La actual coyuntura geopolítica, marcada por la "política de máxima presión" implementada por la administración de Donald Trump de Estados Unidos hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, nos remite a la historia de mayor presión diplomática y petrolera que experimentó Venezuela. Esta política actual incluye la aplicación de sanciones económicas dirigidas contra individuos y entidades específicas del régimen, así como un despliegue naval estratégico en el Caribe, justificado bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Es fundamental recordar este contexto histórico para entender que el petróleo, a lo largo de los años que van de 1878 a 1975, ha sido el elemento central y, a su vez, el campo de batalla primordial en la compleja relación entre Venezuela y las grandes transnacionales, mayoritariamente de origen estadounidense.
En este escenario de alta tensión, la historia nos muestra un patrón constante: los momentos de crisis terminaron desembocando en "Grandes Acuerdos". Estos acuerdos, aunque permitieron un incremento en la renta para el Estado venezolano, simultáneamente aseguraron y beneficiaron la operación y las ganancias de las compañías extranjeras involucradas.
Los Inicios del Régimen de Concesiones (1878-1922)
Para analizar este patrón, es crucial determinar el origen del régimen de concesiones petroleras a gran escala en Venezuela. Si bien el punto de partida es la primera concesión otorgada en 1878 a la Compañía Petrolera del Táchira (C.P.T.) , esta acción fue un caso aislado que tuvo un impacto muy limitado en el desarrollo industrial del país.
El verdadero afianzamiento del régimen que sentó las bases de la industria petrolera moderna ocurrió a principios del siglo XX. El gobierno del general Cipriano Castro fue un período de transición, pero fue la promulgación del Código de Minas de 1904 (bajo su mandato) lo que se considera el hito clave para el establecimiento del régimen de concesiones. Este Código otorgó al Ejecutivo Nacional la potestad de administrar y otorgar concesiones sin requerir la aprobación del Congreso.
A partir de 1908, con el ascenso del general Juan Vicente Gómez, el otorgamiento de concesiones se intensificó significativamente, atrayendo finalmente a las grandes compañías extranjeras. Aunque la primera Ley de Hidrocarburos fue aprobada en 1920 con la intención de regular el tema , fueron las leyes subsiguientes de 1921 y 1922 las que consolidaron un marco legal que fue decididamente favorable a los intereses de las empresas petroleras extranjeras que operaban bajo el esquema de concesiones.
En resumen, aunque el precedente se remonta a 1878, el régimen moderno de concesiones masivas se consolida con el Código de Minas de 1904, se dispara a partir de 1908 con el gobierno de Gómez, y adquiere su marco legal definitivo con la legislación de 1920-1922.
A continuación, un recorrido completo por la historia temprana de las concesiones petroleras en Venezuela, cubriendo la Petrolia del Táchira, la New York and Bermudez Company, el gobierno de Juan Vicente Gómez, y las Leyes de Hidrocarburos de 1920-1922.
Para ofrecerte la información más precisa y detallada sobre este período clave, voy a realizar una búsqueda. ¡Fantástico! Este período es esencial para entender la historia económica de Venezuela. A continuación, te presento el desarrollo del régimen de concesiones, desde los pioneros nacionales hasta el marco legal que atrajo a las grandes transnacionales.
Los Pioneros y el Escenario Político (1878-1908)
El inicio de la explotación comercial se debe a la Compañía Petrolera del Táchira (C.P.T.) o La Petrolia del Táchira. Fundada el 12 de octubre de 1878 con capital exclusivamente venezolano (Bs. 100.000) , obtuvo su concesión del gobierno del Estado Soberano del Táchira. La Petrolia operó en la Hacienda La Alquitrana, donde destacaron por perforar pozos (como el Embreca) y construir una pequeña refinería para producir querosén criollo. Su concesión, originalmente por 50 años, caducó en 1934, quedando totalmente eclipsada por la producción de las transnacionales en el Zulia. La importancia de La Petrolia es que fue un esfuerzo cien por ciento nacional que demostró la existencia de vastas reservas.
