I Parte
En fecha reciente, con motivo de la invitación pública, que se le hiciere al pueblo neoespartano, asistí al encuentro de saberes pautado para el momento. La disertación fue referida por Luís Fernando Damiani Bustillos, Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Coordinador General del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. El tema central en voga, se enfoca en la" Distribución del poder político en Venezuela. Hacia el Estado Comunal", a propósito de la víspera del próximo año de la Reforma Constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El evento contó con estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, organizaciones del poder popular, jueces de paz y autoridades del TSJ de la región insular.
En el transcurrir de la nutrida alocución por el orador y bajo una pedagogía sin tecnicismo de términos que pudiera confundir al pueblo llano, hilvanaba con curiosidad las ideas propuestas por el jurisconsulto. Recordé que escribí un opúsculo para el Primer Concurso de Investigación, Recreación Literaria y Sistematización de Experiencias Comunales. Y una vez que entregué mi recreación literaria como participante, recibí la información de que el concurso quedaba suspendido hasta nuevo aviso y sin recibir la información satisfactoria. "Por ahora," sigo en la dulce espera… (¿?).
¿Distribución o redistribución del poder político en Venezuela?
En un esfuerzo de hacer uso de la historia comparada como herramienta para la comprensión del pasado y accionar en el presente, en las tres últimas décadas del siglo XX, en Venezuela se puso en relieve, figuras y expresiones de fragilidad de la ética y moral en contra de un verdadero sistema judicial. Ha sido, producto del desgaste y fallas estructurales del sistema gubernamental por la tendencia avasallante de los hombres a la corrupción. Un agraciado estimulante ha sido entre otros la opulencia del oro negro que incitó a los vicios administrativos. El fraude, el enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, el negocio turbio a la sombra del poder, y la guinda de la torta la impunidad para los delincuentes privilegiados por el favor politiquero y el compañerismo de partido, fueron algunas causas que conllevó a la crisis de la justicia y la moral en Venezuela. ¿Continúa los escándalos administrativos y la burla de mecanismos legales para la erradicación rampante de los casos de corrupción, tráfico de influencia, operadores jurídicos inmorales? El pueblo no olvida. Durante centurias la oligarquía venezolana tuvo el poder en Venezuela que, bajo una nueva geometría del poder, ha de cambiar y transformarse el Estado. ¿Un Estado Comunal?
Estableciendo relaciones para una amplia explicación, México se vio convulsionada en el 2024, por unas series de eventos producto de una reforma judicial, generando controversia y debate. Como origen de la reforma ha sido el desgaste judicial imperante causada por la impunidad, corrupción e ineficiencia por quienes dirigen los organismos judiciales, plagados de clanes familiares al servicio de particulares y no del pueblo. En otrora y con desagrado, la distribución del poder político - judicial venezolano era administrado por intocables miembros de las tribus judiciales y el partido. "Es el pueblo, el que reclama mayor velocidad en los cambios, es el pueblo el que reclama que sigamos derribando barreras". Hoy en víspera de una nueva reforma constitucional de nuestra Carta Magna, el poder judicial, sus instituciones y el pueblo ha de revisar profundamente su funcionalidad. Ya es público y notorio en la cotidianidad, que jueces y fiscales se les vincula en hechos de corrupción en causas penales. De igual manera, la existencia de leyes parcializadas entre otras que atentan contra el amor y la paz que mellan la dignidad y el decoro de los seres humanos; así como los acuerdos de los derechos humanos internacional en donde Venezuela es firmante. Ha de promoverse, una verdadera legislación paritaria con un tratamiento y una cultura de erradicación de la violencia y corrupción, comprendida como una legislación que fomente la verdadera igualdad de protección e indistintamente de donde venga la violencia. De igual manera, el poder moral o ciudadano de la Constitución Bolivariana de Venezuela, no debería estar en manos de funcionarios del poder constituido como lo es hasta ahora. Deberá estar bajo la rectoría de ciudadanos, adultos mayores de reconocida probidad y revolucionarios, electos por el pueblo. ¿Será esta la llave que abra la puerta principal para fraternizar en el Estado Comunal?
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
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