Reseña sobre las agresiones de la SIP contra Venezuela

Operaciones psicológicas, campañas sucias, golpes de estado y demás acciones desestabilizadoras han formado parte de las actividades a sueldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que cínicamente declama "defender la libertad de prensa"

Operaciones psicológicas, campañas sucias, golpes de estado y demás acciones desestabilizadoras han formado parte de las actividades a sueldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que cínicamente declama "defender la libertad de prensa"

Credito: Archivo

16 de sept. 2009. - Sus principales objetivos son:

Defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne en las Américas.

Proteger los intereses de la prensa en las Américas.

Defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo.

Alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial.

Promover el intercambio de ideas e información que contribuya desarrollo técnico y profesional de la prensa.

No obstante, hay que dejar claro que la SIP no agrupa a periodistas, ni a trabajadores de los diarios, sino a los dueños de periódicos del continente. Por lo tanto fue creada con el único y primordial objetivo de defender los intereses económicos y políticos de los propietarios de los medios impresos.

RESEÑA HISTÓRICA:

El concepto de la SIP se desarrolló en 1926, cuando unos 130 periodistas de las Américas, reunidos en Washington, D.C. para el Primer Congreso Panamericano de Periodistas, adaptaron una resolución que aprobaba el establecimiento de una organización interamericana permanente de periodistas. El Congreso se reunió posteriormente en la Ciudad de México en 1942, cuando se creó la Comisión Permanente, que se convertiría en la SIP durante la conferencia realizada en La Habana al año siguiente. Sobre la historia negra de la SIP, el periodista Earle Herrera afirmó:

“La SIP es un cartel que escogió para nacer la Cuba del dictador Fulgencio Batista. Su reunión inaugural se llevó a acabo en La Habana batistera, por 1943. El déspota cubano corrió con los gastos. En su libro Los amos de la prensa, Gregorio Selser escribe: La inauguración de una entidad que bregue por los fueros de la libertad de prensa y su funcionamiento merced a la “ayuda” de alguien como Batista, sólo puede resultar un chiste de mal gusto, o un cruel sarcasmo”. (aporrea.org 29.3.07)

En referencia a estos orígenes obscuros de la SIP, el periodista español, Pascual Serrano acota que el cartel fue refundado en 1950 por los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers así como por Tom Wallace del Departamento de Estado. Según Serrano su misión era apoyar la política exterior antisindicalista y anticomunista de la era macartista, y la promoción del liberalismo económico (VIVE TV 28.9.06)

Con sus objetivos definidos desde su fundación la SIP se distinguió por conspirar contra los líderes de los grandes movimientos nacionales y liberadores en América Latina, Juan Domingo Perón (Argentina), Getulio Vargas (Brasil), Velazco Alvarado (Perú), Velasco Ibarra (Ecuador), Jacobo Arbenz (Guatemala), entre otros, favoreciendo el accionar de los golpes de estado que se produjeron en estos países.

Al respecto, el intelectual paraguayo Martín Almada, Premio Nóbel Alternativo, opinó: “La SIP es una organización vinculada a las dictaduras en América Latina” (VTV 28/05/07)

En la década de los 70, la SIP, desarrolló una campaña mediática contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Esta tesis es respalda por el periodista chileno Hernán Uribe , quién señala que “la CIA manejó la gran prensa local y a los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende. Uribe también afirma que el diario El Mercurio, cuyo director y propietario, Agustín Edwards, fungía además como el vicepresidente de la SIP, recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de descrédito contra el gobierno de Allende.(VIVE TV 28.9.06)

Durante el golpe de estado en Venezuela el 11 de abril del 2002 y en los 64 días del sabotaje petrolero, donde los medios privados no hicieron más que transmitir mensajes de división y odio para derrocar al gobierno legitimo, La SIP guardó cómplice silencio. Este mutismo de la SIP contrasta con la férrea defensa que hizo esta organización de RCTV cuando el Ejecutivo Nacional en su legitimo derecho decidió en mayo del 2007, no renovarle la concesión. En esa oportunidad, la SIP condenó la actuación de Gobierno Nacional bajo los siguientes términos:

“Condenamos el cierre, por razones políticas, del canal más antiguo y de mayor sintonía en Venezuela, Radio Caracas Televisión, por orden directa del presidente Chávez. Asimismo repudiar la confiscación de sus equipos de transmisión” (Globovisión 16.10.07)

En Venezuela, la actuación de la SIP tanto el golpe del 11 de abril del 2002 como en el caso RCTV, reitera el rol de esta organización como defensora de los intereses empresariales de la comunicación en América y de la oposición política regional identificada con la derecha.