Otro actor clave fue la New York and Bermúdez Company (NYBC), de capital estadounidense. Aunque se dedicaba principalmente a la explotación de asfalto en el Lago de Guanoco (Estado Sucre) , esta empresa tuvo un intenso conflicto político y jurídico con el gobierno de Cipriano Castro. La NYBC, filial de la General Asphalt Company (que más tarde fue adquirida por la Royal Dutch Shell), fue acusada de financiar la Revolución Libertadora (1901-1903) que buscaba derrocar a Castro. Este pleito influyó directamente en el posterior derrocamiento de Castro en 1908, lo que abrió las puertas a Juan Vicente Gómez, mucho más complaciente con los intereses extranjeros.
El Auge de Gómez y el Reparto del Territorio (1908-1922)
El gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) fue el catalizador del despegue definitivo del régimen de concesiones masivas. La política de Gómez se caracterizó por un beneplácito total hacia las compañías extranjeras, otorgándoles grandes ventajas y escasos controles.
El mecanismo de concesión se basó en el otorgamiento de enormes extensiones de tierra (en ocasiones, hasta un tercio del territorio nacional) a testaferros y allegados venezolanos (como el general Rafael María Velasco). Luego, estos inmediatamente traspasaban o vendían la concesión a las grandes empresas petroleras internacionales, como la Royal Dutch Shell y la Standard Oil estadounidense. Era un sistema que garantizaba el enriquecimiento personal de Gómez y sus allegados (a través de comisiones y pagos indirectos), mientras que las empresas extranjeras lograban el acceso legal a vastos territorios con mínimas barreras burocráticas y condiciones fiscales extremadamente favorables.
El resultado de esta apertura fue el crecimiento exponencial de la producción. El reventón del pozo Zumaque I en 1914 y, especialmente, el histórico reventón del pozo Barroso II en 1922 en el Zulia, revelaron el potencial y la riqueza de los campos venezolanos, desatando una "fiebre del oro negro" sin paralelo sin precedentes.
Las Gigantes Petroleras y el Reparto de Concesiones
La apertura total de Venezuela a la inversión extranjera a principios del siglo XX atrajo a las dos compañías petroleras más grandes del mundo en ese momento: la Royal Dutch Shell (europea) y la Standard Oil (estadounidense), junto con otras empresas menores.
1. Royal Dutch Shell (Europa)
La Shell fue la pionera de las grandes transnacionales en Venezuela y la responsable de los descubrimientos más importantes de la fase inicial. Se estableció en Venezuela a través de varias filiales, siendo la más conocida la Caribbean Petroleum Company. Obtuvo grandes extensiones, principalmente en la Cuenca del Lago de Maracaibo (Estado Zulia).
Fue responsable de los dos descubrimientos históricos: 1) Zumaque I (1914), el primer pozo productor comercialmente viable en el Zulia, marcando el inicio formal de la exportación venezolana. 2) Barroso II (1922), un pozo ubicado en Cabimas, reventó de forma incontrolable y arrojó más de 100.000 barriles diarios por día. Fue el evento que posicionó a Venezuela entre los grandes países productores de petróleo.
2. Standard Oil (Estados Unidos)
Controlada por la familia Rockefeller, la Standard Oil era la principal empresa petrolera de EE. UU. y se sumó rápidamente a la explotación venezolana. Operaba a través de diversas subsidiarias, destacando la Creole Petroleum Corporation y la Lago Petroleum Corporation.
A pesar de llegar un poco después que la Shell, invirtió fuertemente y adquirió concesiones a través de los testaferros de Gómez. Rápidamente se convirtió en un actor dominante, compitiendo con la Shell por el control de las zonas más ricas, especialmente en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y las reservas de Monagas y Anzoátegui.
3. Otras Compañías
Otras empresas también lograron grandes concesiones, como la Gulf Oil Corporation y la Texas Company (Texaco), que transformaron a Venezuela en un campo de batalla de las grandes petroleras mundiales, que competían por medio de conexiones políticas y capacidad exploratoria.
