En un acto de profundo impacto político durante la apertura del Año Judicial 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el impulso de una Ley de Amnistía General. Esta medida, diseñada para cubrir el período de violencia política comprendido entre 1999 y el presente, busca, en palabras de la mandataria, reparar las heridas dejadas por la confrontación y el extremismo, reencauzando la convivencia entre los venezolanos tras los traumáticos eventos del pasado 3 de enero. La presidenta encargada comisionó con carácter de urgencia al capitán Diosdado Cabello, jefe de la Comisión Especial para la Revolución Judicial, y al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, para presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional en las próximas horas, solicitando el apoyo total del parlamento liderado por Jorge Rodríguez para concretar este trámite legislativo que busca favorecer la estabilidad nacional.
La normativa propuesta establece excepciones claras en estricto cumplimiento con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando fuera del beneficio a personas procesadas o condenadas por delitos de homicidio, tráfico de drogas, corrupción y, fundamentalmente, por violaciones graves a los derechos humanos. Durante su discurso, la presidenta Rodríguez puntualizó que esta decisión fue consultada en el seno del Alto Mando Político de la Revolución y que sigue las líneas estratégicas trazadas por el presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores ante situaciones críticas para la soberanía del país, como el bombardeo estadounidense que segó la vida de más de 100 personas y derivó en el secuestro de la pareja presidencial a principios de mes.
Como parte de este proceso de transformación institucional y pacificación, Rodríguez anunció además un cambio simbólico y funcional de gran escala para la ciudad de Caracas: la conversión del Helicoide en un espacio de recreación y comercio. El recinto, históricamente vinculado a la seguridad del Estado, será rehabilitado para el disfrute de la familia policial y de los sectores aledaños, integrándose a la vida comercial y social de la capital. Este anuncio, sumado a la ley de amnistía, marca el inicio de una nueva etapa política que intenta estabilizar el país bajo el mando de la administración actual, mientras se mantiene el clamor por la liberación de los líderes secuestrados y el respeto a la integridad territorial venezolana frente a las agresiones externas.
Análisis Técnico: El Alcance Jurídico de la Ley de Amnistía General 1999-2026
La propuesta de Ley de Amnistía General, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, abarca un amplio espectro temporal que va desde 1999 hasta el presente. Sin embargo, su eficacia real depende del filtro constitucional de las excepciones, un punto que será el foco del debate jurídico en la Asamblea Nacional.
Alcance Temporal y Político: La ley busca perdonar delitos asociados a la "violencia política", lo que incluiría a actores de la oposición y del chavismo disidente que hayan participado en protestas, paros petroleros, conspiraciones o acciones menores a lo largo de este período, siempre que sus crímenes no estén en la lista de excepciones.
Las Excepciones Innegociables: El artículo 29 de la Constitución Bolivariana actúa como un muro legal. Quedan explícitamente fuera de cualquier perdón los delitos de lesa humanidad, homicidio calificado, corrupción y tráfico de drogas. Esto significa que casos emblemáticos de violación de derechos humanos, tortura o desfalco del Estado no podrán ser amnistiados, sin importar el contexto político.
El Reto de la Convivencia: El desafío legal es definir la línea entre un "delito político" y un "delito común" con trasfondo político. La ley busca favorecer la convivencia, pero la exclusión de crímenes graves asegura que los expedientes judiciales más sensibles sigan su curso, aunque el clima de persecución general disminuya.
Borrador de Artículos Fundamentales: Ley de Amnistía General de Convivencia Nacional 2026
Este borrador refleja los puntos clave que la Comisión Especial para la Revolución Judicial presentará ante la Asamblea Nacional:
Artículo 1 (Objeto): La presente Ley tiene por objeto conceder amnistía general a favor de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, habiendo participado en eventos de naturaleza política o conexos con la confrontación civil entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026, se encuentren bajo investigación, procesados o condenados por la justicia ordinaria o militar.
Artículo 2 (Efectos): La amnistía producirá la extinción de la acción penal, de las penas impuestas y de sus efectos, ordenando la libertad inmediata de los beneficiarios y el archivo definitivo de los expedientes judiciales relacionados.
Artículo 3 (Exclusiones Taxativas): De conformidad con el artículo 29 de la Constitución, quedan excluidos de los beneficios de esta Ley quienes hayan incurrido en:
Delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos (tortura, desaparición forzada).
Homicidio calificado y delitos contra la vida.
Tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Delitos de corrupción y malversación de fondos públicos.
Artículo 4 (Mecanismo de Implementación): Se crea una Oficina de Seguimiento para la Convivencia que verificará, caso por caso, el cumplimiento de los requisitos para la liberación, bajo la supervisión directa del Programa de Convivencia Democrática para la Paz.