Venezuela termina el año 2025 sometida a grandes turbulencias internas y externas. En lo endógeno, la crisis institucional fruto de los eventos de julio del 2024 sigue sin saldarse y, en lo exógeno, y de cierta forma vinculado a lo anterior, fuerzas imperiales llenan el panorama de muerte y guerra cerca de nuestras fronteras. Al cierre de este artículo, fuerzas militares estadounidenses confirmaron la confiscación de un tanquero petrolero proveniente de Venezuela con, por lo menos, 1.8 millones de barriles de petróleo; al mismo tiempo, persisten las amenazas de operaciones militares terrestres en nuestro territorio.
A estas dos realidades se suman las ya conocidas derivas neoliberales de la cúpula dirigente del país, las prácticas apátridas de cierta oposición hidropónica (sin raíces orgánicas nacionales) y los estragos generados por las medidas coercitivas unilaterales junto al robo de nuestros activos por parte de distintos países del norte global que persisten en ejecutar.
Como si no fuera suficiente con lo anterior, la economía mundial sufre fuertes turbulencias ante las políticas arancelarias de Donald Trump y se avizora una casi segura recesión ante la superespeculación en torno a las inversiones en inteligencia artificial. Esto, como debe presumirse, afecta los precios de las materias primas y, sobre todo, de nuestro petróleo, ya de por sí afectado por injustos descuentos en mercados de países aparentemente amigos.
Es ante este escenario que debemos evaluar los indicadores cualitativos y cuantitativos de nuestra economía y verificar cuál es la orientación de dicha economía, quiénes ganan, quiénes pierden y, ante todo, quiénes sostienen sus palancas para someterla a sus iniciativas.
Números y realidades
Según el último informe del Banco Central de Venezuela (BCV), el crecimiento promedio de nuestro PIB durante el 3er trimestre del año alcanzó el 8,71%, motorizado por el pujante crecimiento del sector hidrocarburos en torno al 16,12%; lejos, por cierto, quedó el sector no petrolero con un menguado crecimiento de 6,12%. Las versiones oficiales colocan el crecimiento del PIB del país para este año en torno al 8,5%; versiones más austeras lo colocan en torno al 5% o 6%.
Ahora, ¿qué significa esto? Aunque 8,5% es un buen número, debemos contextualizarlo ante la situación de nuestra economía para entender con propiedad cómo se encuentra realmente. Venezuela atravesó una severa crisis económica desde finales de 2013, lo cual generó una contracción de por lo menos el 75% en nuestro PIB real. Al comienzo del 2013, el volumen de nuestro PIB superaba los 400 mil millones de dólares; para este 2025, supera ligeramente los 100 mil millones de dólares. El crecimiento de 8,5% de PIB debe entenderse sobre esa base.
Dentro de la teoría económica, se podría decir que Venezuela atravesó una fuerte depresión económica durante casi una década; en tal sentido, se considera que para salir de una depresión económica tan severa y crecer en términos reales, la economía debería recuperar el crecimiento promedio alcanzado antes de la depresión; esto significa un 4% de crecimiento del PIB de 2013.
Para aquellos años significaba un crecimiento anual en el PIB de por lo menos 16 mil millones. El crecimiento alcanzado este año fue de 8.500 millones, lo que quiere decir que para realmente crecer y romper la dinámica depresiva deberíamos crecer por lo menos al doble de velocidad, es decir, por lo menos 17% por varios años e ir progresivamente cuadruplicando el PIB y retornando al 4% normal de crecimiento. Para ser más claro, nosotros estamos atravesando un proceso de estabilización económica y de crecimiento vegetativo; efectivamente, se crece, pero no en la velocidad y en la forma que necesitamos.
Un ejemplo de esto es la rémora que sigue siendo nuestro sector no petrolero para la economía en su conjunto; mientras que el sector petrolero muestra superávit por encima de los 10 mil millones de dólares este año con relación al mercado mundial, el sector no petrolero arrastra un déficit superior a los 6 mil millones de dólares con el sector externo.
Para los que crean que esto es simple propaganda para descalificar a nuestros empresarios patrióticos, les invito a tomar en cuenta los siguientes datos: según la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el volumen de importaciones no petroleras alcanzó los 8.562 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, mientras que, según Jesly Lusinchi, directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), las exportaciones del sector no petrolero cerrarán el año en torno a los 2.500 millones de dólares; solo hace falta hacer un cruce y restar.
En cuanto al sector petrolero, sabemos que el promedio de exportaciones hasta noviembre rondó los 885 MBD por un precio promedio de 56,72 dólares por barril en el mismo periodo; esto representaría casi 17 mil millones de dólares hasta la fecha, aunque, por respeto a los sacerdotes de la verdad, tendríamos que valorar un descuento de entre 20 a 25% por barril, lo que nos da un rango que va de 12 mil millones a 17 mil millones. Incluso en el peor escenario y restando los gastos de importación del sector, el mismo no bajaría de 10 mil millones, sin considerar los ingresos de final de año.