El Marco Legal: Leyes de Hidrocarburos de 1920 y 1922
El esfuerzo por regular el negocio se hizo a través de las leyes que definieron las condiciones del régimen de concesiones:
1. Ley de Hidrocarburos de 1920 (Impulso Nacionalista)
Impulsada por el ministro Gumersindo Torres, intentó establecer condiciones más ventajosas, elevando la regalía al 15% y creando el concepto de Reservas Nacionales, mediante el cual, al finalizar la exploración, el concesionario debía devolver la mitad de la superficie del lote al Estado para ser licitada posteriormente en mejores condiciones. Sin embargo, las compañías protestaron y presionaron, resultando en la remoción de Torres.
2. Ley de Hidrocarburos de 1921 y 1922 (El Triunfo de las Transnacionales)
Estas leyes revirtieron o suavizaron las medidas nacionalistas de la ley de 1920. Disminuyeron los tributos y regalías, permitieron que las concesiones otorgadas desde 1918 se ajustaran a la nueva ley, y consolidaron el modelo de concesión donde el Estado otorgaba el derecho de explorar y explotar por un largo período, y la empresa adquiría la propiedad del hidrocarburo extraído.
En esencia, la Ley de 1922 consolidó el andamiaje legal bajo el cual Venezuela se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo (para 1928), a expensas de entregar el control del negocio y la propiedad del crudo a las grandes corporaciones extranjeras por décadas.
En síntesis, fue una evolución desde el pequeño esfuerzo nacional (La Petrolia) hasta la llegada de grandes intereses internacionales (NYBC, Shell, Standard Oil) bajo un marco legal (Leyes de 1922) diseñado por el gobierno de Gómez para favorecer la inversión extranjera.
Mecanismo de Reparto de Concesiones bajo Gómez
El proceso mediante el cual estas compañías obtuvieron sus vastas parcelas de tierra ilustra la corrupción y la debilidad institucional de la época. El gobierno de Gómez, a través de sus familiares y allegados (el general Rafael María Velasco es un ejemplo notorio), otorgaba "concesiones de gran superficie" a ciudadanos venezolanos. Estas personas actuaban como testaferros.
El testaferro, que a menudo no tenía ni el capital ni la tecnología para explorar, inmediatamente traspasaba o vendía la concesión a la transnacional extranjera por una suma considerable. Gómez se aseguraba el apoyo político y el enriquecimiento personal (por comisiones y pagos indirectos), mientras que las empresas extranjeras lograban acceso legal a los vastos territorios venezolanos con una burocracia mínima y condiciones fiscales muy favorables (gracias a la Ley de Hidrocarburos de 1922).
Este sistema permitió que las transnacionales, con su inmensa capacidad financiera y tecnológica, pusieran en marcha la producción masiva, transformando a Venezuela de un país rural a un país petrolero en menos de una década.
¿Ahora, examinemos el período posterior a Gómez, cuando Venezuela comenzó a exigir mejores condiciones y se acercó al fin de las concesiones? Ese período es fundamental, pues marca el inicio de la transición de un Estado totalmente dependiente de las petroleras a uno que empieza a afirmar su soberanía.
Los "Grandes Acuerdos" de Reivindicación Nacional (1943-1990s)
Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, el descontento popular y las nuevas ideas económicas impulsaron a los gobiernos subsiguientes a buscar una participación mayor en la renta petrolera. Fue una etapa que marca la transición de un Estado dependiente a uno que busca afirmar su soberanía.
La primera señal de esta tensión fue la Huelga Petrolera de 1936 en el Zulia, que demostró el poder de organización y presión del movimiento obrero contra las concesionarias. Fue un hito social que demostró la capacidad de organización y la presión ejercida por el sector laboral contra las condiciones impuestas por las concesionarias. El gobierno del general Eleazar López Contreras (sucesor de Gómez) tuvo que intervenir.
