8 de julio de 2025.- Mientras se definen los últimos movimientos judiciales para vender Citgo Petroleum en Estados Unidos, crecen las voces que denuncian este proceso como el desenlace de una estrategia de saqueo sistemático. La filial de PDVSA, que durante años representó uno de los activos más importantes del país en el extranjero, está siendo entregada bajo disputas entre acreedores, postores privados y jueces estadounidenses, sin que el pueblo venezolano —legítimo dueño— tenga voz alguna en el proceso.
La oferta preliminar para adjudicar Citgo a Dalinar Energy Corporation, filial de la minera Gold Reserve, por 7.400 millones de dólares, ha generado fuertes objeciones entre acreedores excluidos del acuerdo. Sin embargo, más allá de los litigios entre corporaciones y fondos buitre, el fondo real del conflicto radica en el desmontaje del Estado soberano venezolano promovido desde sectores de la extrema derecha.
La entrega de Citgo no es un accidente jurídico, es el resultado de años de intentos por despojar al país de sus recursos estratégicos bajo la excusa de proteger "activos congelados". Un modelo de política neoliberal que, desde 2015, ha utilizado tribunales, bloqueos financieros y operaciones mediáticas para justificar la apropiación de bienes públicos.
Sectores opositores jugaron un rol clave en este proceso, no solo avalaron medidas que congelaron fondos y activos en el exterior, sino que promovieron estructuras paralelas que facilitaron el litigio y la fragmentación institucional. Hoy, con Citgo a punto de cambiar de manos, se consolida lo que muchos analistas definen como una "privatización judicializada" impuesta por actores externos y legitimada por la política entreguista de una minoría.
La pérdida de Citgo es más que una derrota económica, es un retroceso en el derecho del pueblo venezolano a decidir sobre sus recursos, una fractura profunda en la soberanía energética del país. Defender Citgo no es solo cuestión de finanzas—es una batalla ética contra el despojo, un llamado urgente a recuperar el control sobre lo que nos pertenece por historia y por justicia.