Desde 2022, el gobierno puso en vigencia el “Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública”, diseñado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).
La contracción económica, la caída drástica de la producción petrolera, las sanciones internacionales y la devaluación constante llevaron al gobierno a aplicar esta política de congelación salarial para evitar una mayor emisión monetaria y establecer mecanismos para controlar el gasto público, en este aspecto, tomando en consideración que se estaban aplicando una serie de contrataciones colectivas no ajustadas a la realidad, donde los sindicatos en acuerdo o bajo presión con algunas instituciones aprobaron una serie de “beneficios”, los cuales la administración pública no podía sufragar por el alto costo de las mismas, alejadas de la realidad económica de la nación, bajo un esquema de sanciones que ha tenido ahogada nuestra economía,
Para poder paliar la situación de la clase trabajadora, el gobierno nacional ha implementado una serie de bonos sin incidencia salarial, los cuales se han venido cancelando por el sistema Patria.
Producto de esta situación económica, desde marzo de 2022, el salario mínimo se congeló en 130 bolívares mensuales; percibiendo los trabajadores actualmente, a través del sistema patria bonos compensatorios de aproximadamente 160$ mensuales (bono de guerra 120 y bono de alimentación 40$, entre otros)
Ante esta situación, en el ámbito jurídico hemos estado con la polémica de lo establecido en el artículo 91 de nuestra Constitución: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento.”
Si bien es cierto, nuestra carta magna establece esta situación salarial, también es cierto, que vivimos una realidad atípica, donde se ha bloqueado nuestra economía desde el exterior, por las sanciones del gobierno de Estados Unidos, y las finanzas públicas no han sido suficientes para cumplir ese mandato constitucional. Pero, a pesar de las sanciones, hemos visto cómo nuestra economía ha ido mejorando. En 2025, la producción de crudo venezolano sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando alcanzó los 636.000 bpd, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Se estimó un crecimiento del PIB cercano al 10% para el cierre de 2025. A pesar del bloqueo, tanto la actividad petrolera como la no petrolera contribuyeron, con un fuerte repunte. La economía venezolana ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido tras años de contracción, sumando varios trimestres consecutivos de expansión. La recuperación de la producción petrolera (cerca de 1.1 millones de barriles diarios con tendencia al alza) es un motor fundamental. Se están implementando políticas para potenciar el modelo productivo, incluyendo el sector comunal y el apoyo al emprendimiento. Todo esto venía sucediendo antes del ataque de mercenarios a nuestra patria y el secuestro del presidente constitucional, Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores.
Nuestro país sigue viviendo un momento amargo, pero debemos continuar trabajando por recuperar nuestra economía, por supuesto, sin abandonar nuestra lucha por la liberación de Maduro y en contra de un presidente que se cree dueño del mundo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares de la venta de petróleo, señalando que estos fondos serán directamente destinados al ingreso de las trabajadoras y trabajadores del país. Actualmente estamos en un escenario donde el gobierno encabezado por la presidenta encargada y nuestros Diputados a la Asamblea Nacional, conjuntamente con todos los poderes públicos, están trabajando en la reforma de varios instrumentos legales de nuestra legislación, a los fines de la apertura petrolera y el impulso de grandes inversionistas a nivel nacional, buscando el ingreso de grandes sumas de divisas a nuestro país, según palabras de nuestra misma presidenta encargada; que como hemos ratificado cientos de veces, según los establecido en las faltas temporales del artículo 234 constitucional, será nuestra presidenta encargada de los destinos de la República, hasta que liberen a Nicolas Maduro o culmine el actual periodo constitucional el año 2030.
Visto el actual crecimiento económico, el anuncio realizado por Delsy Rodríguez, sobre un aumento salarial, y sobre todo el actual presupuesto de la nación 2026, donde cada región recibió un aumento significativo, elevamos nuestra propuesta que se ponga fin al tabulador ONAPRE y a partir de ahora cada institución pública, de acuerdo a su presupuesto vigente ajuste los salarios a cifras que contribuyan al cumplimiento del artículo 91 constitucional reseñado anteriormente, para que nuestra clase trabajadora pueda tener una mejor calidad de vida, y tanto el bono de guerra como la cesta ticket, sean cancelados por las respectivas instituciones.
Me refiero en este caso, a la administración pública, porque la administración privada ha ido adecuando los salarios de sus trabajadores de acuerdo a las condiciones del mercado.
Es importante resaltar lo que explicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señalando que se encuentran en proceso de creación de una plataforma tecnológica para el manejo de los fondos que garantizará auditoría en tiempo real y uso eficiente de cada divisa que ingrese al país. Se trata de portales web oficiales que publicarán en detalle todos los ingresos económicos del Estado venezolano por venta de petróleo y minerales, así como el destino preciso de esos recursos. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca que “la gente vea, sepa y pueda interpelar” el manejo de la renta nacional. “Para que se sepa todo lo que ha ingresado y en qué se ha gastado cada centavo”, afirmó Jorge Rodríguez durante una reunión de la Comisión Consultiva parlamentaria.
En estos momentos, de repunte económico y de mayor presupuesto para las regiones, es importante que cada institución maneje el presupuesto de su personal, partida 401, a los fines de poder ejercer una buena administración y sin trabas burocráticas; que si tiene necesidad de incrementar el número de sus trabajadores, que de paso lo tiene contemplado en su presupuesto anual, no tenga necesidad de estar pidiendo que se apruebe tal incremento de frecuencia; porque es facultativo de cada institución, por supuesto, como lo indicamos, que esté debidamente aprobado en su presupuesto. De la misma manera, que si tal o cual institución presupuestó un incremento de algún incentivo a los trabajadores y el presupuesto le fue aprobado, no debe existir ninguna limitación para cumplir con lo que presupuestariamente el gobierno nacional aprobó para cada región o institución en particular. Debemos mejorar nuestros procedimientos administrativos y no establecer trabas innecesarias.