Guatemala: Paramilitares en la Post Guerra. Sigue la tragedia campesina

El tercer grupo de preguntas que se analiza es: ¿Cómo podría reconciliarse una población desgarrada si toda la estrategia en juego consistió en destruir los tejidos sociales, romper la solidaridad, fomentar la desconfianza e incrementar la paranoia de guerra? ¿De qué manera reconciliar una sociedad que sigue viendo, entre aterrorizada y atónica, cómo la impunidad campea soberbia por doquier? ¿Es posible construir la paz con tanta hambre, sobre tanta injusticia, con tanta violencia rampante?

Esta masa de ex patrulleros, luego de la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996, fue olvidada por sus mandos reales: el Ejército. Ninguno de ellos recibió compensación alguna por su trabajo paramilitar dado que, al menos supuestamente, eran voluntarios.

Años después de su formal desmovilización, la administración pasada -el Frente Republicano Guatemalteco, de quien es fundador y hombre fuerte el ex dictador general José Efraín Ríos Montt-, como parte de su estrategia de reelección, durante el año 2003 volvió a reflotarlos en tanto mecanismo social prometiéndoles compensaciones económicas a cambio de votos ('héroes de la patria' los llamó el ex presidente Alfonso Portillo). De hecho se les pagó un primer desembolso, quedando otros más a la espera del chantaje establecido: si el FRG ganaba las elecciones pasadas (ocurridas en diciembre), seguirían los pagos. Habiendo cambiado el partido gobernante -Ríos Montt fue apenas la tercera fuerza en la contienda electoral-, los compromisos asumidos en la anterior administración pasaron a una confusa situación legal. No siendo parte de las obligaciones fijadas en los Acuerdos de Paz, de todos modos pasaron a ser compromisos de Estado, si bien en forma irregular.

La nueva administración de Oscar Berger, llegada al gobierno en enero del 2004, no sabe -o no quiere, o no puede, o una mezcla de todo esto- resolver el legado. El debate social se ha abierto al respecto: los ex patrulleros ¿son víctimas?, ¿merecen resarcimiento?, ¿se les debe abrir juicio como violadores de derechos humanos?

Además, la situación planteada abre el debate no sólo sobre la pertinencia o no del pago: en caso que se resolviera hacerlo efectivo, la cuestión es de dónde obtener los recursos para hacerlo. Al respecto es claro que la actual administración no sabe dónde buscar esos fondos, y de lo que se trata es de ganar tiempo con respuestas dilatorias. 'El tema de los PAC es un fantasma que tenemos que superar', declaró recientemente el presidente Berger, evidenciando que esa problemática es parte de una abrasadora herencia recibida del gobierno anterior. En estos momentos se confía en la posibilidad de obtener recursos a partir del cobro de peaje por la circulación de vehículos en una autopista por construirse, que uniría la ciudad capital con El Rancho. De esa cuenta, con esos ingresos frescos -la autopista es de momento un proyecto que está sólo en fase de análisis-, si efectivamente a principios del 2005 se comienza su construcción, quizá en el transcurso del próximo año se podría contar con fondos adicionales. Siendo todo ello bastante incierto por ahora, lo que queda claro es que el problema de los patrulleros está lejos de solucionarse en lo inmediato. Por lo pronto, el cuerpo de patrulleros arrancó al Congreso de la República una ley que legitima su pago a través de medidas de presión -el día 3 de noviembre fue la última gran movilización que paralizó todo el país. De todos modos esa ley fue posteriormente recusada por organizaciones de la sociedad civil contrarias a esa indemnización, siendo denegada en tres oportunidades por la Corte de Constitucionalidad, por lo que la medida entró en un limbo legal que anuncia interminables vueltas. Por lo pronto, las organizaciones que nuclean a los ex paramilitares se han dado un compás de espera en sus medidas de reclamo; de hecho, hasta fines del 2004 no han cobrado ningún nuevo desembolso.

Más allá de la discusión que todo esto genera, si algo muestra la actual situación creada es que las injusticias siguen en Guatemala. Además de haberse destruido las redes mínimas de convivencia -eso buscaron las estrategias contrainsurgentes, regenteadas en definitiva por Washington-, la polarización insalvable que queda en la sociedad se refuerza una vez más con lo que está sucediendo. Ante las cantidades monumentales de víctimas que dejó la guerra (muertos, mutilados, huérfanos, viudas, gente que perdió sus escasas pertenencias, población con traumas psicológicos), la respuesta del Estado ante estas calamidades ha sido mínima, por no decir inexistente. Recién ahora, ochos años después de finalizado el conflicto, se está poniendo en marcha un Programa Nacional de Resarcimiento, manejado por la lideresa maya Rosalina Tuyuc -con fondos del presupuesto ordinario de la nación- que tiene previsto desembolsar 30 millones de quetzales (unos tres millones y medio de euros) para el año 2004, más 300 millones de quetzales (casi 35 millones de euros) cada año hasta el 2017 para totalizar así -en 13 años de intervención- 3.030 millones de quetzales (337 millones de euros), para atender una cantidad aún incierta de víctimas, pero que se estima será mucho mayor que la de patrulleros.