Al revisar, por otro lado, la recaudación fiscal tenemos otra serie de sorpresas, por información otorgada por la vicepresidenta sabemos que la recaudación fiscal del sector no petrolero aumento un 13,5% entre enero y noviembre, pasando de 7.060 millones de dólares en 2024 a 8.060 este año. Sin embargo, la recaudación fiscal en su conjunto se redujo en comparación con el mismo periodo en más de 2 mil millones de dólares, pasando de 11.348 millones de dólares en 2024 a poco más de 9.317 en 2025; lo que sugiere que la disminución de la recaudación fiscal se concentró en el sector petrolero y quizás se deba al modelo de gestión promovido por la Ley Antibloqueo y los nuevos convenios de producción tan alegremente celebrados.
Un eslabón más a tomar en cuenta dentro del escenario fiscal ha sido el aumento de la producción minera, en torno al 7,08% con respecto a 2024, impulsada por la extracción de oro. Hasta la fecha, más de 5 toneladas del mineral han sido procesadas por el Estado y casi 2 toneladas más han sido entregadas al Estado por sus alianzas estratégicas con el sector privado minero.
Según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro y Demás Minerales Estratégicos, vigente desde el 2015, el Estado obtendría una regalía de entre el 3% y el 13% de todos los yacimientos explotados dentro de la nación; cabe destacar que hasta la fecha se desconoce con certeza la cantidad, extensión y producción de los yacimientos activos del país.
De igual forma, todo el oro extraído en el territorio nacional debería ser vendido o entregado exclusivamente al BCV. Debemos apuntar en este punto que el BCV carece de datos actualizados sobre el volumen de ventas o entregas de este mineral; a la fecha, ni siquiera sabemos si este procedimiento se sigue realizando. De hecho, entre finales de 2019 y diciembre del presente año, solo sabemos, oficialmente, que han sido entregadas 8 toneladas, aunque desconocemos si por concepto de resguardo, regalías o ventas.
El decreto también exige la creación de un "Registro Único Minero" que debería encargarse de establecer registros y estadísticas sobre la extracción, exploración y comercio de los minerales. También en este punto desconocemos si en los ya 10 años de vigencia del decreto este Registro ha sido creado o ha entregado datos y estadísticas sobre el sector. Pero en general, el hermetismo y lo nebuloso de los datos del sector podrían demostrarnos que no. Esto, por obvias razones, hace sumamente difícil rastrear realmente el aporte fiscal de este sector tan enfáticamente promovido.
Los salarios, el triste recuerdo de la traición
Hasta la fecha que escribo este artículo (15 de diciembre), han pasado 1370 días sin que el salario legal de Venezuela haya aumentado, este sigue siendo 130 bolívares o 48 centavos de dólar según el tipo de cambio oficial del BCV. Al margen del legítimo salario, se ha establecido el Ingreso Mínimo Integral Indexado (IMII), que, si bien ha disminuido la hiperprecarización de los trabajadores del sector público, es un incruento ilegal e igualmente precarizante. El IMII asciende en la actualidad a 160 dólares entregados en bolívares según la tasa del BCV.
Para dimensionar el problema en cuestión, debemos aclarar que, del ingreso integral, es decir, la sumatoria del IMII y salario mínimo oficial, solo 0,2% del mismo tiene incidencia en prestaciones y pasivos laborales; por cada 160,40 dólares del ingreso mensual de los trabajadores, solo 40 centavos son registrados para su jubilación, vacaciones, aguinaldos y demás derechos contractuales.
Incluso olvidando este problema del IMII y a pesar de su parcial indexación, los hechos han mostrado que a la fecha la brecha cambiaria en la calle le resta en promedio el 25% de su capacidad real de compra; es decir, la sensación al momento del consumo por parte de los trabajadores es que su ingreso es de 120 dólares.
En el sector privado, por su parte, la situación no es muy distinta. Según lo registrado en la Encuesta de Coyuntura Industrial de la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) correspondiente al 3er trimestre del presente año, el salario base industrial alcanzó los 260 dólares mensuales, un aumento de 10,6% en relación con los 235 dólares del 1er trimestre; sin embargo, es necesario hacer dos aclaraciones. La primera es que este ingreso no tiene tampoco impacto en prestaciones y pasivos; en un segundo plano, también es necesario advertir que los mismos registros de la encuesta revelan que los precios internos del sector han aumentado en un 142,3% en el mismo periodo de tiempo.
Si medimos la variación en el salario industrial entre el 1er trimestre de 2021 y el 3er trimestre de 2025, veremos que el salario industrial ha aumentado en un 333%, pasando de 78 dólares a 260 dólares en los 19 trimestres medidos; sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, la variación de los precios superó el 542%, teniendo como resultado que los precios aumentan en mayor medida y más rápidamente que los salarios.
Graficando la relación entre el aumento de los salarios y los precios por trimestre, vemos altos picos en los precios y bajos picos en los salarios, evidencia visual del problema de reparto de la riqueza obtenida. Acá se cumple íntegramente la vieja máxima del economista Michał Kalecki: "Los obreros gastan lo que ganan, mientras que los capitalistas ganan lo que gastan".