El Gran Acuerdo 1: Ley de Hidrocarburos de 1943 (El Nacimiento del "Fifty-Fifty")
Este es el primer "Gran Acuerdo" de la Venezuela moderna, gestado en un contexto de guerra mundial que dio a Venezuela una ventaja negociadora. Inicialmente, su promulgación conllevó a momentos de alta tensión geopolítica, debido a que la ley buscaba corregir las concesiones leoninas de gobiernos anteriores (como el de Juan Vicente Gómez), que eran extremadamente favorables a las transnacionales. El Ministro de Fomento, Eulogio López (bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita), impulsó esta ley para unificar el caótico régimen de concesiones (que tenía múltiples leyes y contratos).
Venezuela obtuvo grandes beneficios con su implementación. Se estableció por primera vez, un impuesto sobre la renta petrolera del 12%. Se unificó el tiempo de vigencia de las concesiones a 40 años (en lugar de 50 o más). Se elevó la regalía (la porción del petróleo que recibe el Estado) al 16,67% (un sexto), un aumento significativo respecto al 10-12,5% anterior.
Todo esto no sólo conllevó a un aumento significativo de los ingresos fiscales y consolidó la posición del Estado como socio, no solo como simple arrendador, sino que, de manera crucial, la Ley también obligó a las compañías a refinar una parte de su producción en territorio venezolano, que impulsó la inversión masiva en la construcción de grandes refinerías en el país (como Amuay y Cardón). Esto no solo generó empleo y desarrollo industrial, sino que también permitió a Venezuela obtener mayor control sobre la cadena de valor del crudo.
En esas negociaciones, las Compañías Transnacionales (EE.UU.) aceptaron el nuevo reparto y las nuevas obligaciones a cambio de estabilidad jurídica. La unificación bajo un solo marco y la extensión de las concesiones a 40 años (con vencimiento en 1983) aseguraron su permanencia y la seguridad de sus operaciones a largo plazo.
También tuvieron grandes consecuencias geopolíticas, porque se considera un hito que sirvió de modelo para que otros países petroleros (como los de Oriente Medio) reivindicaran mayores porcentajes de ganancias.
El Principio del "Fifty-Fifty" (1945)
La ley logró que el Estado venezolano pasara a obtener cerca del 50% de las ganancias del negocio petrolero. Las compañías como Standard Oil y Shell aceptaron el nuevo reparto a cambio de estabilidad jurídica. La unificación bajo un solo marco y la extensión de las concesiones hasta 1983 aseguraron su permanencia y les proporcionaron la seguridad jurídica necesaria para grandes inversiones a largo plazo. Este acuerdo se convirtió en un modelo geopolítico para otros países petroleros.
Este principio del 50/50 (mitad para el Estado, mitad para la compañía) se convirtió en una norma global y fue formalizado en Venezuela con la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1948, sentando un precedente para los países productores de petróleo en el mundo.
El Gran Acuerdo 2: El Salto Fiscal de 1958/1959
Este periodo marca el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el inicio de la democracia, con una fuerte agenda nacionalista.
La junta de gobierno que siguió a la caída de Pérez Jiménez (y luego Rómulo Betancourt) y su Ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonzo, exigieron una mayor participación en la renta petrolera. Esta conllevó a otro escenario de alta tensión entre las compañías transnacionales estadounidense, que llevó a Venezuela a ser co-fundadora de la OPEP en 1960, unificando a los países productores para defender sus precios e intereses frente a las transnacionales.
Sin embargo, esa tensión conllevaría a un “gran acuerdo” con beneficios mutuos. El principio del "fifty-fifty" había sido establecido por la Junta Revolucionaria de Gobierno con el Impuesto Adicional en 1945 y formalizado en la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1948. En este nuevo periodo (1958/1959), el acuerdo fue reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta mediante el Decreto No. 491 del 30 de diciembre de 1958. Esta reforma modificó el artículo 31 para aumentar la tasa a las empresas petroleras, buscando aumentar la participación del Estado por encima del 50%. De manera efectiva, se logró una proporción cercana al 65% para el Estado y 35% para las transnacionales.