Por otro lado -siguen las injusticias- los ex patrulleros ya recibieron 1.000 millones de quetzales con el primer desembolso el año 2003, habiendo teniendo presupuestados (dinero que, obviamente, debería descontarse de otros servicios públicos) otros 1.380 millones para el año 2004 -dinero que no cobraron aún-, 1.200 millones para el 2005 y 1.200 millones para el 2006, con lo que totalizarían 4.880 millones en estos cuatro años. Dato importante: en el pago realizado se incluyeron muchos campesinos que ni siquiera habían nacido, o eran niños, durante la guerra. Definitivamente la balanza se sigue inclinando de forma injusta en Guatemala, y la tragedia campesina, la tragedia de los pueblos mayas no da miras de terminar en lo inmediato.

Entonces: ¿cómo reconciliarse entre grupos de población? La reconciliación -viendo y comparando otras experiencias incluso- es muy difícil, imposible quizá, si no hay justicia. Así todo, con justicia, es difícil reconciliar dos actores tan extremos, tan enfrentados como víctimas y victimarios. En definitiva: ¿por qué van a reconciliarse? Una cosa es la idea, externa al proceso por cierto, de decir: 'una sociedad no puede vivir eternamente en guerra, por tanto hay que reconciliarse'. Otra cosa muy distinta es la posibilidad real de que ello suceda. ¿Por qué un torturado, o una viuda, van a abrazarse con su verdugo? ¿Cómo, en nombre de qué? Lo que sí sucede es que la vida continúa, por fuerza, y las poblaciones generan mecanismos para seguir sobreviviendo, para compartir incluso espacios comunitarios entre víctimas y victimarios, aunque en lo profundo siga el odio y la desconfianza. Es posible la reconciliación en términos individuales, después de una pelea con la propia pareja, con un familiar, con un vecino; pero eso no funciona con similares categorías en términos sociales. Pasados más de 60 años los nazis siguen siendo odiados, por los judíos víctimas o descendientes de víctimas, y por los no judíos en tanto ejemplo de lo que nunca más se debe transitar: el odio racial, la idea de 'raza superior'. ¿Quién podría reconciliarse con esos asesinos engreídos y convencidos de su actuación? En todo caso, a muchos de ellos se los juzgó, y se los condenó. Homologando la pregunta: ¿por qué pedirle a una viuda campesina que vio cómo torturaban a su hijo o a su esposo y luego lo mataban a machetazos o prendiéndole fuego, que se reconcilie con el varón que luego se quedaría con su parcela y que actuaba como PAC en aquél entonces? ¿Cómo podría aceptarlo nuevamente como un igual, un amigo, un compañero de su comunidad?

En muchos de los países que, envueltos en la lógica de la Guerra Fría, en estas últimas décadas del siglo XX se vieron enfrascados en fratricidas conflictos internos, se vivieron procesos post guerra donde la reconciliación fue el centro de la vida social. Y todas las experiencias, sistemáticamente, han demostrado lo mismo: no puede haber paz si no hay justicia. ¿Por qué Guatemala habría de ser distinta?

En este sentido, se hace una ampliación resumida del problema de la reconciliación y la activación de los miembros de las ex PAC en Guatemala. Hay algunos puntos importantes a analizar sobre el impacto y los efectos psicosociales y culturales de la práctica de la violencia. Hay algunos elementos ausentes en el proceso de reconciliación y que contribuyeron conjuntamente con muchos otros que ya otros investigadores, ensayistas y periodistas han tratado, y que dieron al traste con dicho proceso. La reconciliación se ha mayormente negado o soslayado, o no se le ha puesto la debida atención, o se le ha olvidado intencionalmente. Este problema fundamental ha estado presente a lo largo de la mayor parte del proceso de construcción de la paz en Guatemala. Se cometieron varios errores de procedimiento, tratando de desarrollar dicho proceso tanto dentro de la cooperación nacional como internacional. Algunas de las lecciones aprendidas fueron discutidas por MINUGUA poco antes de su retiro a finales del año pasado.

