado mes de abril, estos periodistas arriesgan
su seguridad personal al ser identificados como voceros de determinado grupo de
medios. Al asumir actitudes exacerbadas y descontroladas los grupos de
activistas políticos no están en condiciones psicológicas para percibir a
los periodistas en su condición de trabajadores ni a respetar su labor
profesional.
El Observatorio Global de Medios, Capítulo Venezuela, tiene como
función el seguimiento sistemático de las informaciones que sobre los hechos de
trascendencia nacional publican los medios impresos y difunden los medios
radiales y audiovisuales. En las mediciones y análisis realizados hasta ahora
aparecen las siguientes constantes: la tergiversación de los hechos,
ocultamiento de datos y referencias, manipulación de las declaraciones,
desbalance en la escogencia de las fuentes y una permanente tendencia a
presentar el desarrollo de los acontecimientos desde una perspectiva
tendenciosamente apocalíptica. Esto es más evidente en la forma de
titulación, donde a menudo se tergiversa la información
presente en el texto. Muchos periodistas han planteado ante el Observatorio
su preocupación por las condiciones de trabajo imperantes en los medios.
Consideran que, en ocasiones, se ven enfrentados al dilema de conservar su
fuente de trabajo a expensas de la ética profesional.
En los editoriales, columnas y artículos de opinión se recurre a
calificativos que atentan contra la dignidad de la persona humana y que
genera, por una parte, la indignación del grupo societario que se siente
aludido, y por la otra, modela o refuerza los prejuicios y los estereotipos en
el otro sector de la población. En estos espacios de opinión, esta actitud
de los editores se manifiesta también en la cada vez más notoria tendencia a
eliminar aquellos colaboradores que no concuerdan con su política editorial. De
forma que la pluralidad de opiniones, una de las condiciones que requiere el
sistema democrático para su funcionamiento, ha sido prácticamente eliminada.
En unas condiciones de extrema división política y social como las que se
viven en Venezuela, este comportamiento de los medios masivos implica que se
está buscando generar una matriz de opinión y de comportamientos proclives a
aceptar como válidas las más peligrosas decisiones políticas cuyas
consecuencias, para la preservación de la paz social y la convivencia ciudadana,
son impredecibles.
Los responsables directos de esta actitud de los medios de comunicación
social parecen ignorar, frente al futuro del país, la responsabilidad que
les corresponde, como órganos llamados a cumplir una función social,
al generar ese proceso de manipulación de las mentes y de las voluntades
de los venezolanos.
Tampoco pareciera preocuparles la suerte de los periodistas que están a su
servicio. Todo lo contrario: el sentido profesional de nuestros reporteros
es aprovechado por los directivos de los medios en sentido perverso:
mientras mayores sean los peligros y más evidentes las agresiones que sufran los
reporteros, mayores serán las ganancias para sus fines proselitistas.
El Observatorio Global de los Medios se solidariza con los periodistas, sin
distinción del medio para el cual trabajan, que hayan sido o puedan
ser víctimas de las agresiones en el desempeño de su labor como reporteros
y rechaza todas las actitudes que atentan contra su seguridad como personas y
como profesionales. Asimismo, ponemos nuestra organización a su servicio.
Hacemos un llamado a todas aquellas personas e instituciones
preocupados por la situación generada por los medios masivos – a los
periodistas, a sus organismos gremiales, a todos los Colegios profesionales, a
las ONG vinculadas a la defensa de los derechos humanos, a las Iglesias, a las
Escuelas de Comunicación Social, sus profesores y estudiantes, a las
organizaciones de los usuarios de los medios, a los profesionales de la salud
mental - para formar un bloque de opinión que pueda influir en las
instancias decisorias de los medios de comunicación social, tanto públicos como
privados, para que modifiquen su tendencia proselitista y cumplan con su
deber de informar imparcialmente con el fin de evitar las confrontaciones,
preservar la salud mental de los venezolanos y lograr la seguridad y el respeto
para nuestros reporteros.
Por el Observatorio Global de los Medios, Capítulo Venezuela
Rafaela
Cusati / Coordinadora General
E-mail: rafaelacusaticusati@cantv.net
Caracas,
21 de noviembre 2002
