La bruma de la guerra híbrida y la desinformación han alcanzado un punto de saturación tal que, en este febrero de 2026, la pregunta recorre desde las barriadas de Caracas hasta los centros de pensamiento en Washington: ¿Alguien sabe con exactitud qué está pasando en Venezuela?
Desde una perspectiva jurídica y geopolítica, lo que enfrentamos no es una simple crisis política, sino una mutación del asedio internacional que ha dejado perplejos a propios y ajenos. Mientras los titulares internacionales intentan normalizar la situación bajo un manto de "transición necesaria", los hechos crudos revelan una realidad mucho más alarmante: la suspensión de facto de la soberanía nacional a cambio de una estabilidad energética diseñada en el extranjero.
El hecho medular, aunque silenciado por las grandes corporaciones mediáticas, es el secuestro ilegal de la pareja presidencial. Desde el 3 de enero, la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas extranjeras no solo constituye una violación flagrante al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, sino que representa un precedente nefasto para el Derecho Internacional Contemporáneo, y no se trata de una "detención", sino de una operación de extracción que ignora la inmunidad soberana de un Estado independiente.
Lo que tiene confundido tanto al chavismo de base como a los sectores antichavistas es el pragmatismo económico que ha emergido tras el asalto. Se habla de una "nueva sociedad petrolera" entre Venezuela y los Estados Unidos, impulsada por la administración de Donald Trump.
Con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, se han aprobado cambios que permiten a empresas como Chevron y Repsol, el manejo operativo casi total de los yacimientos y Adiós al modelo de Chávez, cuando el control de PDVSA sobre las empresas mixtas ha pasado de ser mayoritario a nominal, permitiendo que la renta petrolera sea capturada nuevamente por el capital transnacional.
El enigma del flujo: Mientras el pueblo padece la incertidumbre, la producción petrolera proyecta subir a 1.5 millones de barriles diarios para finales de año, alimentando las refinerías del Golfo de México.
Esta paradoja crea un cortocircuito ideológico: ¿Cómo es posible que, tras denunciar los gobiernos chavistas al imperialismo durante décadas, la "estabilidad" institucional actual dependa de entregar el subsuelo al mismo actor que ejecutó la captura del liderazgo nacional?
Los cambios ministeriales y la reciente renuncia de Tarek William Saab a la Fiscalía General para asumir la Defensoría del Pueblo como encargado, sugieren un reacomodo interno de gran envergadura. Para el ciudadano de a pie, estos movimientos no son simples cambios administrativos, sino la instauración de un "gobierno chavista sin madurismo".
Esta nueva etapa parece buscar la preservación de ciertas formas del lenguaje revolucionario y de la estructura del PSUV, pero vaciándolas de su contenido de confrontación antiimperialista.
Se intenta pacificar al país mediante una Ley de Amnistía que, aunque necesaria para sanar heridas, parece ser el precio a pagar por la aceptación silenciosa del nuevo statu quo energético.
Venezuela se encuentra en un laboratorio geopolítico. Lo único real es que la nación está siendo testigo de un experimento donde la seguridad energética global se antepone a la legalidad internacional, con la manipulación a favor de los intereses imperiales de las sanciones y las licencias petroleras.
La historia juzgará si el gobierno nacional está aplicando un "pragmatismo defensivo" o si está actuando bajo "la amenaza imperial", como una vía de salvación o la capitulación definitiva de la República frente a los intereses que siempre juró combatir.