El beneficio para Venezuela sería, que el Estado se convirtió en el socio mayoritario de la renta, fortaleciendo la conciencia nacionalista sobre el recurso y el control fiscal, y las Transnacionales (EE.UU.) también obtuvieron beneficios a pesar que el porcentaje de ganancias se redujo. Ellas mantuvieron el control operativo y la propiedad de las concesiones, permitiéndoles seguir bombeando crudo venezolano, que era de vital importancia para el mercado estadounidense y global. El acuerdo evitó una confrontación mayor o una expropiación inmediata.
El fin de las Concesiones: Hacia la Nacionalización
La política de "No Más Concesiones" adoptada por Rómulo Betancourt en 1958 fue fundamental. Esto significó que los campos y equipos revertirían al Estado al expirar las concesiones. Esto significaba que, a medida que las concesiones existentes fueran expirando (muchas lo harían en la década de 1980), sus campos y equipos revertirían al Estado, sentando las bases para la posterior nacionalización.
La Ley de Bienes Revertidos de 1971 estableció claramente que todos los bienes, equipos e instalaciones utilizados en las concesiones pasarían al Estado venezolano sin costo a la expiración de las mismas.
El régimen de concesiones terminó formalmente el 1 de enero de 1976 con la Nacionalización, cuando se hizo efectiva la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (Nacionalización). Las empresas extranjeras fueron compensadas (alrededor de $4.600 millones), y sus operaciones fueron asumidas por nuevas empresas estatales (como Maraven, Lagoven, y Corpoven), que luego se unificarían en PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.).
Este proceso marcó el fin de casi un siglo de control extranjero y el inicio de la gestión directa del recurso por parte del Estado venezolano.
El Gran Acuerdo 3: La "Apertura Petrolera" de la Década de 1990 (El Retorno de las Transnacionales)
El tercer Gran Acuerdo, la "Apertura Petrolera", se negoció en medio de una severa crisis fiscal del Estado venezolano. La gran tensión de este tiempo era que PDVSA —la estatal surgida tras la nacionalización de 1976 que expulsó a las transnacionales— no podía explotar por sí sola la gigantesca Faja del Orinoco.
El Momento de Alta Tensión fue claro: aunque la Ley de Nacionalización de 1976 había garantizado la soberanía sobre el recurso, el Estado, bajo la dirección de PDVSA, necesitaba urgentemente dos elementos que no poseía en la medida requerida para la Faja del Orinoco: capital extranjero y tecnología avanzada para la explotación del crudo pesado.
Por ello, el gobierno impulsó el Gran Acuerdo y Beneficio Mutuo conocido como la "Apertura Petrolera" a través de la creación de figuras jurídicas flexibles, como los Convenios Operativos y las Asociaciones Estratégicas.
Este Gran Acuerdo, consecuencia directa de la "Apertura Petrolera", tuvo un doble impacto notable.
Por una parte, el Beneficio para Venezuela fue inmediato y sustancial: se atrajo un gran volumen de inversiones valoradas en miles de millones de dólares, lo que permitió la incorporación de la tecnología necesaria para la explotación, incrementando significativamente la producción de crudo y generando ingresos muy necesarios para el país.
Por otra parte, las Transnacionales (EE. UU. y otras) también obtuvieron un beneficio estratégico, marcado por un exitoso retorno al país para compañías clave como ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron. Estas empresas recuperaron la capacidad de participar en el negocio petrolero bajo modelos de riesgo compartido, asegurando así el suministro de crudo. Es importante destacar que, aunque las condiciones de estos acuerdos no alcanzaban la magnitud de las concesiones leoninas de antaño, sí ofrecían rentabilidades suficientemente atractivas para justificar la alta inversión requerida en el desarrollo del crudo extrapesado.
Conclusión: El Pragmatismo como motor
El análisis histórico confirma que los "Grandes Acuerdos" con las transnacionales no persiguen un ideal, sino un pragmatismo estratégico. Venezuela logra una mayor renta o control soberano del recurso, mientras que Estados Unidos y sus transnacionales siempre aseguran dos elementos: el acceso al recurso y la estabilidad operativa. Este patrón es esencial para interpretar el posible "Gran Acuerdo" actual, donde las sanciones y la presión geopolítica son la nueva forma de negociación.
Referencias Bibliográficas
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