La reconciliación no solamente tiene un aspecto formal, legal, social e institucional, sino que tiene aspectos éticos y simbólicos muy importantes en el imaginario colectivo, en el 'alma' de la sociedad en general. El asunto es que históricamente se le ha negado un espacio de desarrollo a la reconciliación de índole ética y simbólica como parte fundamental del post conflicto. Tres ejemplos importantes en tres momentos distintos del proceso de paz evidencian el complejo problema de la reconciliación: (1) La amnistía declarada por las partes más beligerantes en el conflicto armado (ejército y guerrilla) como primer paso para aceptar las negociaciones de paz, sin que hubiese hasta la fecha una disculpa pública que en forma oficial e institucional pidiese un perdón condicional (negociado y consensuado) directamente con las comunidades afectadas por sus acciones (no únicamente el perdón público presidencial estipulado por los acuerdos). (2) La lenta y débil transformación de las instituciones del Estado que han favorecido dentro de sus propias estructuras la impunidad y la falta de derechos humanos, ciudadanos e institucionales. (3) La baja y pobre implementación de los Acuerdos de Paz en materia de reconciliación entre otros temas fundamentales, con base a las recomendaciones de la CEH y los varios cronogramas que se han elaborado en cada reunión del Consejo Consultivo y los Países Amigos del proceso de paz en las últimas dos administraciones de gobierno para tratar de revivir el proceso. Estos tres ejemplos anteriores contribuyen como ilustración a la negación o limitación sustancial de un verdadero proceso de reconciliación transformativo con principios éticos y simbólicos. Por el contrario, contribuyen al crecimiento de la violencia como cultura dominante, generalizada y extendida entre la población. La cultura de la violencia ha quedado completamente validada y potencializada en su practica cotidiana, como ejercicio del poder individual y colectivo en contra de los demás.

La cultura de la violencia ha sido y es un proceso simbólico que ha mostrado entre distintas generaciones a la población guatemalteca que la injusticia y la inequidad del modelo de desarrollo existente, de momento ha vuelto a ganar. Que la guerra civil y las negociaciones de paz para tratar de recuperar el equilibrio y la compensación política, económica, social y cultural ha tenido resultados muy vagos y pobres, fueron aparentemente en vano, e incluso en sus objetivos generales ha fracasado hasta el momento. Es decir, a nivel de la psiquis colectiva la alienación y no solución favorable a los mecanismos de compensación política, económica, social y cultural arriba mencionados de los guatemaltecos ante la falta de justicia, equidad y derechos fundamentales, han impactado creando mayor desesperación por las condiciones de pobreza, mayor frustración y el resentimiento por el la falta de acceso a la oportunidad económica y a la movilidad social debidas al modelo de exclusión, discriminatorio y racista del Estado y la sociedad guatemalteca. También ha exponencializado la violencia psicológica y social entre la población con manifestaciones conflictivas como las de las generaciones jóvenes sin mayores posibilidades de un futuro (el caso de las maras, quienes en su mayoría forman parte de las capas ladino-indígenas más marginalizadas y violentadas por el modelo de exclusión al nivel de cascos urbanos en el país y principalmente la capital donde hay el mayor flujo migratorio permanente y flotante del país).

Entonces la interpretación simbólica y ética trasladada de lo psicológico a lo cultural se manifiestan en comportamientos patológicos agresivos y delictivos agudos. Se generaliza en la percepción y aceptación generalizada y cada vez más activa de 'la ley del más fuerte'. Esta se impone sobre la de convivencia pacífica en igualdad de derechos y responsabilidades; la lección aprendida una vez más después de este último ciclo de 36 años de violencia es: hay que hacer daño porque se ha sufrido daño y sigue sufriendo daño, y cuando se recibe daño hay que reaccionar igual, sino ello es signo de vulnerabilidad, de debilidad, de fragilidad. La sociedad y el Estado no van a proteger al individuo ciudadano que trate de respetar y salvaguardar el orden y la seguridad de la sociedad y el Estado, por el contrario seguirá siendo blanco de la violencia de los demás. Si se practica la violencia, se puede conseguir status social, económico, respeto, acceso al sistema y sobre todo poder. Lo más importante: se recupera, conserva y proyecta poder, fuerza, estatus, etc. Hay mayormente una sensación de empoderamiento individual, propio y hacia los demás, una sensación y percepción de tener dominio del destino y de la situación tanto en lo personal como en lo colectivo.

