En los últimos días, las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro han vuelto a encender las alarmas en el terreno de la geopolítica regional. Al referirse al incendio ocurrido en la empresa venezolana Primazol, Petro aseguró (sin pruebas ni verificación alguna) que se trataba de un supuesto “centro de preparación de cocaína”.
Tal afirmación, más allá de su inconsistencia fáctica, revela una peligrosa deriva discursiva: la de un mandatario que, en lugar de asumir con rigor la responsabilidad de sus palabras, se convierte en eco de narrativas ajenas, particularmente aquellas que provienen del arsenal propagandístico del imperialismo estadounidense.
Un presidente no habla en vacío. Cada declaración pública tiene peso político, diplomático y simbólico. Petro, al insinuar que una empresa venezolana era fachada del narcotráfico, no solo incurre en una falta de respeto hacia la soberanía de un país vecino, sino que también reproduce el viejo libreto de criminalización que Washington ha utilizado contra Venezuela durante décadas.
La ligereza con la que se pronunció, sin investigación ni contraste, lo coloca en el terreno de la especulación irresponsable, más propio de un vocero mal asesorado que de un estadista.
No es casual que Petro repita, casi como un ventrílocuo, las mismas acusaciones que desde hace años se lanzan desde los centros de poder estadounidense: que Venezuela es un “Estado fallido”, una “dictadura” o un “narcopaís”. Estas etiquetas, diseñadas para justificar sanciones, bloqueos y agresiones diplomáticas, encuentran ahora un portavoz inesperado en el presidente colombiano.
La paradoja es evidente: quien se presentó como alternativa progresista en Colombia, termina alineándose con el discurso de Donald Trump y sus herederos políticos, debilitando cualquier pretensión de autonomía latinoamericana.
La ambigüedad de Petro no es ingenua. Oscila entre gestos de acercamiento hacia Caracas y declaraciones que la deslegitiman. Esa oscilación, lejos de ser una estrategia de equilibrio, se convierte en un signo de debilidad política y conceptual. Al no definir con claridad su postura frente al imperialismo, Petro abre la puerta a interpretaciones que lo muestran como un dirigente incapaz de sostener una línea coherente de integración regional.
Su ambigüedad, además, parece estar alimentada por asesores que privilegian el cálculo mediático sobre la consistencia ideológica.
El caso Primazol es solo un episodio más en la larga cadena de intentos por vincular a Venezuela con el narcotráfico. Sin embargo, lo que resulta más grave es que estas acusaciones provengan de un presidente vecino, cuya responsabilidad debería ser la de contribuir a la estabilidad regional y no a la reproducción de conflictos.
Petro, al sumarse a esta narrativa, refuerza la estrategia de aislamiento que Washington busca imponer sobre Caracas, debilitando los esfuerzos de soberanía y autodeterminación que Venezuela ha defendido frente a las agresiones externas.
La figura de Petro, que alguna vez despertó expectativas de renovación política en Colombia, corre el riesgo de diluirse en la ambigüedad y el oportunismo.
Al convertirse en portavoz de las mentiras del imperialismo, pierde credibilidad como líder regional y se distancia de los principios de integración y respeto mutuo que deberían guiar a América Latina.
Su discurso, mal asesorado y contradictorio, lo acerca más a la caricatura de un ventrílocuo de Trump que a la de un estadista capaz de pensar con voz propia.
En definitiva, la ambigüedad de Petro no solo lo debilita a él, sino que también erosiona la posibilidad de construir un frente latinoamericano sólido frente a las presiones externas.
Petro, en cambio, parece haber optado por el camino fácil: repetir sin fundamento las acusaciones de quienes históricamente han buscado someter a nuestros pueblos.