La campaña electoral para elegir el próximo presidente de Colombia y la integración del poder legislativo (2026) cobra intensidad en el debate público nacional.
El candidato del Bloque popular, senador Ivan Cepeda, gana cada vez más preponderancia y fuerza en las expectativas electorales de millones de colombianos. Su propuesta programática "las tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida" conquista más espacio en millones de ciudadanos que comprenden la necesidad de dar sostenibilidad a los cambios adelantados por el actual gobierno en cuanto al reconocimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y ambientales.
En el conjunto de las iniciativas de gobierno de Cepeda conviene destacar su tesis para organizar un poderoso sistema de lucha y ataque a la mega corrupción y un modelo de austeridad que trascienda el esquema neoliberal.
Recojo en este texto los aspectos esenciales de su reflexión sobre la mega corrupción que despoja centenares de billones de pesos de los presupuestos públicos.
La corrupción es un problema estructural.
Para Cepeda la corrupción es un problema estructural que agobia a la sociedad colombiana.
Se trata de un mal que, con hipocresía, han intentado minimizar las roscas oligárquicas pese al daño devastador que le ha causado a Colombia. Cepeda habla de la gran corrupción, de esa criminalidad extendida que coloniza instituciones, desangra presupuestos, destruye la confianza de la ciudadanía y nos arrebata el futuro. No es un caso aislado ni una manzana podrida, es un sistema que hay que desmantelar con decisión y con coraje.
Durante décadas, como oposición, Cepeda enfrento sin concesiones ni temores a poderes tenebrosos. Lo hizo en las calles, en los debates de control político, en la investigación rigurosa y en la denuncia documentada. Ese ha sido su compromiso: poner la verdad por delante y defender lo público.
Por eso le duele y avergüenza que, en el actual Gobierno, hayan ocurrido hechos como los que involucran al señor Olmedo López que protagonizo el más descarado robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según las investigaciones, allí se habría montado una red para saquear recursos destinados a socorrer a comunidades golpeadas por desastres naturales.
Quien toca esos recursos les roba a los más vulnerables, le arrebata alivio al que lo perdió todo. No hay eufemismos posibles, es un proceder abiertamente criminal, agrega Cepeda.
No llegamos al Estado para repetir lo que combatimos, sino para erradicarlo, afirma. Por eso, en un segundo Gobierno para consolidar el cambio social, se va a fortalecer la justicia, mejorar el sistema de alertas tempranas para prevenir los actos de corrupción y optimizar la devolución de lo saqueado, con el fin de recuperar recursos y destinarlos a los programas sociales, se irá a fondo para que nada ni nadie vuelva a profanarlos.
A la sociedad colombiana hoy no le basta un perdón; le debemos un compromiso inequívoco, una lucha sin cuartel contra la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga, sin privilegios ni impunidad, con transparencia total y resultados verificables.
Por eso, presenta su propuesta concreta, viable e imperativa para enfrentar entre todos estos males.
La propuesta concreta.
Veamos la propuesta que se le hace a los colombianos desde la candidatura de la Izquierda de Pacto Histórico.
Caracterizar la corrupción.
Lo que se busca es, en primer lugar, definir con precisión el problema, comprender su naturaleza y su verdadera dimensión, y aplicar, en consecuencia, la investigación rigurosa, la justicia efectiva que exige. Lo que requiere acción institucional en alianza con la participación ciudadana y de los movimientos sociales, investigaciones a fondo, sanciones ejemplares y recuperación de lo robado.
En el último medio siglo, en Colombia hemos pasado de la corrupción a la gran corrupción. Lo primero es definir con claridad de qué estamos hablando. El término «corrupción» ya no basta para describir lo ocurrido en el Estado y en la sociedad durante las últimas décadas.
