El BHP se dirige al país frente a los gravísimos hechos ocurridos el 3 de enero, que permitieron la incursión en nuestro territorio de una potencia extranjera, secuestrando a quién ejercía de facto la presidencia y a su esposa, asesinando a más de 100 venezolanos entre militares y civiles, el consecuente sometimiento de nuestra soberanía económica y financiera respecto al uso y comercialización de nuestros recursos naturales bajo la amenaza y coacción de usar la fuerza, la violación del derecho internacional tal como lo conocíamos y la continuidad de un "gobierno encargado" en el marco de una peculiar interpretación del TSJ sobre la "ausencia forzada" nos obliga a pronunciarnos y rechazar categóricamente todos esos hechos que rodean los últimos acontecimientos que han dado al traste con nuestra maltrecha democracia y pretenden acabar con la política para imponernos una "gerencia para el saqueo", y en consecuencia, proponemos lo siguiente como fórmula para recuperar la senda perdida y volver a la política con P mayúscula:
1.- Los factores polarizados y enfrentados en un juego perder-perder, cerraron los espacios democráticos y soluciones políticas. Por un lado, un gobierno ilegítimo que cumplió con su palabra de quedarse "por las buenas o por las malas" desconociendo la voluntad popular, y ahora se encuentra sometido por una fuerza extranjera que dicta los destinos del país. Y por la otra, los factores que se asumen ganadores y han promovido una ofensiva militar, liderada por María Corina Machado; mientras el pueblo mayoritario extenuado, harto, desmovilizado, despolitizado y cansado de sobrevivir, sigue atrapado entre dos proyectos igualmente nefastos, si no a las puertas de una peligrosa situación de violencia generalizada. Insistimos: ninguno de ellos garantiza una salida a la crisis, mucho menos sienten alguna legítima preocupación por el futuro del país ni el rescate de la democracia, si así fuera, dieran demostraciones de ello.
2.- Sabemos que el pueblo venezolano no tiene por qué escoger entre verdugos y reiteramos desde el BHP que no queremos ni el plan injerencista y guerrerista de MCM ni el autoritarismo entreguista del gobierno transitorio, como salidas válidas para el país, pues ambos están dispuestos a rematarnos si es necesario, para su permanencia o para la toma del poder.
3.- Es imprescindible en estos momentos aciagos, hacer todos los esfuerzos necesarios para volver a la política, cuyo objetivo es regular el poder, resolver conflictos pacíficamente, orientar los recursos y las acciones para el bien común y en beneficio colectivo, en el marco de un Estado democrático, de Derecho, social y de justicia previsto en la Constitución, para ello la convocatoria debe ser a un diálogo sincero dónde TODOS los actores estén presentes, con amplias garantías de su seguridad y participación.
4.- Estas negociaciones no deben ser de espaldas a los intereses del pueblo mayoritario, que el destino de la Nación no se negocie en manos de cúpulas y a escondidas como hacen los mafiosos y el último en enterarse sea el pueblo. No estamos dispuestos a permitir que se negocie o hipoteque el futuro de nuestros hijos, nietos y las demás generaciones de venezolanos que vendrán a esta tierra bendita, sin levantar nuestras voces.
5.- El escenario de que vale todo para salir de la crisis y todo es permitido con tal de salir de un pésimo gobierno no es válido. No es viable, la guerra, ni la entrega de soberanía o negociar el poder a cambio de hipotecar los recursos del país, a costa de las riquezas de ésta y las próximas generaciones. No es viable aceptar bases militares extranjeras en nuestro territorio, ni mantener el poder sin respetar la democracia y la soberanía popular, ni seguir pasándole por encima a la Constitución y a los derechos humanos y mucho menos, mantener a sangre y fuego, salarios de hambres ni vale la represión. Hay líneas rojas que no pueden ser desconocidas en ninguna negociación. Los derechos del pueblo, la patria, la democracia y la constitución no se negocian.