Para ponerlo en un enunciado simplista de tendencia dentro de la psicología crítica y los principios psicoanalíticos de tipo 'Adleriano y Jungiano', en donde se explica la cultura de la violencia generalizada por una reacción y combinación (sumatoria) de fuerzas o factores del medio ambiente a través de un proceso histórico violento, despótico, represivo, discriminativo y exclusionista, más la psiquis universal consciente-inconsciente impactada por los años de violencia, más el ethos cultural de la sociedad o población autoritario y represivo como reflejo de las otros dos elementos.

Si tratamos de ejemplificar ello tenemos que los ex PAC utilizan la fuerza y la presión político-social para tratar de persuadir al gobierno; quieren tener incidencia nacional y participación directa en las decisiones del Estado respecto a sus intereses de compensación económica o material con medidas de hecho y quieren romper el círculo de la exclusión con medidas violentas en su mayoría. Quieren apoderarse de una pequeña parte de la riqueza del Estado por la fuerza, un Estado depredador y no benefactor por naturaleza, que en el pasado los obligó represivamente a ser parte de la estrategia contrainsurgente en su mayoría (el Estado autoritario los reconoció como víctimas-victimarios de su práctica de violencia institucionalizada y sistematizada). Por mecanismos explícitos de coacción, confrontación y participación violenta, los ex PAC con estrategias autoritarias buscan disuadir y persuadir al resto de la sociedad y las instituciones del Estado. Algunas preguntas analíticas en este sentido son: ¿Querrán los ex PAC ejercer un poder de facto, con constantes medidas violentas de hecho, como lo han hecho muchos políticos partidistas, miembros de la oligarquía y del Ejército aprovechándose de las debilidades, fortalezas, ventajas y desventajas de las instituciones del Estado, y más recientemente el capital emergente con las redes del narcotráfico? ¿Será que los ex PAC buscan imitar la apropiación de la cosa pública por la fuerza aprovechando la coyuntura política por la que atraviesa el gobierno de turno en el cual su poder y control político y social son muy frágiles y cambiantes? ¿Estarán utilizando un mecanismo autoritario de compensación (social y económico) realineado una estrategia contrainsurgente a una de demanda y presión social grupal, contra los grupos tradicionales de poder a los que sostuvieron durante el conflicto armado? En la redefinición operativa de la estrategia de organización para la contrainsurgencia a una de demanda y presión social para la compensación económica, está implícito el tratar de controlar su destino y sus intereses de grupo en la fragmentación de clase y de sector en el post-conflicto. En ese sentido hay paralelismos con los otros grupos en usufructo del Estado, lo cual no justifica, claro está, sus demandas, por razones éticas e históricas. Entonces dentro de la lógica de la fuerza y la práctica del poder político en Guatemala (hablando en términos de la lógica de la práctica del poder real y la acción social para lograr objetivos sin importar los medios), sí se justifica como lógica de acción, en la forma de querer satisfacerlas dados los antecedentes socio-políticos y socio-culturales de la cultura de la violencia que se practica en el país. Lamentablemente para la historia del país y especialmente para el conflicto armado, se quiera o no reconocerlo, los ex-miembros de las PAC son victimarios y victimas; una dualidad muy difícil de separar y a la vez de aceptar, aunque no se le puede negar (la mayoría son campesinos o trabajadores del campo, indígenas o mestizos pobres, la mayoría marginados o rechazados de una u otra forma por el resto de la sociedad en su conjunto, principalmente la dominante). Es el resultado una vez más de ese problema estructural del modelo socioeconómico y sociopolítico no resuelto desde la formación del Estado despótico guatemalteco al cual encima le cayó el síndrome de la Guerra Fría y las horrendas tácticas contrainsurgentes genocidas importadas por las potencias hegemónicas mundiales en su momento. El país ha quedado desastrosamente polarizado, más polarizado de lo que ya históricamente estaba. En ese escenario las expectativas de desarrollo integral son muy escasas y limitadas.

La racionalidad y estrategia de la Guerra Fría, la global-corporativa se le unió a la racionalidad oligárquica nacional. Ambas han tenido y tienen históricamente valores, principios, metas y objetivos similares: hay que utilizar o sacrificar a cualquier sector socio-económico como medio para justificar el fin, y mantener el orden o cierto orden socio-económico (control y producción), hay que instrumentalizar estratégicamente la utilización y extracción de los recursos, la riqueza y la ganancia compulsivas, expoliadoras hacia afuera. Hay que enfrentar y dividir a los unos contra los otros. El proceso de extracción de riqueza debe continuar no importando el costo que sufran los recursos naturales ni el capital social.

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Vela, Manolo Relaciones cívico-militares en Centroamérica Guatemala, UNESCO/FLACSO, 2004



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Marcelo Colussi - Sergio de León

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