De actos individuales, episódicos y relativamente simples —que involucraban a unos cuantos agentes del Estado y a algunos particulares en delitos como el soborno—, hemos pasado a la macro corrupción: la descomposición generalizada de instituciones y poderes públicos, y operaciones complejas de estructuras que despliegan actividades concertadas en las que participan un gran número de personas.
En esos conciertos para delinquir actúan múltiples actores de distinta naturaleza: legales (empresarios, políticos), aparentemente legales pero aliados con la ilegalidad, ilegales (mafias, grupos armados).
En años recientes se han visto operaciones de gran escala para capturar e, incluso, reconfigurar el Estado. Por ejemplo, la parapolítica impulsada por el uribismo fue la más significativa de esas expresiones, y llegó a incluir la toma de una porción significativa del Congreso de la República.
Para tener una idea de lo que estamos hablando, basta enunciar algunas cadenas delictivas que hacen parte de la interminable lista de la mega corrupción en el país.
Hoy, cada año, se saquean billones de pesos del erario; institutos y dependencias estatales se convierten en cuotas clientelares y burocráticas de mafias políticas; la contratación pública se asigna mediante gigantescos sobornos y licitaciones amañadas; la adquisición de suministros en dependencias estatales se ha convertido en fuente de lucro para algunos funcionarios; muchos trámites de la administración pública exigen el pago de «comisiones»; los congresistas se han convertido en tramitadores de prebendas y contratos; en las elecciones se presentan fraudes periódicos que distorsionan los resultados definitivos; los puertos y las aduanas son fortines politiqueros para negociar el contrabando con grupos armados y mafias.
Ese entramado delictivo, según Cepeda, alcanza incluso los gastos esenciales para la vida de los colombianos: los recursos de la salud, los fondos para la paz, el dinero destinado a la reparación de las víctimas y los recursos para atender a comunidades afectadas por desastres naturales, que los «Olmedos» de turno no vacilan en saquear.
Se trata de verdaderos aparatos que operan en red para acumular capital, afectan todas las ramas del poder público y configuran la administración en todos los niveles del Estado.
Ninguna instancia está a salvo, e incluso dependencias del poder judicial y los órganos de control han sido puestos al servicio de las redes criminales.
Corrupción en la impunidad.
Por esta, entre otras razones, la impunidad de la corrupción se mantiene incólume prolongándose en el tiempo. En 2024 alcanzó una tasa del 94 %. De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95 % y 12 están entre el 90 % y el 94,9 %. A su turno, Bogotá tiene un 88 % de impunidad.
Así, la macro corrupción inflige un daño estructural al país:
deslegitima y erosiona la democracia; quiebra las reglas de la competencia económica al favorecer a unos pocos actores poderosos; corroe la ética pública; alimenta la violencia para encubrirse o mantenerse, y reduce la política a un mercado de intereses y ambiciones en el que todo vale, incluso perpetrar los peores crímenes. Esa lógica, desprovista de respeto por las leyes, se ha normalizado como modo de ser y de ascenso en la sociedad.
A esta tragedia nacional debemos decir: ¡ya basta! El próximo Gobierno progresista debe liderar el comienzo de un viraje histórico anticorrupción.
Si esa es la dura realidad que afrontamos, ¿en dónde reside el problema del enfoque tradicional que se está aplicando y que posibilita la impunidad?
De acuerdo con lo que han advertido destacados investigadores nuestras políticas anticorrupción han fallado no por falta de normas, sino por problemas de enfoque.
Hemos mirado la corrupción con lentes estrechos y microscópicos.
Necesitamos una mirada estructural y sistémica a la medida de las dimensiones de este flagelo; que convierta la lucha anticorrupción en una causa nacional, y esta causa en una verdadera política de Estado, con nueva arquitectura institucional, jurisdiccional y de reparación social.
En Colombia, la corrupción suele analizarse con una lógica penal reductiva y equivocada. La corrupción no es la suma de delitos individuales; es una macro criminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades.
Así como un genocidio no puede reducirse a una suma de homicidios, la gran corrupción no puede abordarse con el tratamiento penal del caso individual, o la sumatoria de casos individuales.
