La reciente decisión del gobierno nacional de decretar un aumento salarial ha resonado en cada hogar venezolano, pero no con la alegría esperada. Lejos de ser un alivio, este incremento representa una burla a las necesidades básicas de la población y una flagrante violación del derecho constitucional a un salario digno y justo.
Es innegable que cualquier ajuste salarial es bienvenido en una economía tan golpeada como la nuestra. Sin embargo, la magnitud de este aumento resulta irrisoria al compararla con la escalada de precios de los alimentos y servicios esenciales. ¿Cómo se espera que una familia venezolana pueda cubrir la canasta básica alimentaria con un ingreso que apenas alcanza para unos pocos productos?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 91, es clara al establecer que "todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales". Este aumento, lamentablemente, se aleja drásticamente de este mandato constitucional, perpetuando una situación de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria para millones de venezolanos.
No se trata solo de números fríos en un decreto oficial. Detrás de esta decisión gubernamental, hay rostros de madres y padres angustiados por no poder alimentar a sus hijos, de profesionales que ven cómo su esfuerzo diario se diluye ante la hiperinflación, de ancianos que luchan por acceder a medicamentos básicos.
Es crucial entender que la verdadera reactivación económica de Venezuela no se logrará con aumentos salariales insuficientes. Pasa, necesariamente, por la construcción de grandes obras de infraestructura que transformen la calidad de vida de los ciudadanos. Invertir en solucionar los graves problemas de servicios públicos –agua, electricidad, transporte– no solo mejorará el día a día de la población, sino que también sentará las bases para un desarrollo productivo sostenible.
Además, esta estrategia de inversión en infraestructura es la vía para generar empleos dignos, con salarios que realmente estén ajustados a la realidad económica actual. Empleos que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, tal como lo consagra nuestra carta magna.
Exigimos, de manera firme pero respetuosa, que las autoridades reconsideren este aumento salarial y que adopten una visión integral para la recuperación económica. No pedimos dádivas, sino el cumplimiento de un derecho fundamental y la implementación de políticas que impulsen un desarrollo genuino. Un salario digno y empleos de calidad, impulsados por una infraestructura sólida y servicios públicos eficientes, no son un lujo, son una necesidad imperante para reconstruir el tejido social de nuestra nación y garantizar un futuro donde cada venezolano pueda vivir con la dignidad que merece.
Es hora de que las políticas económicas se centren en el bienestar de la gente, en garantizar su alimentación, su salud y su calidad de vida, a través de medidas valientes y justas que realmente dignifiquen el trabajo y sienten las bases para un futuro próspero.