6.- Tratar de negociar soluciones sin el pueblo, tarde o temprano traerá graves consecuencias para la Nación, la democracia y el futuro del país. Por eso, una salida a la gravísima crisis de legitimidad, violencia instaurada, caos, persecución, hambre, miseria, violaciones de derechos humanos, desinstitucionalización, destrucción del Estado Social de derecho y de Justicia, violación de la Constitución, amenazas de intervención, y entreguismo, pasa por recuperar el protagonismo del pueblo y articular fuerzas sociales en torno a una agenda democrática, popular, constitucional y pacífica.
7. Declarar una emergencia constitucional para la defensa irrestricta de la soberanía e integridad de la Nación, lo que no implica reconocer el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. No es una solución viable la coacción y el chantaje como fórmula de gobierno por parte de una potencia extranjera, mucho menos la entrega de recursos naturales a cambio de mantener o tomar el poder; ni permitir la posibilidad de instalar bases militares -de ningún gobierno extranjero- en nuestro territorio y menos, la continuidad de sanciones unilaterales que vulneran los derechos humanos en general.
8. Rescatar la Constitución: derogar todas las leyes y revisar todas las sentencias ilegales e inconstitucionales decretadas tanto por la ANC, como por el gobierno de Maduro, y por el TSJ que menoscaban, violan, o suspendan de manera excepcional y de facto nuestra Carta Magna, incluyendo abandonar cualquier intento de reforma del texto constitucional de espaldas al país. Entre ellas, la ley antibloqueo, el memorándum 2792, la sentencia 523 de la sala social del TSJ, el instructivo de la ONAPRE, entre otros instrumentos jurídicos que desmontaron la CRBV, la LOTTT y permiten el saqueo "en secreto" de nuestros recursos.
9. En el marco de las negociaciones para abrir cauce a una solución pacífica, deberían renunciar a sus cargos todas las cabezas de los poderes, y en el marco del 333 de la CRBV, nombrar como se hizo en el pasado personas de solvencia moral, ética y compromiso con el país, que permita decretar una "Emergencia Constitucional", convocando inmediatamente al poder originario, a los fines de llenar cualquier posible vacío en el poder, de forma constitucional, en el marco de una Asamblea Constituyente que debe tener como tarea principales, entre otras: reinstitucionalizar al Estado, profundizar los derechos y garantías constitucionales de manera progresiva y nunca regresiva, desmontar leyes inconstitucionales, recuperar la majestad de los poderes públicos, modificar la ley electoral del 2009 y convocar elecciones generales, garantizando la participación amplia de todos los sectores independientes, movimientos sociales, pueblo organizado en la toma de decisiones respecto al nombramiento de los poderes, mediante votaciones directas universales y secretas de tal forma que con ello se garantice la independencia en estos cargos y su revocatoria, volver a la postulación limitada para cargos de presidente, gobernadores y alcaldes como garantía de la alternabilidad democrática, paridad electoral entre partidos y movimientos sociales organizados, blindaje de la propiedad de los recursos del suelo y subsuelo que le pertenecen a la República, entre otros aspectos a considerar.
10. Libertad para los presos y perseguidos políticos detener la represión y promulgar una Ley de Amnistía que garantice libertad plena.
11. Restitución del salario y mejora de las condiciones de vida del pueblo, aumentando los ingresos de la población, a través de un aumento general de sueldos y salarios, o bien sea asumiendo como salario las bonificaciones, tal y como lo dicta la ley y la jurisprudencia al respecto, derogando decretos, leyes y sentencias dictadas al margen de la Constitución y la LOTTT que contrarían sus principios, derechos y garantías laborales.
