El pasado 15 de julio, fue detenida la profesora Yurelys Elisa Zambrano Rodríguez, educadora con más de veinte años de servicio en la Unidad Educativa Ezequiel Zamora de Aragüita, municipio Guacara, estado Carabobo.
Su detención no solo generó estupor, sino que encendió una alarma nacional. No por tratarse de una acusación menor —pues se le imputó una supuesta agresión a una "representante"— sino por el modo en que las instituciones se activaron con inusitada rapidez para sancionar, mientras se mostraban, una vez más, peligrosamente lentas y negligentes a la hora de investigar con seriedad y equilibrio.
El caso se propagó como fuego en pólvora, avivado por el impacto que causa, la indignación ciudadana, la solidaridad de la comunidad educativa y la viralización del hecho en redes sociales.
Lo que para algunos parecía una falta grave por parte de la docente, para muchos fue la gota que derramó el vaso en un entorno de hostigamiento laboral prolongado. Voces de la escuela y la comunidad apuntan directamente a una trabajadora administrativa —identificada como la denunciante— cuya conducta conflictiva habría generado reiterados problemas con el personal docente y obrero, contando, al parecer, con la protección de la dirección del plantel.
La versión oficial señalaba a una madre representante como víctima, pero rápidamente esta narrativa fue desmontada por la comunidad escolar. La presunta "representante" resultó ser una secretaria de la institución, lo que cambia sustancialmente el enfoque del conflicto y obliga a cuestionar la transparencia del proceso.
Lo más alarmante no fue solo la detención, sino la forma humillante en que la Policía Municipal de Guacara grabó y difundió en redes sociales —a través de su cuenta de Instagram— la imagen de una docente respetada, sin considerar su presunción de inocencia, sin respetar su dignidad profesional ni humana.
Mayor asombro me causó ver que la involucrada era la profesora Yurelys Zambrano, para quienes la hemos conocido y acompañado en su ejercicio docente, sabemos de qué ella es reconocida por su solvencia ética, su pasión por la geografía y la historia, y su compromiso incuestionable con la formación de niños y jóvenes.
Ese acto de exposición pública, que rozó la criminalización mediática, deja interrogantes graves:
- ¿Se usaron los mecanismos del Estado para castigar a quien solo intentó defenderse de un entorno hostil?
- ¿Hubo manipulación de la justicia por presiones o favores internos?
- ¿Quién responde por el uso del aparato policial para dirimir conflictos administrativos no esclarecidos?
Más grave aún fue saber que la Fiscalía fue notificada después de la detención, cuando la profesora ya había sido privada de libertad. El proceso fue invertido:
- Se sancionó moralmente antes de investigar
- Se difundió antes de escuchar,
- Se detuvo antes de evaluar con imparcialidad.
Esta distorsión del debido proceso (Artículo 49 CRBV) no es un simple error técnico; es una muestra del autoritarismo burocrático que pesa sobre los hombros de los docentes en Venezuela.
Ante esta ceguera institucional, fue la comunidad y algunos medios digitales quienes actuaron con lucidez.
Representantes, colegas, exalumnos y vecinos alzaron la voz para defender a una docente que encarna lo mejor del magisterio venezolano.
Lo hicieron porque, cuando el Estado calla, es la sociedad quien exige justicia. ¿A dónde quedó el derecho a la protección del honor artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?
Cuando la escuela se convierte en territorio de retaliaciones y silencios cómplices, es la conciencia colectiva la que impone la dignidad.
Yurelys ya fue liberada, pero no sin antes pasar una noche en prisión y quedar sometida a régimen de presentación. Mientras tanto, quienes la acosaron siguen ocupando sus cargos con total impunidad. Es una paradoja dolorosa: la víctima fue tratada como culpable y el problema estructural sigue intacto. ¿Se vulneró también a una mujer en un espacio históricamente feminizado como la docencia?
En Venezuela, ser maestro se ha vuelto una profesión de alto riesgo. La detención de la profesora Yurelys Zambrano lo confirma.
Este caso debe marcar un punto de inflexión. Porque no se trata solo de Yurelys, sino de cientos de maestras y maestros que son hoy víctimas de acoso institucional, desprotección laboral y silencios administrativos. La escuela, que debería ser un espacio de crecimiento y respeto, está siendo minada por prácticas autoritarias y estructuras jerárquicas que responden más a intereses personales que al bienestar educativo.
La profesora Xiomara Luna, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) de Carabobo, tiene ante sí la oportunidad de actuar. No para encubrir, sino para corregir. Es urgente crear un canal institucional —con participación gremial y comunitaria— que reciba denuncias de acoso laboral, que proteja al personal docente y que rompa el ciclo de miedo y represión que hoy se vive en muchos planteles.
No se trata de proteger a un gremio a ciegas. Se trata de garantizar justicia, debido proceso, y condiciones humanas mínimas para quienes sostienen con esfuerzo y vocación el derecho a la educación.
Cuando una docente es detenida por el aparato judicial sin respaldo, sin investigación previa y con la complicidad del silencio institucional, sin unas disculpas públicas no solo se vulnera a una mujer trabajadora. Se vulnera a toda la escuela pública. Se les niega a nuestros niños el derecho a aprender en paz. Se debilita el tejido mismo de la justicia social.
La carreta va delante de los caballos cuando se condena antes de comprender. Pero el país necesita que la razón recupere su sitio. Y que el magisterio vuelva a ser protegido, no perseguido.
Si no se exige justicia hoy, mañana cualquier docente puede ser la próxima víctima del silencio institucional.