En una escena que parece calcada del libreto de la fiscal estadounidense Pam Bondi, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha lanzado acusaciones incendiarias contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, tildándolo de "narcotraficante" y "dictador". Estas declaraciones, lejos de surgir de una investigación judicial seria, responden a una estrategia de alineamiento político con los intereses de Washington, en un momento en que la isla atraviesa una profunda crisis estructural.
Puerto Rico no es un estado soberano, sino un territorio no incorporado de Estados Unidos. Su economía ha sido devastada por décadas de mala administración, deuda impagable y políticas de austeridad impuestas por juntas fiscales externas. A esto se suma el abandono sistemático por parte del gobierno federal en momentos críticos, como el paso del huracán María, cuando el entonces presidente Donald Trump lanzó papel toallet en lugar de ayuda estructural.
En ese contexto, la gobernadora parece buscar protagonismo en el tablero geopolítico, no para defender a su pueblo, sino para reafirmar su lealtad al poder imperial. Su retórica contra Maduro coincide con ejercicios militares estadounidenses en la isla, que han sido denunciados como provocaciones regionales.
Las acusaciones de González contra el presidente Maduro —que lo vinculan con el narcotráfico y la violencia en Puerto Rico— no han sido respaldadas por pruebas concretas. Más bien, se inscriben en una narrativa repetida por figuras como Pam Bondi, quien en su momento también se sumó a la campaña de criminalización internacional contra líderes latinoamericanos incómodos para Washington.
Nuestro presidente Maduro respondió con ironía, retando a la gobernadora a "bajarse en el primer barco" si realmente quiere liderar una invasión. La escena recuerda los tiempos en que Puerto Rico fue usado como base militar para operaciones en América Latina, sin que sus habitantes tuvieran voz ni voto en esas decisiones.
La postura de González ha sido criticada por sectores independentistas y progresistas de la isla, que ven en sus declaraciones una traición a los principios de autodeterminación y solidaridad latinoamericana. En lugar de condenar el abandono federal o exigir justicia para los damnificados por desastres naturales, la gobernadora opta por repetir el guion de criminalización que beneficia a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos.
Puerto Rico merece líderes que defiendan su dignidad, no que la entreguen a cambio de favores imperiales. En tiempos de crisis, la retórica belicista no es solución: es distracción.