Se trata al corrupto como a un delincuente común al que se le impone una pena de cárcel proporcional al dinero usurpado, pero se descuidan los daños reales que el aparato criminal al que pertenece ese delincuente causa sobre las víctimas.
Es usual que algunos salgan de prisión con más riqueza y más poder. Eso debe terminar.
El sistema judicial no está para hacer más poderosos a los delincuentes corruptos, sino para proteger y resarcir a los millones de compatriotas víctimas de este flagelo. La corrupción tiene víctimas directas, comunidades rurales y urbanas, niñas y niños sin escuela, pacientes sin medicina, familias sin agua, jóvenes sin oportunidades, territorios sin vías de comunicación.
Por lo tanto, el sistema judicial tradicional, centrado en castigos penales a personas, se queda corto. Si no hay ataque frontal a la estructura criminal, desmantelamiento de sus subestructuras y redes, extinción efectiva de dominio, reparación a las víctimas y recuperación de lo robado, la impunidad se recicla.
Requerimos un modelo integral que ataque la renta, el silencio y el territorio de la corrupción, fiscalización rigurosa y transparente del gasto público; decomiso ágil de bienes ilícitos en el país y fuera de este; y una justicia que escuche a las comunidades, repare el daño y priorice inversión donde más se ha perdido.
Colombia ya cuenta con desarrollos jurisprudenciales y técnicos para aplicar esta perspectiva sin depender de organismos internacionales. Lo que ha faltado es voluntad política.
Crear el Sistema Nacional contra la Macro corrupción.
Cepeda propone entonces para tal fin la creación del Sistema Nacional contra la Macro corrupción, una arquitectura institucional coherente que actúe de principio a fin. Un sistema con cinco pilares que se refuerzan mutuamente: prevención e información; investigación especializada; juzgamiento eficaz con reparación; presencia decidida en los territorios, y movilización ciudadana.
Primero. Transparencia, prevención e información.
Pasaremos de reaccionar a anticiparnos. La transparencia y la información en tiempo real serán nuestra primera línea de defensa.
Fortaleceremos la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y daremos autonomía real — técnica, administrativa y presupuestal— a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, garantizando su independencia y su capacidad de investigación con enfoque sistémico.
Pondremos a funcionar plenamente el Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) como plataforma abierta y preventiva. Construiremos un sistema de alertas tempranas contra la macro corrupción, articulando bases de datos, trazabilidad del gasto y señales de riesgo.
Segundo. Investigación y juzgamiento con enfoque de sistema.
Crearemos, en la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Investigación de la Macro corrupción. Las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados.
Esta unidad identificará los aparatos y estructuras de la macro corrupción y a sus jefes o determinadores; develará los modus operandi, los planes y patrones de criminalidad a escala nacional, sectorial y regional, y rastreará las dimensiones económicas, incluido el lavado de activos y los mecanismos de impunidad.
Aplicaremos metodologías de macro criminalidad, como las usadas frente a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.
Crearemos una instancia de juzgamiento especial, al más alto nivel posible, para los casos de corrupción sistémica.
Las sentencias incluirán medidas de reparación integral para víctimas individuales y colectivas.
La macro corrupción también deja víctimas y territorios heridos, y deben ser reparados.
Tres. Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción.
Canalizaremos a este fondo todos los capitales y recursos expropiados a los corruptos para reparar no solo el dinero público malgastado, sino también los daños materiales e inmateriales causados a víctimas individuales, colectivas y a la sociedad.
Cuando la corrupción golpee un sector, como la salud, por ejemplo, los recursos recuperados se destinarán a fortalecer ese sistema y a reparar a sus víctimas. Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido.
Fortaleceremos la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que la recuperación de bienes ilícitos se traduzca en obras y servicios para la gente.
Evaluaremos, además, la aplicación de modelos de justicia restaurativa en este campo.
