La defensa de los tripulantes del avión Boeing 747 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea venezolana Conviasa, exigió el retorno a sus respectivos países de los tripulantes, como parte de una audiencia judicial celebrada este viernes.
Destaca que en dicha audiencia no estuvieron presentes los fiscales que solicitaron a la justicia argentina iniciar dicha investigación de conjunto con el FBI, tras haber pedido por escrito el embargo de la nave y la prohibición de salida del territorio nacional de su tripulación, bajo presuntos cargos de actividades terroristas.
Contrario a la lógica en estos procesos que sostiene el intercambio cara a cara entre las partes y la argumentación de sus respectivos alegatos.
Se trata de un caso con tres causas pues un equipo se encarga de la defensa de los derechos de Emtrasur; otro de los derechos de la tripulación; y un tercero específicamente de los 14 miembros de esta cuya nacionalidad es venezolana.
La tripulación, retenida desde el pasado 8 de junio, se encuentra detenida en un hotel, y vía online dos de los tripulantes venezolanos expusieron las condiciones de su detención y las implicaciones de esta para ellos y sus respectivas familias.
En tanto la defensa soslayó la irregularidad del proceso ante la sala de apelaciones de la justicia argentina; contrario a los principios del derecho internacional, y a lo estipulado en la Constitución de esa nación suramericana.
Por lo que confían sus alegatos sean analizados y reciban una respuesta a su solicitud de liberar a la tripulación en un plazo de cinco días y luego de que no existe delito alguno, solo supuestos, respecto a los cargos que se le imputaron por el juez Federico Villena.
En días anteriores este acto de secuestro ha sido condenado por parte del ALBA-TCP, varias instituciones, personalidades de diversa índole y pueblo venezolano contra la política intervencionista de Estados Unidos de apropiarse del avión y su tripulación compuesta de 19 personas, entre pilotos venezolanos e iraníes.
Este secuestro de la aeronave de Emtrasur forma parte de la política intervencionista de la Casa Blanca contra la República Bolivariana, y se produjo con la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) de Estados Unidos (EE. UU.); en base a un tratado de asistencia jurídica mutua rubricado en 1991 entre Washington y Buenos Aires.
