El Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) ha detallado que “un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, según ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, acompañado de un vídeo del operativo.
Los ataques se han producido contra tres embarcaciones que, según el Ejército estadounidense, operaban en aguas internacionales y estaban vinculadas a redes criminales. “La Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico”, ha señalado el Southcom, que depende directamente del Departamento de Defensa, dirigido por Pete Hegseth.
La operación ha sido ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, una denominación que el propio Pentágono utiliza para englobar esta campaña de ataques selectivos contra embarcaciones sospechosas de transportar droga y armamento. Según la versión oficial, el objetivo estratégico pasa por “interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas”, una formulación que equipara explícitamente el narcotráfico con el terrorismo.
Desde el inicio de esta campaña, Estados Unidos ha atacado más de una veintena de embarcaciones tanto en el Pacífico como en el Caribe, incluidas zonas cercanas a Venezuela. Según datos oficiales, al menos 90 presuntos narcotraficantes han muerto como consecuencia de estos ataques, que suponen un cambio de calado en la forma en la que Washington ha abordado históricamente este tipo de operaciones.
El uso directo de las Fuerzas Armadas para atacar embarcaciones sospechosas de narcotráfico marca, de hecho, una ruptura con la estrategia tradicional de interdicción y cooperación policial. Un giro que la Administración de Donald Trump ha tratado de blindar jurídicamente ante las crecientes críticas de expertos en derecho internacional.
Algunos juristas han advertido de que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales ilegales. El Pentágono lo niega de plano. “Nuestras operaciones en la región del Southcom son legales tanto bajo la legislación estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas las acciones cumplen con la Ley de los Conflictos Armados”, aseguró a principios de mes el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson.
Este endurecimiento militar se produce, además, en un contexto político cada vez más inflamable. El propio Trump ha asegurado en varias ocasiones que prepara operaciones militares en tierra en Venezuela con el argumento de erradicar el narcotráfico. La semana pasada, el presidente estadounidense fue un paso más allá y afirmó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era “el siguiente”, en referencia a su estrategia de presión regional contra gobiernos a los que acusa de tolerar o facilitar estas redes.
Según fuentes militares citadas por medios estadounidenses, los ataques navales se interpretan ya como el preludio de posibles incursiones terrestres en Venezuela, un escenario que elevaría de forma drástica la tensión en América Latina y consolidaría una doctrina de seguridad basada en la fuerza militar directa más allá de las fronteras de Estados Unidos.