Ecuador: piden 34 años de prisión para 17 militares por desaparición de niños en Guayaquil

Lunes, 08/12/2025 04:05 PM

Familiares de las víctimas y organizaciones de DD.HH. denuncian que faltan implicados por identificar, que se ha ocultado información y que las autoridades aún no han ofrecido disculpas públicas
8 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Ecuador solicitó este lunes una pena de 34 años y ocho meses de prisión para 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de la desaparición forzada y posterior asesinato de los adolescentes Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, en el marco del caso Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, los uniformados participaron en la aprehensión de los menos de edad. Tras su aprehensión, los adolescentes no volvieron a ser vistos con vida. Sus cuerpos, completamente calcinados, aparecieron el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, en el cantón Naranjal.

Durante las audiencias de juzgamiento, el fiscal Christian Fárez sostuvo que los hechos no fueron un error operativo, sino un acto deliberado de violencia contra niños afrodescendientes, provenientes de comunidades pobres, que no eran delincuentes y se hallaban vinculados a actividades formativas como el deporte.

Fárez presentó como sustento pericias forenses, testimonios y grabaciones que muestran golpizas, ofensas y agresiones físicas mientras los jóvenes estaban bajo control militar. Entre los hechos descritos figuran lesionarlos con objetos contundentes y actos de tortura perpetrados durante el traslado hacia el sitio donde finalmente fueron asesinados.

El Ministerio Público encuadró el delito en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la desaparición forzada con penas de entre 22 y 26 años. No obstante, solicitó la pena agravada debido a la condición de las víctimas —todas menores de edad— y a la participación de servidores estatales, lo que eleva la condena a más de tres décadas de prisión.

El caso ha provocado indignación a nivel nacional, en medio de retrasos judiciales, intentos de recusación y denuncias de presuntos mecanismos de encubrimiento dentro de las FF.AA. Diversas organizaciones defensoras de DD.HH. exigen transparencia y que se juzgue a todos los responsables.

Los familiares de las víctimas reclaman al Estado para que asuma su responsabilidad, ya que no confían en que las instituciones ecuatorianas garanticen justicia.

Aseguran, además, que faltan implicados por identificar, que se ha ocultado información y que las autoridades aún no han ofrecido disculpas públicas ni han revelado la totalidad de los involucrados.

Luis Arroyo, padre de dos de los adolescentes, afirmó “No confiamos en las leyes ecuatorianas. Queremos que este caso llegue a la Corte Interamericana”.

Los cuatro chicos fueron retenidos por dos patrullas militares el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil. Según testimonios recopilados en el expediente, fueron abandonados heridos y sin ropa en un camino rural de Taura, a unos dos kilómetros del centro parroquial. Dieciséis días después, sus restos calcinados fueron localizados en una zona aislada de esa misma jurisdicción, en la provincia del Guayas.

Nota leída aproximadamente 331 veces.

Las noticias más leídas: