Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas sanciones para otros cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y Afganistán, entre otros.
La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones unilaterales a la CPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal Karim Khan.
Esta vez, Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
"Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado. No especificó, que quiso decir con lo de "extranjeros", debido a que La Corte Penal Internacional (CPI) está compuesta por 123 Estados Partes, cada uno representado por sus ciudadanos en el órgano judicial. Estos estados provienen de diversas regiones geográficas: África (33), Asia y el Pacífico (19), Europa Oriental (20), América Latina y el Caribe (28), y Europa Occidental y otros estados (25).
La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE.UU. y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses. Con estas acciones, pareciera que el gobierno de Trump quisiera amedrentar con amenazas disfrazadas de sanciones a quienes defiendan los derechos humanos, cuando estos son violados por EEUU y por su aliado Israel.
La jueza Prost ha participado en procesos investigativod de violaciones de los derechos humanos de la Corte relacionados con crímenes de guerra.
En algunos se investiga a fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de Afganistán.
De igual modo, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a estadounidenses, y en Sudán.
Por su parte, el juez francés Guillou ha formado parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
EE.UU. rechaza estas investigaciones y considera al Estado israelí como un estrecho aliado y no reconoce el genocidio que este comete contra el pueblo de Gaza.
El pasado mes de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva de parte de EEUU, de forma aislada para sancionar a la CPI por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.
Según dijo, la Corte ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" e Israel, y le acusó de "abusar de su poder", decisión que omite el daño que ha causado israel al pueblo de Palestina.
"EE.UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI. La Corte representa una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal (“lawfare”) contra EE.UU. y nuestro cercano aliado Israel", añadió este miércoles Rubio en un comunicado. Opiniones que han causado estupor porque quienes tienen un gran historial de abusos de poder, imposición por la fuerza, invasiones, violaciones de soberanía, bombardeos, masacres, son precisamente, EEUU y su aliado Israel.
Esta corte, creada por el Estatuto de Roma, se centra en juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Sin embargo, países como EE.UU., China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción, que son precisamente los países más poderosos del planeta.