El rockero Charly García lanzó su canción "Dinosaurios" en Argentina, en el álbum "Clics Modernos", justo en 1983, en un momento crucial, a pocos meses de la vuelta a la democracia en Argentina, después de la última y más brutal dictadura militar, caracterizada por la represión, la censura, las torturas y, sobre todo, las desapariciones forzadas de miles de personas. El lector, supongo, recordará algunos de sus versos: "los amigos del barrio van a desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer… los que están en el aire pueden desaparecer en el aire…la persona que amas va a desaparecer… los que están en los diarios van a desaparecer" y ese verso final, "pero los dinosaurios van a desaparecer", fue tomado por los jóvenes como la anticipación de la inminente caída de la dictadura. Esta canción (muchas veces los censores son brutos…está en sus genes) no fue censurada directamente en el momento de su publicación oficial. Charly ya la había presentado en vivo en 1982, aún en dictadura, y la reacción del público ya evidenciaba la conexión con el momento que se vivía. También salieron, en el mismo álbum, canciones tan ilustrativas del ambiente represivo de la dictadura como "Nos siguen pegando abajo" y "No me dejan salir".
Yo soy rockero de entre 1969 (Festival de Woodstock) hasta los ochenta (incluyendo ELP, Yes, Pink Floyd, David Bowie, Queen y, por supuesto, Charly García), con un gran respeto a la generación anterior, la de los Beatles y los Rolling Stones. Por eso, la canción de Charly me resuena hoy cuando vivimos en esta atmósfera de miedo plantado por miles de desapariciones forzadas de abogados defensores de los Derechos Humanos (Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, etc.), periodistas (Carlos Julio Rojas, Nelín Escalante, Nakari Mena, Gianni González, Luís López, Ismael Gabriel González, Yuosnel Alvarado, Paul León, Daisy Peña, José Gregorio Camero, Eleángel Navas, Gilberto Reina, Ana Carolina Guaita, Ramón Centeno), dirigentes políticos democráticos como el caso representativo de Enrique Márquez, preso porque introdujo escritos en el TSJ en uso de las garantías constitucionales. También economistas, como Rodrigo Cabezas y sus colaboradores, que se atreven a publicar datos económicos, como la cotización real del dólar o los índices de inflación que, para el gobierno, es un secreto de Estado.
La lista de las desapariciones forzadas es larga, porque habría que incluir los miles de jóvenes y adolescentes detenidos a raíz de la movilización de protesta del 29 de julio del año pasado a raíz del fraude electoral. Pero también la lisa es cambiante, porque a veces sueltan por un tiempo a los detenidos, pero con un régimen de presentación que les impide ejercer sus derechos constitucionales de libre expresión, asociación y movilización. Además, si, por un lado, salen algunos, por la otra entran más. Además, las estadísticas tienden a enfriar las cosas. No es lo mismo un número, que entrar en contacto con gente de carne, hueso, sentimientos y pensamientos. Las desapariciones forzadas en Venezuela son una práctica preocupante que afecta a un amplio espectro de la sociedad.
Se trata de detenciones abusivas cometidas por organismos de seguridad del Estado sin orden judicial, sin permitir llamar a conocidos o familiares, tampoco disponer de un abogado escogido personalmente, con cargos desconocidos o que tienden a repetirse como un guión indiscriminado (incitación al odio, traición a la patria, vinculación a conspiraciones tramadas como para una película, etc.). Pero, sobre todo, las desapariciones forzadas son una táctica utilizada para silenciar la crítica, intimidar a la población y ocultar las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Las desapariciones forzadas de corta duración es una práctica común, denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y el Foro Penal han destacado que esta es una práctica común. Las personas son detenidas sin orden judicial ni registro, y se les niega la comunicación con sus familiares y abogados por un período, que puede ir de horas a varios días, antes de ser presentadas ante tribunales o liberadas. El objetivo suele ser obtener información, forzar "confesiones" o intimidar. Otra modalidad es la detención arbitraria y ocultamiento del paradero que ocurre cuando las autoridades detienen a personas sin el debido proceso y, deliberadamente, ocultan su lugar de detención, negando a sus familiares y representantes legales cualquier información sobre su paradero y condición. Las organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, han concluido que las desapariciones forzadas en Venezuela forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
Así, continúan las amenazas y las desapariciones, y se multiplican los periodistas que se han visto forzados a exiliarse o desplazarse internamente debido a la persecución, hostigamiento y amenazas, lo que también es una forma de silenciar la información. También, aumentan las detenciones de periodistas durante la cobertura de eventos políticos o sociales, a menudo seguidas de liberaciones, pero que configuran un patrón de impedimento al ejercicio periodístico. Sigue la persecución judicial con acusaciones como "terrorismo", "incitación al odio" o "asociación para delinquir", que buscan criminalizar la labor informativa.