El problema permanente del dólar con nuevos matices
Otro elemento que afectó severamente al pueblo trabajador venezolano, como se dejó ver arriba, fue el problema cambiario. En lo que va de año, la tasa cambiaria del BCV ha sufrido una variación que se calcula por encima de 515%, pasando de 52,57 bolívares por dólar a comienzos de enero a 270,78 bolívares por dólar para el 15 de diciembre del presente año.
Mucho se ha dicho sobre las razones de este fenómeno, entre los principales sospechosos estaría la fuerte ampliación monetaria que se registró en este 2025, que generó un aumento del 419,8% en la liquidez monetaria nacionales entre el 3 de enero y el 5 de diciembre de este año, según el último registro del BCV, pasando de 173 mil millones de bolívares a más de 728 mil millones de bolívares.
Sin embargo, si hacemos un ejercicio básico de referencia directa entre el tipo de cambio y la ampliación monetaria, tenemos un problema. En el periodo entre el 3 de enero y el 5 de diciembre, la variable cambiaria presentó un aumento del 484,82%, pasando de 52,57 bolívares por dólar a 254,87 bolívares por dólar, una variación mucho mayor que la presentada en la liquidez en el mismo periodo, por el orden de los 419,8%. Si la lógica monetaria fuera cierta, a saber, "a mayor oferta de liquidez, un rápido ajuste de precios", la divisa debería haber presentado para aquella fecha un precio de 220,73 bolívares; sin embargo, no fue así.
Otros colegas economistas plantean la escases de divisas como razón de la arremetida cambiaria, quienes señalan esta como la razón principal tienen en parte razón: hasta el 12 diciembre de este año el BCV había colocado en las mesas de cambio privadas 3.079 millones de dólares, mucho menor al monto entregado en el mismo periodo el año pasado contabilizando en torno a los 5.243 millones de dólares. Sin embargo, al monto entregado en efectivo hay que sumar un monto no inferior a los 1.500 millones de dólares entregados en stablecoin USDT (Tether), que según Tamara Herrera, presidenta de la consultora Síntesis Financiera C.A. habrían sido contabilizados hasta octubre del presente año, esto último nos hace inferir que el monto real de entrega de divisas al sector privado no esté tan alejado del monto del año pasado.
Si tomamos como referencia los 3.079 millones de dólares y partimos de la falsa premisa de que toda la liquidez existente es producida por el Estado venezolano y de que debe ser esterilizada mediante la venta de divisas, tendríamos que con la venta de esos 3.079 millones de dólares a un monto promedio de 184 bolívares por dólar se alcanzaría a cubrir los poco más de 557 mil millones de bolívares de liquidez generada hasta el 5 de diciembre, lo que significaría que el valor de las divisas debería fracturar a la fecha en torno a ese número (184 bolívares por dólar). Pero lamentablemente esta lógica tampoco se ha cumplido.
Otro elemento en la ecuación ciertamente es la fuerza especulativa que genera el nuevo mecanismo de las stablecoins en el ecosistema cambiario, ante todo porque no existe regulación por parte del actual convenio cambiario sobre este mecanismo y ciertamente su precio por encima de la banda BCV ha impulsado también el precio de las divisas BCV en las mesas de cambio privadas. Los problemas siguen siendo una trágica mezcla de situaciones coyunturales (dificultad de obtención de divisas en el mercado internacional), problemas estructurales (la condición deficitaria de nuestro sector privado importador), junto a una increíble falta de transparencia y auditoría sobre los recursos de las arcas públicas.
No queremos terminar este examen del año 2025 sin incluir un análisis del presupuesto entregado por el gobierno hace un par de semanas en la Asamblea Nacional. El monto para la fecha, según el tipo de cambio del BCV, alcanzaba los 19.948 millones de dólares, lo que significa una disminución del 2,6% con respecto al presupuesto de 2024, cuando alcanzó los 20.500 millones de dólares. Esto último indica que no tendremos mayores cambios en la capacidad financiera del Estado, lo cual pone en entredicho cualquier mejora salarial en el sector público nacional.
Aunque se quiere hacer creer que los recursos son escasos para cualquier política salarial los propios datos indican lo contrario, nuestros ingresos petroleros siguen relativamente estables y nuestra recaudación fiscal pareciera estar disminuyendo solo en ese sector y no pareciera reflejar el aumento en el sector minero, el sector privado importador e industrial parecen ser los sectores que más vienen capitalizando los mecanismos de estabilización económica con mayor acceso a las divisas del sector petrolero y con mayores preventas y garantías. Por último, el sector obrero sigue disperso y sus instancias sindicales fuertemente enfrascadas en una fraudulenta, hermética y fuertemente guiada constituyente obrera.
Si compartimos la máxima de Marx de que los problemas son las consignas de los tiempos, podemos decir plenamente que la consigna de nuestros tiempos es "la lucha de una clase". Por un lado, la élite empresarial-gubernamental-transnacional y, por otra, la gran clase trabajadora empobrecida. He allí la pugna de nuestro tiempo y la del próximo año.