El gobierno de Delcy Rodríguez, motu propio o presionada por los gringos o por ambas cosas a la vez, ha ido produciendo señales a la nación venezolana, al gobierno gringo y al resto del mundo, para demostrar la existencia de un cambio cualitativo positivo de la conducta represiva del gobierno y de su apego al respeto del debido proceso judicial y de los DDHH. Otras señales que el gobierno da son las relativas a su relación económica y comercial con el Departamento de Estado, éstas claramente determinadas parte las conversaciones y acuerdos alcanzados con Trump, luego de la derrota producida por la invasión del 3 de enero. Es dentro de estas dos situaciones, que se produce en la Asamblea Nacional, la aprobación reciente de la Ley de Amnistía y la modificación de la ley sobre los hidrocarburos, respectivamente.
Cambia de esta manera el escenario económico del país, en nada menos que la producción petrolera, la única realmente importante en Venezuela desde hace 100 años. Regresamos a ser el suplidor seguro de combustible fósil para la industria estadounidense, en condiciones preferenciales de accesibilidad, de disponibilidad de volúmenes, de condiciones comerciales y de precios de exportación, pero adicionalmente con la pérdida total del control nacional de la industria y de la comercialización ante el traslado de estas atribuciones soberanas al Departamento de Estado. En el caso de la Ley de Amnistía, el gobierno parece presentarse con una nueva conducta más racional, legal y tolerante, en relación al desempeño político de las fuerzas opositoras y de las protestas populares en general.
Adicionalmente, tanto el discurso de la presidente encargada, como el de su hermano, presidente de la Asamblea Nacional, han bajado el tono y la beligerancia en relación al existente antes del secuestro del presidente Maduro. Se pretende transitar una fase de estabilización social, luego del desenlace trágico de una beligerancia declarativa, que nunca se correspondió con las necesarias fortalezas militares de defensa del país, ni con la preparación de la nación para ese tipo de circunstancias. Por su parte, Diosdado Cabello ha ido desplazándose de un silencio inicial a comentarios generales breves, para luego ir asumiendo un discurso muy parecido al anteriormente exhibido, como si no hubiera ocurrido nada en el país o se hubiera salido victorioso de la confrontación.
Algunos militantes del PSUV han llegado a la locura de decir que el 3 de enero se derrotó al imperio, pues sólo se llevaron a Maduro y a Cilia, sin poder desmantelar el aparato "bolivariano", el cual está al mando como si no hubiera ocurrido nada. El fanatismo cultivado todos estos años, no sirvió para enfrentar la invasión gringa, ni el secuestro de Maduro, sino sólo para alterar tanto la percepción de la realidad, que una humillante derrota es convertida, en algunas mentes completamente alteradas, en un triunfo estratégico. Esta aberrante situación nos hace comprender las dificultades que debe tener la presidente encargada, para poder llevar a la nación a una mejor posición, que la derivada inicialmente de la invasión.
Pero las señales de cambio han continuado, imagino que a la velocidad que permiten las circunstancias, las incomprensiones internas y las críticas despiadadas de los apátridas impulsores de la invasión, quienes celebraron su ocurrencia y la destrucción habida, así como el asesinato de venezolanos militares y civiles, y ahora tienen la desfachatez de reclamar que se ha entrado en una situación de dependencia y sojuzgamiento inaceptables. El cinismo de estos energúmenos no tiene parangón, ni tendrá el perdón de la población. Las últimas decisiones del gobierno han incorporado en algunos viceministerios a funcionarios provenientes de la oposición, lo cual es un avance pese a la timidez de la medida.
Una decisión de mayor calibre ha sido la separación de sus cargos del fiscal general y del defensor del pueblo, funcionarios claves en la vigencia del Estado de derecho y el respeto del debido proceso judicial y los DDHH. Ya la sociedad democrática exigía estos cambios, así como el del contralor de la república, pues para nadie es un secreto que ninguno de los dos funcionarios renunciantes cumplió con sus deberes constitucionales; todo lo contrario, sobre todo en el caso del fiscal general. El impacto de dicha medida, sin embargo, no fue todo lo que ha debido ser, pues se designó al cuestionado fiscal como encargado de la Defensoría del Pueblo, lo que luce como un desplante y no ayuda a crear ese nuevo ambiente tan deseado. Esperamos que la designación futura del Poder Moral por la Asamblea Nacional, se haga más allá de militancias partidistas y recaiga en venezolanos íntegros, preparados y comprometidos con la nación venezolana y con más nadie.