Ministerio Público acusó a abogada Perla Jaimes por obstaculización a una orden judicial

Perla Jaimes, la abogada de la empresa Globovisión

Perla Jaimes, la abogada de la empresa Globovisión

Credito: Archivos

(Caracas, 27 de julio de 2010) El Ministerio Público acusó a la abogada
Perla Jaimes Jorge, por la presunta comisión del delito de obstaculización
a una orden judicial, que habría ocurrido durante del allanamiento
efectuado el 21 de mayo en una quinta ubicada en la urbanización Los
Chorros, propiedad del empresario Guillermo Zuloaga Núñez.

La fiscal 9° nacional, Daisy Norelis Bolívar, presentó el escrito de
acusación ante la Oficina Distribuidora de Expediente de Caracas, instancia
que asignó la causa al Tribunal 5° de Control de la citada jurisdicción.
Perla Jaimes, de 47 años de edad, fue acusada por la presunta comisión
del referido delito, previsto y sancionado en el artículo 110 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó en su escrito de acusación
que se admitan las pruebas ofrecidas y se ordene el enjuiciamiento de la
abogada.

La referida norma, por la cual se presentó la acusación, establece "el
que mediante violencia, intimidación, o fraude impida u obstruya la
ejecución de una actuación judicial o del Ministerio Público, será
sancionado con prisión de seis meses a tres años".

A través de los medios televisivos, se pudo apreciar que la abogada Perla
Jaimes habría obstaculizado la labor de los funcionarios del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la noche en
la que se realizó el allanamiento en la Quinta La Cerradura, donde fueron
incautados 24 vehículos marca Toyota.

Uno de los funcionarios a los que se le habría limitado su labor, durante
la visita domiciliaria solicitada por la Fiscalía 62° y acordada por el
Tribunal 44° de Control de Caracas, fue al director de ese órgano de
investigación, Wilmer Flores Trocelt.

Según se pudo apreciar en las imágenes de televisión, personas que se
encontraban en la quinta La Cerradura, ubicada en Los Chorros, habrían
dificultado el acceso a las autoridades, pese a que estas mostraron la
orden aprobada por el citado Tribunal, la cual establecía las condiciones
en las cuales se haría el procedimiento legal.

El allanamiento formaba parte de la investigación cuyo acto conclusivo
fue una acusación contra Zuloaga Núñez y su hijo Guillermo Zuloaga Siso,
hoy prófugos de la justicia, y acusados por los delitos de usura genérica
continuada y agavillamiento.



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