20 de agosto de 2020.- 

En este mes de agosto de 2020, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) hizo público un documento que denuncia cómo la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, ha sido una constante desde inicios del gobierno de Nicolás Maduro.  Violación que se ha acentuado en los últimos años, y que se mantiene en desarrollo a pesar de la cuarentena que vive el país debido a la pandemia del coronavirus.

Afirma la Plataforma que los derechos humanos consagrados en la Constitución Bolivariana de 1999 han quedado en letra muerta en múltiples escenarios que pasan por el alto número de ciudadanos asesinados por cuerpos policiales en supuesta “resistencia a la autoridad”; la muerte de ciudadanos que protestan en colas de gasolina debido a las permanentes irregularidades que cometen los funcionarios militares que custodian las estaciones; la muerte, producto de torturas, de miembros de la oposición civil y militares disidentes mientras estaban detenidos; la muerte de decenas de jóvenes participantes en las protestas del año 2017, debido a la fuerte represión policial-militar; la persecución y detención, incluso en tribunales militares, de dirigentes sindicales y gremiales que intentan ejercer sus legítimos derechos laborales; la persecución y detención de periodistas y comunicadores que hacen oposición política, amparándose el gobierno en la llamada “ley contra el odio” que es una parcializada norma jurídica que sólo se aplica a los opositores al gobierno.

Los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos laborales, la seguridad social, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos a brindar servicios públicos elementales como el agua, la electricidad, el gas doméstico, el transporte público, la telefonía fija, el aseo urbano, están siendo vulnerados totalmente por un gobierno absolutamente incapaz y que se ha colocado al margen de la constitución y las leyes.

Finaliza la PCDC reiterando su propuesta de que la crisis gravísima que atraviesa Venezuela debe resolverse mediante mecanismos constitucionales, pacíficos y democráticos, y que para ello se requiere el consenso y acuerdo entre todos los sectores políticos y sociales del país.

LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SE ACENTÚA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

La violación a los derechos humanos fundamentales se ha profundizado en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, incluso durante la cuarentena decretada debido a la pandemia del Covid19.

Dos hechos recientes ejemplifican esta grave situación: Los disparos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra ciudadanos que reclamaban irregularidades en la cola para surtir gasolina en una estación de Aragua de Barcelona, resultando un fallecido y un herido de bala^[i]. Ante esa agresión la fiscalía designó dos fiscales para investigar los hechos y posteriormente fueron detenidos cuatro miembros de la GNB^[ii] . El pasado 15 de julio otro ciudadano resultó muerto durante una protesta popular por irregularidades en el suministro de gasolina en Isla de Toas (Zulia), en donde la GNB aparentemente disparó contra un pescador que protestaba^[iii]. El 13 de agosto resultó muerta otra persona en un tiroteo suscitado en una bomba de gasolina en Maracaibo.

Desde hace meses hay graves irregularidades en las estaciones de gasolina al momento de surtir combustible. Colas que duran hasta varios días para poder echar gasolina, y una constante acción ilegal de los funcionarios militares en concierto con los trabajadores de dichas estaciones de servicio, los cuales ingresan muchos vehículos que no han hecho cola pero que sí han pagado la respectiva “coima”, muchas veces en dólares. Las protestas de los ciudadanos molestos y hartos son diarias a lo largo y ancho del país, y los casos de agresión física dentro de las estaciones de gasolina se presentan con mucha frecuencia.

El otro hecho destacado ha sido el desalojo de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas, con el argumento de que van a ser utilizadas para alojar pacientes del covid19. En una violación de los derechos de los estudiantes afectados, el gobierno realizó un allanamiento a media noche, aplicando pruebas PCR cuya veracidad fue puesta en duda por los  mismos estudiantes (como se observa su denuncia en numerosos videos)^[iv]. Los estudiantes finalmente fueron desalojados por la fuerza, y algunos de ellos detenidos por un tiempo^[v]. No se tomó en cuenta que muchos estudiantes que provienen del interior del país trabajan a la vez que estudian (obligados por la grave crisis económica que afecta también a sus familias), que en Caracas tienen mejor acceso a internet que en sus lugares de origen, y que regresarlos a su casa puede significar simplemente el abandono definitivo de sus estudios.

