En una decisión histórica, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela anunció formalmente la retirada del país de la Corte Penal Internacional (CPI), calificando al organismo como un “instrumento imperial estadounidense” incapaz de pronunciarse contra las agresiones militares de Washington en el sur del mar Caribe.
Argumentos de la Asamblea Nacional
Denuncia de parcialidad: Según el pronunciamiento, la CPI ha demostrado una marcada selectividad, actuando con rapidez frente a países del Sur Global mientras guarda silencio ante las acciones de Estados Unidos y sus aliados.
Invasión militar en el Caribe: La Asamblea recordó la reciente incursión militar estadounidense en aguas al sur del mar Caribe, considerada una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía venezolana.
Crímenes sin justicia: Se contabilizan más de 80 asesinatos ilegales atribuidos a operaciones militares extranjeras, sin que hasta la fecha exista imputación ni responsables ante la justicia internacional.
Contexto geopolítico
La decisión se inscribe en una línea de geopolítica antiimperialista, que busca fortalecer la soberanía nacional y denunciar la instrumentalización de organismos internacionales por parte de potencias hegemónicas.
Venezuela se suma así a otros países que han cuestionado la legitimidad del CPI, señalando que su estructura responde más a intereses de dominación que a la defensa universal de los derechos humanos.
El retiro plantea un debate profundo sobre la necesidad de construir mecanismos regionales de justicia internacional, capaces de responder a las realidades latinoamericanas y caribeñas sin subordinación a agendas externas.
Reacciones
Académicos y juristas críticos han señalado que la medida representa un acto de soberanía frente a un tribunal que ha perdido credibilidad en amplios sectores del Sur Global.
Organizaciones internacionales advierten que la salida de Venezuela podría debilitar la capacidad de investigación de crímenes de lesa humanidad en la región, aunque Caracas insiste en que la verdadera amenaza proviene de la impunidad de las potencias militares.
El retiro de Venezuela del CPI marca un punto de inflexión en la relación entre el país y los organismos internacionales de justicia. Más allá de la controversia, la medida refleja una postura firme frente a lo que se percibe como un sistema judicial internacional sesgado, incapaz de sancionar las agresiones de Estados Unidos en el Caribe.