Entre los casos conocidos por desaparición forzada, tenemos el de Rocío San Miguel y su entorno familiar. Ella fue detenida en febrero de 2024, y su caso generó una fuerte condena internacional por la forma en que se produjo y la implicación de familiares. Aunque algunos de sus familiares fueron liberados posteriormente, las detenciones iniciales y la falta de información sobre su paradero por días constituyeron desapariciones forzadas, según diversas ONG y la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. También hay que mencionar a Javier Tarazona, Director de la ONG FundaRedes, una organización que documenta violaciones de derechos humanos, especialmente en la zona fronteriza de Venezuela. Tarazona fue detenido en julio de 2021 y acusado de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria. Carlos Julio Rojas: Periodista comunitario y activista de derechos humanos, fue detenido en abril de 2024 y, al igual que otros casos, su detención fue calificada de desaparición forzada por sus familiares y abogados debido a la falta de información sobre su paradero inicial. También, Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, detenido en 2025, y Naomi Arnaudez, defensora de derechos humanos cuyo caso se sumó al de Eduardo Torres, también detenida en 2025.
Hay varias ONG venezolanas e internacionales que han sido fundamentales en la documentación, denuncia y visibilización de las desapariciones forzadas en Venezuela: el Foro Penal, el PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), Amnistía Internacional, el Human Rights Watch, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (ONU), la cual sería expulsada del país por una solicitud reciente de la Asamblea Nacional controlada por el PSUV, la COFAVIC (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 - El Caracazo), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Este viernes 17 de julio, los familiares de los presos políticos, algunas organizaciones y muchos ciudadanos hicieron llegar a la Nunciatura Apostólica una carta, dirigida al Papa León XIV, en la cual se acude ante el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica ante la ausencia total de respuesta institucional y la negativa sistemática del Estado venezolano a garantizar los derechos fundamentales de las víctimas, para solicitar su mediación ante las autoridades venezolanas, reconociéndose como un actor clave en la promoción de gestos humanitarios y considerando que la situación venezolana representa una emergencia humanitaria, agravada por condiciones inhumanas de reclusión, ausencia de garantías judiciales, muertes bajo custodia, torturas y desapariciones forzadas. Las demandas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los familiares, amigos, organizaciones ciudadanas son las siguientes:
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Libertad plena e inmediata para nuestros familiares presos políticos, presos de conciencia y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sometidos a juicios sin garantías de imparcialidad judicial.
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Autorización de visitas familiares sin restricciones arbitrarias:
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Fin del aislamiento prolongado al que se encuentran sometidos los presos políticos, trato cruel e inhumano que constituye una forma de tortura para ellos y sus familias. Actualmente hay presos políticos aislados e incomunicados que tienen hasta once (11) meses sin ver ni hablar con sus familiares, desde el momento en el cual fueron detenidos de forma arbitraria y bajo desaparición forzada.
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Garantizar el acceso a servicios médicos adecuados: En tal sentido procuramos que se logre una evaluación y atención médica integral de todos los detenidos realizada por Cáritas y la Cruz Roja Internacional.
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Autorizar el ingreso sin restricciones de alimentos y medicinas por parte de los familiares:
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Respeto al derecho de designar abogado de confianza, lo cual es expresión directa del derecho a la defensa y del debido proceso.
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Cese de la persecución política por parte del Estado.
Los rockeros sabemos que los dinosaurios van a desaparecer. Ahora, nos hacemos solidarios con estas demandas.