Otra violación reiterada de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, son las constantes muertes de ciudadanos en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. El pasado 11 de junio en la carretera Caracas-La Guaira, fueron asesinados cinco ciudadanos por el FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana-PNB). Ante el pronunciamiento público de una ministra denunciando ese asesinato^[vi], en lo que calificó de “actuación aberrante de esos funcionarios”, la fiscalía ordenó la detención de cinco integrantes del FAES, por “el exceso y uso desproporcionado de la fuerza”^[vii].

La muerte de ciudadanos que supuestamente hacen “resistencia a la autoridad” se han multiplicado exponencialmente en la última década. Connotados investigadores universitarios^[viii] han resaltado que, según las propias cifras aportadas por las autoridades, entre los años 2010 y 2018 “han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas”. Sólo en el año 2018 los datos oficiales reflejan 5.287 muertes a manos de las policías^[ix]. Provocando que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes aumentara de 2,3 % en 2010, hasta 16,6 % en 2018, un aumento del 622%.

El porcentaje de muertes en acciones policiales en comparación con el total de homicidios en Venezuela, que en 2010 era apenas del 4%, llegó en 2018 al 33%, lo que implica que uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. Son cifras más propias de un país en guerra civil, y no de un país en supuesta paz social.

Las FAES, creadas en 2017, han terminado de consolidar una visión que concibe la actuación policial como una cuestión militar y de seguridad nacional. El resultado son los miles de ciudadanos asesinados en la última década. En los hechos, el gobierno de Maduro ha implementado la pena de muerte mediante ejecuciones sumarias de supuestos delincuentes, una violación gravísima de nuestra Constitución Bolivariana, generando un clima de terror en los barrios más humildes de todas las ciudades del país.

El gobierno mantiene una constante persecución y represión hacia las organizaciones e individualidades que le hacen oposición política, o que simplemente ejercen sus derechos ciudadanos al denunciar irregularidades en la administración pública. Esta represión ha llegado hasta el asesinato de dirigentes opositores como el concejal Fernando Albán en octubre de 2018, que fue lanzado por una ventana del 10º piso del edificio del SEBIN^[x] en Caracas, luego de ser torturado mientras estaba detenido, como denunciaron sus abogados en base a evidencias observadas en el cadáver^[xi]. Otro caso es el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mediante torturas en junio de 2019^[xii]. La represión hacia la oposición política tuvo también una expresión lamentable en las decenas de jóvenes asesinados en las calles por los cuerpos policiales y militares mientras se desarrollaban las protestas populares del primer semestre de 2017.

La represión política, las detenciones y torturas a los detenidos se extienden a dirigentes obreros y periodistas que ejercen sus derechos constitucionales^[xiii]. Como el caso del dirigente sindical Rubén González, sometido a tribunales militares a pesar de su condición civil^[xiv] y Rodney Alvarez, ambos trabajadores de Ferrominera. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, ingenieros de PDVSA que denunciaban casos de corrupción y fueron detenidos y torturados por el DGCIM^[xv], acusados de traidores a la patria. Javier Vivas Santana, columnista de la web aporrea, detenido en marzo/2020 por sus escritos críticos hacia el gobierno^[xvi]. El dirigente político y comunicador Nicmer Evans, detenido en julio/2020, acusado de “instigación al odio”^[xvii]. Y la desaparición de Alcedo Mora en 2015, luego de denunciar hechos de corrupción en la distribución de gasolina.

La llamada “Ley contra el odio” aprobada por la inconstitucional “Asamblea Nacional Constituyente” en noviembre de 2017^[xviii], ha permitido al gobierno perseguir y silenciar a espacios comunicacionales y dirigentes sociales que cuestionan las irregularidades en la acción gubernamental. Es una ley que se aplica únicamente contra los que hacen oposición política al gobierno. El mismo presidente Maduro y muchos líderes del PSUV hacen constante apología al odio hacia sus opositores, sin que hasta el presente se haya levantado ninguna investigación contra ellos. Es una ley “ad hoc” utilizada como arma de control social y represión política de acuerdo a su conveniencia.