12. En el marco de la Emergencia Constitucional debe llamarse a la repetición de elecciones presidenciales de la AN, Gobernadores y alcaldes, con un CNE legítimo y condiciones electorales, pues la concertación de los poderes públicos para desconocer no sólo la soberanía popular expresada el 28 J, sino la no publicación de resultados desagregados en las elecciones de la AN, Gobernadores y alcaldes, sigue siendo una herida abierta y un acta de absoluta ilegitimidad. La alternativa a la violencia es la negociación en torno a la realización de elecciones creíbles, enmarcadas en la Constitución, restitución de los partidos intervenidos, otorgamiento de partidos políticos que han sido negados sin razones, participación paritaria de partidos e independientes como candidatos uninominales, elecciones sin persecución, sin amenazas, sin cooptación, con plenas garantías democráticas para candidatos y candidatas, y para electores y electoras.
13. Auditorías forenses sobre el manejo de nuestros recursos, sobre todo lo que se ha manejado en secreto, gracias a la fatídica ley antibloqueo, exhibición de contratos, a dónde ha ido a para las ganancias extraordinarias que se han manejado y la inmediata recuperación de los activos de la República saqueados y robados que permanecen ocultos en paraísos fiscales, cuentas en monedas digitales y en el sistema financiero convencional y compañías off shore, en bancos y en países que han servido como vulgares aguantadores del inmenso roba a las arcas de nuestro país, y con ello solicitamos la inmediata repatriación de dichos bienes y capitales, producto de la corrupción y el crimen, que nos pertenecen a todos los venezolanos, por derecho.
14.- Comprendemos el grave momento que estamos pasando, pero la "gerencia temporal" designada para "manejar la transición" en el país sufre de una precaria legitimidad de origen que se confronta a la letra constitucional, en cuanto a su permanencia en el poder, ello no admite limitaciones o alegar restringir derecho previsto en el art 5 CRBV, pues su interpretación debe ser progresiva no regresiva.
15.- Cumplir los plazos establecidos en la CRBV para la nueva convocatoria a elecciones, verdaderamente libres, universales, secretas dónde el poder del voto como expresión del poder constituyente mismo se exprese, no es un tema baladí, es el sustento para la sostenibilidad de la fragilidad gubernamental a la que nos han sometido unos y otros desde sus extremos patológicos. Por ello, debemos organizarnos en un solo bloque nacional para exigir la entrega del control de nuestros recursos y del poder a la política, pues esta "transición pactada o impuesta con bombas" constitucionalmente no debe durar más de 90 días -prorrogables por 90 días más ya que sí la ausencia temporal dura más de 180 días, la ausencia temporal se convierte en ausencia absoluta y deberán convocarse elecciones porque la ausencia absoluta se habría producido dentro de los primeros 4 años de la gestión presidencial.
Finalmente, a la comunidad internacional le decimos con firmeza: Venezuela necesita cooperación, no presión; necesita apoyo al diálogo interno, no imposiciones. Las medidas coercitivas unilaterales deben cesar, pues para la único que han servido ha sido para ocultarle al país el manejo de los ingentes recursos económicos y para el saqueo de los mismos, en consecuencia, exigimos respeto a nuestro derecho irrenunciable a la autodeterminación.
Convocamos a todos los venezolanos, desde cada rincón de la patria, a emprender juntos este camino. Que el dolor, la justa rabia, el odio entre connacionales sembrado día a día, formen parte del pasado, sin que ello signifique declinar en la solicitud irrenunciable de Justicia.
Que el proyecto histórico que contiene nuestra Constitución, que es y ha sido desde 1999 el pacto social que nos reúne, sea el pegamento desde dónde podamos recoger los pedazos que están regados, pueda sellar las heridas abiertas y además se convierta en el lugar de encuentro necesario, aun pensando distinto, pero teniendo como norte la recuperación y la salvación del país, donde podamos abordar, con diálogo y justicia, el destino de reconciliación y prosperidad que merecemos.
Con la certeza firme de nuestra capacidad para reencontrarnos como hermanos que somos, avancemos, firmes, con la bandera de la defensa intransigente de la Constitución como pacto social que nos ampara y nos guía. Creemos, por fin, una Venezuela justa, pacífica, digna y soberana que late en el corazón de cada uno de los venezolanos que amamos el país.
Dirección del BHP
Caracas, 20 de enero de 2026.