Los cambios en Colombia han sido objeto de un masivo ataque y bloqueo de parte de las mafias oligárquicas que han utilizado todos los recursos a su disposición para tales efectos.
La más reciente canallada de la ultraderecha en contra del proyecto popular que lidera el presidente Petro tiene que ver con la anulación de los decretos de la "Emergencia económica" dictados recientemente para subsanar los problemas fiscales y presupuestales que aquejan el funcionamiento del gobierno como consecuencia de la desastrosa herencia del gobierno de Ivan Duque en materia de endeudamiento y subsidios a los grupos más ricos de la sociedad, especialmente los banqueros y dueños del sistema financiero; y de la espantosa corrupción que persiste en los enclaves más influyentes del gobierno aún controlados por bandas y pandillas portadoras de lenguajes seudo izquierdistas como expresión del oportunismo y la degradación política. Se trata de una falencia que ha desbordado la capacidad de gobierno del presidente Petro, víctima del engaño de personajes como Laura Sarabia, hoy embajadora en Londres, quien aprovecho sus posiciones en el alto gobierno del Pacto Histórico para realizar graves hechos de corrupción y saqueo de los dineros de la salud; conducta que parece generalizarse en otros altos cargos de la actual administración, infiltrada por agentes de la extrema derecha fascista y paramilitar, que deben ser denunciados y desenmascarados para contrarrestar el daño político en la credibilidad de los sectores y movimientos populares.
Lo que ha ocurrido por cuenta del fallo de la facción ultraderechista de la Corte Constitucional es un verdadero Lawfare jurídico contra las libertades y los derechos democráticos de los colombianos.
Este hecho realza la propuesta de preparar una Asamblea constituyente popular en la iniciativa política formulada por el presidente Petro para profundizar la transición política con radicales reformas en el Estado, en la economía, en la concentración de la riqueza, en el régimen agrario y en la construcción de la paz.
Así, hoy se dado un hecho trascendental cuando las autoridades electorales, en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado civil, han reconocido el Comité Promotor de la Constituyente en los términos de la Ley 1757 del 2015, mediante la Resolución 1117 de 2026, lo que conlleva la recolección de inmediata, durante seis meses, de las firmas para convocar la Asamblea popular constituyente mediante iniciativa popular. Deben ser más de 3 millones de firmas de respaldo a este proceso político.
Obviamente la campaña para recoger las firmas indicadas estará articulada a la movilización para las elecciones legislativas y presidenciales que ocurrirán en este primer semestre del 2026, caracterizado por una aguda confrontación entre el bloque popular que lidera el senador Ivan Cepeda como candidato de la Izquierda y la ultraderecha que convoca el ex presidente Álvaro Uribe Vélez con los distintos nombres del campo reaccionario.