La persecución al periodismo crítico también se expresa en el bloqueo de páginas web como aporrea. También se persiguen los espacios de crítica y denuncia al cuestionar, el propio presidente Maduro^[xix], a la organización Provea^[xx], de relevante trayectoria por 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

La política ultraneoliberal de salarios de hambre (Salario Cero) que ejecuta desde hace años el gobierno de Maduro es otro escenario de violación de derechos humanos fundamentales y de la propia constitución nacional^[xxi]. La remuneración del trabajo ha desaparecido en la Venezuela supuestamente “socialista” de Maduro, pues hoy el salario mínimo más el bono de alimentación apenas superan los tres (3) dólares mensuales, contrastando esa dura realidad que vivimos todos los trabajadores en este país con los salarios mínimos del resto de países latinoamericanos^[xxii] que no se reivindican como “socialistas” ni “obreristas”: Uruguay, 462 dólares mensuales; Chile, 431; Ecuador 394; Paraguay, 355; Argentina 298; Perú, 275; Brasil, 257; Colombia, 254; México, 156; y Haití, 59. La supervivencia de los trabajadores y sus familias en Venezuela está en grave riesgo debido a la imposibilidad de alimentarse y mucho menos de cubrir otros gastos básicos con un salario de tres dólares al mes.

La violación de los derechos humanos se extiende a múltiples expresiones de los derechos sociales consagrados en la Constitución, como lo son:

• El derecho a la salud. Señalando el déficit en médicos y enfermeras debido a la enorme migración debido a los bajos salarios; unido a las carencias de equipos, insumos médicos y medicinas para atender pacientes en los hospitales públicos y ambulatorios. La disminución de campañas preventivas de vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas desde hace décadas (como la malaria y la tuberculosis)^[xxiii].
• El derecho a la seguridad social, en donde resalta la casi desaparición del valor real de las pensiones, cuyo monto hoy apenas supera un (1) dólar mensual. Lo que ha colocado a centenares de miles de ancianos al borde de la inanición por la incapacidad de alimentarse ni siquiera un día con el ingreso que perciben del estado.
• El derecho a la educación, al reducir al mínimo y casi desaparecer los presupuestos destinados al sistema educativo en todos sus niveles. Resaltando la desaparición absoluta del financiamiento a la investigación científica en las universidades y de todas las actividades relacionadas con la academia.
• Los derechos de los pueblos indígenas, en donde resalta todo un conjunto de violaciones ubicadas en la explotación del Arco Minero del Orinoco^[xxiv] y en las recientes resoluciones del CNE eliminando el voto directo de los pueblos indígenas para elegir la Asamblea Nacional.
• La violación de prácticamente todos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), resaltando el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018, que desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. La política de “aplanar” las tablas salariales,  violenta el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconoce la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
• Al calificar como “bioterroristas” a los connacionales que regresan a través de pasos fronterizos ilegales^[xxv] (trochas), se genera una instigación al odio y se abre la puerta a la represión policial-militar, se expone al desprecio público y se somete de hecho a malos tratos, a todos los ciudadanos que están regresando al país porque perdieron sus trabajos en los respectivos países adonde habían emigradoEl llamado “plan vuelta a la patria” de Maduro ha terminado en su contrario: “no regresen, que aquí no los queremos”.
• Existen deficiencias graves en el suministro de agua, electricidad, gas doméstico, telefonía fija y aseo urbano en buena parte del país, llegando hasta semanas, meses y años, el tiempo en que el Estado deja de suministrar dichos servicios. El transporte público urbano e interurbano también se ha reducido significativamente.

La violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en la constitución y las leyes de la República ha sido una constante durante el gobierno de Nicolás Maduro. De facto, el gobierno mantiene un estado de excepción permanente, suspendiendo garantías constitucionales que no pueden ser obviadas en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el debido proceso, el derecho a la información y demás derechos intangibles (artículo 337 de la Constitución).

Más que denunciar esta grave situación que está convirtiendo a Venezuela en un territorio donde no existe el imperio de las leyes, y el abuso contra los ciudadanos es una política de estado, hoy más que nunca se plantea la necesidad de una solución urgente a la profunda crisis que en todos los órdenes atraviesa el país. Una solución que, como hemos propuesto reiteradamente en el último año, debe buscarse por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, a partir de acuerdos consensuados entre todos los sectores políticos y sociales del país.

República Bolivariana de Venezuela, 19 de agosto de 2020.

Santiago Arconada, Juan García, Edgardo Lander, Roberto López Sánchez, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos, Esteban Emilio Mosonyi,

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A continuación el comunicado, que en su versión completa puede leerse en: https://www.aporrea.org/ddhh/a293691.html