"Lo que tenemos que hacer es mantener viva la esperanza, porque sin eso nos hundiremos" (John Lennon)
Nada ni nadie puede arrebatarle a un pueblo, que ha decidido ser independiente, libre y emanciparse, su derecho a sublevarse contra la opresión y contra las sanciones que representan la voluntad del poderoso. Ese derecho a sublevarse, al ubicarlo en el contexto del derecho insurgente, nos lleva a realizar algunas consideraciones sobre este último.
El derecho insurgente es el "creado por los oprimidos para defender sus intereses y necesidades", siguiendo la lógica del profesor Antonio Carlos Wolkmer (2017). Este derecho rompe con la fetichización de la ley, detrás de la cual siempre está la voluntad constituyente y el "Estado de derecho" (por sobre la vida de los excluidos); también rompe con el poder constituido, trasciende el ámbito del Estado moderno que "carece de unidad cultural", y por tanto nace del pueblo, se anida en los "sujetos sometidos" (Foucault), en las diversas comunidades, en los movimientos sociales. El derecho insurgente transforma el sistema jurídico desde una nueva instancia de legalidad y legitimidad en tanto es el nuevo poder constituyente.
En la búsqueda de nuevas formas plurales y alternativas de legitimación contrahegemónicas a la tradición formalista y dogmática del derecho occidental, el derecho insurgente es contra hegemónico y emancipador que rompe, además, el "mito" monista de la centralización del derecho. Se inscribe en una propuesta que se configura por un tipo específico de pluralidad jurídica, abierta, participativa, democrática e intercultural, y que es síntesis de todos los intereses cotidianos, individuales y colectivos, y puede ser considerado una expresión de "pluralismo jurídico, de liberación o juridicidades insurgentes, prácticas que se disponen ir más allá de las esferas de la modernidad monocultural y colonizadora, transformando las instituciones", según Jesús Antonio de la Torre Rangel.
El derecho insurgente sería una suerte de pluralismo comunitario, capaz de reconocer y legitimar normatividades extras e infraestatales, generadas en virtud de las carencias y las necesidades fundamentales provenientes de nuevos sujetos sociales, y de captar las representaciones legales de sociedades emergentes en procesos de descolonización, marcadas por estructuras de igualdad precarias y pulverizadas por espacios de conflictos permanentes. De allí que representa un avance democrático en dirección a una legalidad plural, fundada no más exclusivamente en la lógica de una racionalidad formal, sino en la satisfacción de las necesidades y en la legitimidad de nuevos sujetos sociales.
Se inscribe, además, en los nuevos modelos plurales, participativos y democráticos de justicia que apuntan hacia el desarrollo de ciertas prácticas designadas de juridicidad alternativa. En este sentido, no es propiamente un "uso alternativo del derecho", sino un proceso de construcción comunitaria de otras formas jurídicas compartidas. Podríamos inscribirlo también en la llamada sociología de las emergencias, de la cual habla Boaventura de Sousa Santos, en tanto plantea una variedad de luchas, iniciativas, movimientos y organizaciones que en distintos ámbitos (local, nacional o global) acuden al derecho como recurso para propósitos emancipadores.
Según la sociología de las emergencias, el papel de la "crítica jurídica" es fundamental como estrategia pedagógica para crear las condiciones epistemológicas y político-ideológicas de una justicia material efectiva que pueda expresar la alternatividad de un espacio público realmente democrático, capaz de buscar una nueva hegemonía, síntesis de la "voluntad general", en la que coexistan con la pluralidad de los intereses particulares, en una igualdad fundada en las diversidades y en las diferencias.
Es necesario considerar que la constitución de una cultura jurídica antiformalista y pluralista, fundada en los valores del poder social compartido, está necesariamente vinculada a los criterios de una nueva legitimidad. El nivel de esa eficacia pasa por la legitimidad de los actores sociales involucrados y de sus necesidades y reivindicaciones.
El objeto último de la teoría crítica es ella misma, transformarse en un nuevo sentido común, en un sentido común emancipatorio, que reconozca el poder científico del conocimiento del "común"; y como parte de la crítica jurídica, opera en la búsqueda de liberar al sujeto de su condición histórica como un ser negado y como un ser excluido del mundo de la vida con dignidad. La "crítica", como saber cognitivo y ejercicio de la emancipación, tiene que mostrar el grado de alienación y de automatización. Dicho lo anterior, afirmamos que los gobiernos de la Revolución Bolivariana no han hecho otra cosa que sublevarse contra el dominio del poderoso del Norte, con todo su andamiaje jurídico de dominio mundial y de pluralismo jurídico transnacional, en función de la emancipación de Venezuela.
En ese mismo marco –el de la resistencia e insurgencia– el gobierno de Venezuela interpuso, el 13 de febrero de 2020, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, una denuncia contra las autoridades de EE. UU. por "crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano" y emprendió una campaña que busca darle visibilidad a esa realidad, puertas adentro, con el lema "Las sanciones son un crimen".
En razón de estos hechos y realidades, podemos afirmar que la Revolución Bolivariana construye una alternativa de emancipación dentro del pluralismo jurídico en pleno desarrollo, sobre todo en un locus: América Latina y el Caribe, prácticamente ignorada desde el pensamiento dominante anglo y eurocéntrico.
En definitiva, el gobierno bolivariano es el principal obstáculo para que Estados Unidos logre su verdadero objetivo: apoderarse de Venezuela por lo que ella significa, geoeconómica y geo políticamente, y recuerda mucho lo dicho por el general Norman Schwarzkopf de EE. UU., al mando de la coalición durante la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), que habla por sí mismo: "Si todo Kuwait hubiese tenido zanahorias en lugar de petróleo, nunca me habrían enviado aquí".