Cuatro. Presencia decidida en los territorios.
Llevaremos la acción coordinada del sistema de justicia a los lugares con mayores índices de corrupción e impunidad, con capacidad real de investigación y juzgamiento en el terreno. Donde más roban lo público, más presente debe hacerse el Estado.
Trabajaremos para que surjan alianzas territoriales anticorrupción, que integren a los movimientos sociales, las ciudadanías, el sector privado con la acción del Estado de derecho.
Quinto. Movilización de la sociedad.
Ningún país derrota la macro corrupción solo
desde los despachos. Necesitamos ciudadanía vigilante y organizada. Junto con movimientos sociales, organizaciones comunitarias, academia y sector privado, promoveremos un gran movimiento nacional de participación, control y fiscalización social.
Impulsaremos una cultura de integridad que empiece en la escuela y llegue a cada oficina pública, a cada empresa y a cada familia. La transparencia debe ser una práctica cotidiana, no un discurso.
La sociedad debe sostener una estrategia de rechazo moral y ético frente a los corruptos y a todo acto ilícito relacionado con la corrupción.
La participación ciudadana será vínculo y motor: veeduría, seguimiento, denuncia responsable.
Acompañaremos a las víctimas de la corrupción, cuya memoria, exigencia de verdad y reivindicación de justicia son definitivas para triunfar en esta causa.
Todas estas propuestas de Cepeda reflejan su compromiso ético con Colombia y los sectores populares de su población. No se trata de un discurso más, ni de una exposición demagógica, pues surge de un líder comprometido a lo largo de su vida con los intereses comunes de la sociedad.
La austeridad republicana.
Al tiempo con esta gran propuesta para enfrentar la mega corrupción, Cepeda plantea construir un sistema legal para la austeridad republicana y anti neoliberal.
Para tal efecto presentara al poder legislativo, con mensaje de urgencia y prioridad una Ley de Austeridad Republicana. Y mientras se aprueba dictara medidas ejecutivas para controlar los gastos de funcionamiento y orientar cada peso hacia el bienestar social.
Fin de los privilegios y lujos en el alto gobierno
Los miembros del gobierno vivirán como vive la mayoría del pueblo.
Se reducirá salario del Presidente de la República y el de las ministras y ministros.
Las condiciones de vivienda, transporte, seguridad y descanso se ajustarán estrictamente a lo necesario para ejercer sus funciones, sin lujos ni excesos.
Se realizará una revisión rigurosa del gasto en publicidad, funcionamiento y representación. Todo gasto suntuario será eliminado.
Cada peso ahorrado será destinado al gasto social.
Revisión de privilegios en todas las ramas del poder público.
Se invitará al Congreso, al Poder Judicial y a los gobiernos locales a revisar sus propios privilegios y gastos superfluos, respetando la independencia de poderes.
Se presentará al país un informe detallado de esta revisión para que la ciudadanía conozca quién cumple y quién se resiste.
El servicio público debe recuperar su esencia: humildad, entrega y compromiso con la gente.
Adquisición de bienes y contratación estatal.
Toda compra, arriendo, contratación de obra o adquisición de vehículos estará bajo estricta vigilancia para evitar derroche o malversación. Los entes de control deberán ejercer supervisión especial dentro y fuera del país.
Actividades oficiales y viajes.
Reuniones, actos y comisiones oficiales, congresos, convenciones y celebraciones estarán sujetas a criterios estrictos de economía.
Los viajes al exterior o dentro del país deberán ser indispensables y austeros.
Y cualquier costo adicional en viáticos, alojamientos o beneficios especiales deberá ser asumido por el propio funcionario.
Una revolución ética es la que plantea el candidato Ivan Cepeda desde la izquierda; propuesta que debe reunir a los sectores no violentos y constitucionalistas de la vida política, en momentos en que la ultraderecha fascista amenaza con aniquilar violentamente a los partidos y militantes de la izquierda revolucionaria.