CRONOLOGÍA DE LA DENUNCIAS DE LA SIP CONTRA VENEZUELA

El 15 de diciembre de 2007, Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que el sistema cambiario se está utilizando para castigar la línea editorial del Correo del Caroní y otros medios impresos de carácter privado, a través de negación de divisas para la compra de papel.

En la resolución final DE LA 63° ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP (2007), vuelve a reiterar sus denuncias sobre supuestas violaciones a la libertad de Expresión en Venezuela, argumentando que el Gobierno venezolano “cerró” RCTV por “razones políticas”, “violentando” los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de trabajadores y periodistas de esa planta televisiva. En esta resolución final (2007), la SIP también acusó al Ejecutivo Nacional de Fomentar la “autocensura” a través de la ley Resorte, “impedir” a los periodistas el libre acceso a las fuentes oficiales y de asignar publicidad oficial para favorecer a los medios gubernamentales

En el periodo 2007-2002, la SIP ha denunciado “Persecución y atropello” a medios y periodistas venezolanos. Al respecto la SIP denunció supuesta agresiones al Diario Caroní (2007) Filippo Sindoni, editor del diario El Aragueño (2006), el diario El Caroreño (2006), Patricia Poleo (2006), Napoleón Bravo (2006), correo del Carona (2006) y Marianela Salazar (2006), Andrés Mata (2004), Ibéyise Pacheco (2004) José Angel Ocanto, jefe de Información del periódico El Impulso (2002), Sabrina Segovia, corresponsal de Notitarde en Caracas (2002)

EN LA 62ª ASAMBLEA GENERAL realizada en México en el 2006, la SIP denunció que los periodistas venezolanos enfrentan un “marco legal restrictivo” para el ejercicio del periodismo, así como “amenazas y agresiones” por parte del sector oficial. En dicha Asamblea la SIP afirmó que en Venezuela los poderes públicos están subordinados al presidente Chávez, señalando que las actuaciones de los mismos “son cada vez más flagrantes, en perjuicio de la realización de la justicia y los fines del Estado democrático”

Durante el 2004, el entonces presidente de esta organización, Alejandro Miró Quesada afirmó que Ley Resorte contiene recetas que facilitan “la cesura y la autocensura”. Esta oposición de la SIP a la Ley Resorte fue el tema central de la 60° ASAMBLEA GENERAL realizada en Guatemala en octubre de ese mismo año, la organización opinó que la ley consagra la censura previa y le otorga al Gobierno la potestad para suspender, sin mediación judicial, las programaciones de radio y de televisión cuando considere que puedan atentar contra el orden público o la seguridad nacional.

En el 2003, los señalamientos de la SIP se centraron en cuestionar las acciones administrativas impuesta por CONATEL a los medios privados de comunicación, catalogándolas como “contrarias al libre ejercicio de libertad de expresión”. Este tema fue tratado por la SIP en la reunión semestral celebrada del 21 al 24 de marzo en El Salvador, concluyendo que en Venezuela existe acoso judicial a los medios de comunicación bajo amparo “de leyes obsoletas y restrictivas de la libertad de prensa”.

En el 2002, la SIP en una Reunión celebrada República Dominicana acusó al presidente Chávez de “emplear insultos, agravios e intimidaciones contra los editores y los comunicadores sociales en cadenas semanales de radio y de televisión” Según la SIP el discurso presidencial incitaba “al odio e instigaba la violencia popular contra los periodistas”

Durante el 2001, la SIP en sintonía con el discurso opositor de ese periodo, cuestionó los 49 decretos de la Ley Habilitante, en cual según ellos, “desbordó tanto el principio constitucional de la reserva legal como las competencias naturales del parlamento”

La constante ingerencia de la SIP en los asuntos internos de Venezuela desde el triunfo de la revolución bolivariana en 1999, contrasta con el silencio guardado por este cartel en actos contra la libertad de expresión y la democracia perpetrados por la oposición venezolana y los gobiernos de la IV República.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN DICHAS “OMISIONES”:

Según el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel (2001), las amenazas contra la libertad de prensa durante los gobiernos de Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi en Venezuela tampoco fueron condenadas por la SIP, a pesar de las clausuras, censuras por decreto y chantajes con la compra de insumos importados que fueron objeto los medios.

