Venezuela: Entre la Represión y la Injerencia Extranjera
La brutal agresión que grupos armados parapoliciales cometieron contra las madres de los presos políticos que se encontraban haciendo vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia el pasado martes 5 de agosto, y la posterior detención de la activista Martha Lia Grajales, generó una enorme ola de solidaridad nacional e internacional hacia los presos políticos venezolanos, que llevó a su excarcelación con medidas cautelares el día martes 12 en horas de la noche, hecho sin precedentes en los últimos años.
La gran respuesta del movimiento popular, hizo que el régimen liberara a un detenido político, pero no evitó las declaraciones del presidente Maduro, quien en su programa televisivo del pasado lunes, realizó acusaciones totalmente infundadas contra organizaciones no gubernamentales, que según él, se presentan como una “falsa izquierda”, que las cuales tendrían por objetivo “infiltrar” las estructuras del gobierno, ong´s que estarían aliadas al imperio gringo y a factores internos, financiadas por “fundaciones alemanas”, que supuestamente buscan derrocarlo.
Este discurso de Maduro contra opositores de izquierda, empalma con la noticia que difundió la Radio Nacional de Venezuela el miércoles 13, que menciona “la existencia de un entramado de organizaciones y actores, como la Fundación Rosa Luxemburgo, Observatorio de Ecología Política y PROVEA, que, bajo fachadas académica y ambientalista, han operado en Venezuela como instrumentos de injerencia política y articulación internacional contra el Estado venezolano”.
La información de RNV afirma que: “En el centro de esta red figura la Fundación Rosa Luxemburg, que ha tenido como representante en el país a la socióloga Alexandra Martínez. Según diversas fuentes, Martínez, junto a Emiliano Terán Mantovani, integrante del Observatorio de Ecología
Política de Venezuela (OEP), fue tutoreada por el sociólogo Edgardo Lander. Este último, junto a Francisco Javier Velasco (director del CENDES-UCV y mecenas del OEP), Santiago Arconada y otros actores, integra la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco (AMO), estructura que ha desplegado una intensa campaña contra esta política estratégica del Estado”.
Esta denuncia, en sintonía total con las acusaciones de Maduro del pasado lunes, constituyen una amenaza directa contra las libertades democráticas consagradas en la Constitución, y contra el derecho de autonomía académica e investigativa, y se emparenta con el PENSAMIENTO ÚNICO impuesto por los regímenes totalitarios, que acaba con la diversidad política e ideológica que caracteriza a una sociedad realmente democrática.
Es una acusación directa contra centros de investigación universitarios como el CENDES y el Observatorio Venezolano de Ecología Política, que son instituciones reconocidas por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y sus integrantes como Edgardo Lander, Emiliano Terán Mantovani, Francisco Javier Velasco (director del CENDES UCV) y Santiago Arconada (quien, junto a Lander, integra la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución). También acusan a PROVEA, organización de derechos humanos de una muy larga y respetada trayectoria de varias décadas en el campo de la defensa y denuncia a violaciones de derechos humanos en el país.
A este respecto, aclaramos que la Plataforma contra el Arco Minero fue una de las etapas por las que pasamos hace una década (desde la cual demandamos ante el TSJ la nulidad del decreto presidencial que creó este proyecto depredador), antes de asumir nuestra actuación como
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Como PCDC, hemos publicado en la última década más de 80 documentos, que se han publicado en diversos sitios web como Aporrea.org, en los cuales hemos analizado críticamente diversas políticas gubernamentales, y realizado propuestas de rectificación en el marco de la constitución y las leyes venezolanas.
El mensaje que transmite Maduro, y sus cuerpos “de seguridad del Estado”, es que en Venezuela está vedado opinar, y no se puede actuar políticamente, en términos pacíficos y democráticos, en contra de medidas y políticas gubernamentales como la detención de centenares de presos políticos encarcelados antes y después del fraude electoral del 28 de julio de 2024. Y que tampoco se toleran las investigaciones científicas que determinen conclusiones críticas a las políticas del gobierno, coincidiendo en este aspecto con lo que hace Donald Trump en los Estados Unidos.
Los hechos de la última semana han revelado, una vez más, la falsedad de las pretensiones democráticas y de izquierda socialista que enarbola este gobierno y sus agentes dentro y fuera de nVenezuela. Las centenares de firmas de personalidades del movimiento popular continental,
incluyendo parlamentarios de izquierda y dirigentes sindicales de numerosos países latinoamericanos, incluyendo al premio Nóbel Adolfo Perez Esquivel, condujeron al gobierno pesuvista a dar marcha atrás, y a excarcelar a la activista Martha Lía Grajales. Es la primera vez que una movilización popular nacional e internacional lleva al madurismo a liberar a un preso político.
Lo que se plantea de inmediato, es darle continuidad a la lucha ciudadana por lograr la libertad de todos los detenidos políticos en Venezuela, que se anulen los juicios que se mantienen contra ellos, que se investigue y castigue a todos los funcionarios responsables de secuestro, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, a los que son responsables directos e indirectos de las numerosas muertes de detenidos bajo custodia del Estado, y continuar exigiendo que se admitan los recursos de Habeas Corpus que vienen siendo rechazados por los tribunales, en desacato a la constitución.
La enorme crisis política que atraviesa Venezuela, cuyo principal responsable es el gobierno de Nicolás Maduro, debe ser resuelta soberanamente por los propios venezolanos. Rechazamos, en los términos más categóricos, que potencias extranjeras, llámense como se llamen, intenten intervenir, abierta o solapadamente, en los asuntos internos de nuestro país.
En esta dirección, no respaldamos ningún tipo de recompensa que un gobierno extranjero ofrezca por la captura de figuras políticas en Venezuela, y mucho menos convalidamos eventuales acciones militares extranjeras dentro de nuestro país, con la excusa del combate al narcotráfico.
Consideramos que las fuerzas opositoras al gobierno de Maduro, deben empujar iniciativas pacíficas y democráticas, basadas en la movilización ciudadana, para exigir la salida del gobierno de Maduro, y la ejecución del veredicto electoral manifestado el 28 de julio de 2024, en donde una mayoría aplastante de votantes se manifestó en contra de la continuidad madurista y respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia.
Convocamos a la mayor unidad opositora en esta dirección democrática y constitucional, y nos deslindamos de sectores que mantengan falsas expectativas en que una intervención extranjera sea la que resuelva esta crisis política interna.
Hacia el futuro, un gobierno democrático venezolano debe mantener relaciones diplomáticas con las grandes potencias económicas y con todos los países del mundo, sobre la base del respeto a nuestra soberanía y autodeterminación.
¡POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡POR LA ANULACIÓN DE LOS JUICIOS CONTRA LOS DETENIDOS QUE HAN SIDO EXCARCELADOS!
¡RESPETO POR LOS VERDADEROS RESULTADOS ELECTORALES DEL 28/07/2024!
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución: Edgardo Lander, Santiago Arconada, Oly Millán, Antonia Muñoz, Carlos Mendoza Potellá, Gustavo Márquez, Héctor Navarro, Sofía Viloria, Juan García, Luis Mogollón, Mariano Crespo y Roberto López Sánchez.