La noticia de nuevas inversiones petroleras en el oriente venezolano para este 2026, proyectadas para dinamizar la economía nacional, choca de frente con una realidad sombría y persistente en el estado Anzoátegui. Mientras los taladros se preparan para reactivarse, la conurbación de Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería y Guanta se hunde en una crisis de servicios públicos que no admite más dilaciones: el colapso del sistema de agua potable y la muerte biológica de sus bahías.
El Canal de Caratal: Vida útil cumplida.
Desde la Fundación Agua para Todos, hemos denunciado sistemáticamente la obsolescencia de nuestra columna vertebral hídrica. La realidad técnica es demoledora: el Canal de Caratal presenta deficiencias críticas en su capacidad de transporte. Actualmente, este sistema apenas puede conducir cerca de 5.000 litros de agua por segundo, mientras que la demanda real de la conurbación exige y reclama más de 8.000 litros por segundo para funcionar con dignidad.
Esta brecha de 3.000 litros por segundo es la que mantiene a comunidades enteras secas y la que hace inviable cualquier expansión industrial responsable. La llegada de nuevo personal técnico y el incremento de la actividad petrolera aumentarán la presión sobre un sistema que ya opera al borde del colapso. ¿Cómo se pretende sostener un polo de desarrollo si los ciudadanos no tienen garantizado el acceso al agua potable, derecho humano fundamental?
Sin educación no hay futuro dign, Artículo 107 Constitucional
Es imperativo que las empresas que planean invertir en nuestra región entiendan que la seguridad jurídica les impone deberes. El Artículo 107 de nuestra Constitución Nacional es taxativo: la educación ambiental es de obligatorio cumplimiento. No podemos permitir que la inversión ignore la formación de una conciencia crítica sobre el impacto de la industria. La energía debe ser para la vida, no para la destrucción de nuestro hábitat.
Bahía de Pozuelos y El Morro: Emergencia Sanitaria
El daño ambiental en el Complejo Turístico El Morro y la Bahía de Pozuelos es crítico. La inoperatividad de las estaciones de bombeo y la ausencia de plantas de tratamiento por parte de las alcaldías han convertido nuestras costas en receptores de aguas servidas y lastre de hidrocarburos. La calidad del agua no es un tema estético; es un tema de salud pública que atenta contra la vida de cada ciudadano.
Un Mandato Constitucional Generacional
Como abogado, recuerdo a los inversionistas y gobernantes que el desarrollo no puede ser a costa del futuro. Nuestra Carta Magna nos obliga:
1. Artículo 127: El Estado debe garantizar un ambiente libre de contaminación para las generaciones futuras.
2. Artículo 128: La ordenación del territorio debe atender a las realidades ecológicas. No se puede invertir a espaldas de la crisis hídrica.
3. Artículo 129: Toda actividad susceptible de generar daños debe acompañarse de estudios de impacto ambiental y sociocultural.
No aceptaremos una "recuperación" que nos deje con las manos llenas de crudo pero los grifos vacíos y las costas muertas. La estabilidad económica es indivisible del derecho a un ambiente sano. Exigimos que la nueva inversión petrolera incluya un fondo de saneamiento inmediato para la infraestructura hídrica de Anzoátegui. Es hora de que el desarrollo cumpla con la Constitución, o de lo contrario, estaremos hipotecando la vida de las próximas generaciones.