De igual manera, la SIP dejó de pronunciarse sobre los cierres de VTV y Catia TV a manos de dirigentes opositores, sino que por el contrario, le brindó plena solidaridad al ex gobernador Enrique Mendoza tras ser imputado por el "uso de la violencia para impedir el funcionamiento de un cuerpo legítimamente constituido, incitación a delinquir e interrupción de las telecomunicaciones" durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

La SIP guardó un escandaloso silencio acerca de la conducta de los medios privados durante. el golpe de estado del 11 del 2002

La SIP tampoco hizo referencia alguna a la grosera propaganda política que transmitieron los medios privados venezolanos de manera continua y permanente durante el sabotaje petrolero.

OPOSICIÓN DE GOBIERNO VENEZOLANO FRENTE A LAS AGRESIONES DE LA SIP CONTRA VENEZUELA

La Asamblea Nacional en mayo del 2007, acordó rechazar el documento final emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que criticó la libertad de expresión en Venezuela, luego de su reunión anual esta vez realizada en Cartagena de Indias. En esa oportunidad, La primera vicepresidenta del Legislativo, Desireé Santos Amaral señaló que el informe de la SIP "es un caliche" y que en 18 documentos que ha emitido el organismo, que agrupa a los editores de prensa del hemisferio, Venezuela ha resultado más perjudicada que otros países

William Lara: La SIP es una sociedad que no representa a los periodistas de Venezuela y de ningún país del continente americano, sino a los empresarios, a los dueños de periódicos que, a su juicio, fundamentalmente están allí promoviendo sus propios intereses económicos. (VTV- Aporrea 2.10.06)

Earle Herrera: “La SIP es una organización que siempre estuvo asociada a los dueños y propietarios de los medios de comunicación social, y recordó el silencio que mantuvo durante el golpe de Estado del 11 de abril, en el que los dueños de los medios tuvieron una participación muy activa. (Aporrea 20.7.06)

José Vicente Rangel: “La SIP representa “los más turbios y oscuros intereses del mundo de la empresa mediática” (Voltairenet 15.10.05)

Andrés Izarra en el 2005: “La historia contemporánea de América Latina demuestra que la tarea de la SIP ha sido apoyar a las dictaduras disimulando el encarcelamiento y asesinato de periodistas, y atacar a los gobiernos que promueven la libertad y progreso de sus pueblos, acusándolos de “enemigos de la libertad de expresión”. (Voltairenet 15.3.05)

En un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para Comunicación e Información en el 2004 señala: “Cuando la SIP habla de "amenazas a la libertad de expresión", habla por boca de aquellos intereses empresariales que se sienten amenazados cada vez que, en algún país de América, un gremio de periodistas, una asociación de usuarios o un Gobierno, propone regulaciones democráticas al poder omnímodo que ejercen los propietarios de esos medios. Basta recordar sus posturas en el pasado, cada vez que en Venezuela se habló de la Ley de Ejercicio del Periodismo, o del proyecto de reforma constitucional que buscaba imponer el derecho a réplica. En ambos casos, la SIP tildó dichas iniciativas como "Ley Mordaza", exactamente como hace ahora. Se trata, pues, de los mismos argumentos, el mismo lenguaje engañoso, los mismos despropósitos en boca de los mismos actores. La SIP forma parte, hoy en día, de un conjunto de grupos de presión que, bajo la fachada mediática de promover las "libertades" en el mundo, esconde de manera cínica la defensa del interés corporativo de la prensa escrita privada, sus privilegios económicos, sus políticas editoriales, y hasta sus proyectos políticos e ideológicos”

APRECIACIONES

La actuación de la SIP en Venezuela reitera el rol de esta organización como garante de los intereses de los dueños de medios y la oposición política golpista y anti revolucionaria. En este sentido, desde el triunfo del proyecto político bolivariano en el 99, la SIP ha sido consecuente tanto par avalar acciones golpistas de la oposición como para tratar de boicotear las iniciativas políticas y comunicacionales emprendidas por el Ejecutivo Nacional, tales la Ley de Telecomunicaciones, Ley Resorte, y la no renovación de la concesión a RCTV.

La historia negra de la SIP, que incluye la participación activa en el derrocamiento de Salvador Allende (1973) y su silencio guardado durante el golpe de estado del 11 de abril 2002 , no le otorga autoridad moral para cuestionar la libertad de expresión en Venezuela ni en el continente, pues desde su fundación ha estado asociada a los valores anti capitalistas y anti sindicalistas. Por lo tanto la SIP no defiende ni defenderá los derechos de periodistas ni de los trabajadores de la comunicación , porque opera como una sucursal patronal de los grandes oligopolios de la información en el continente americano.


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